El quiero y no puedo tiene consecuencias

Desde el 2008 hasta el día de hoy, años de crisis económica y emergencia habitacional cronificada, diversas comunidades autónomas han realizado verdaderos avances tanto en leyes antidesahucios (los casos de Catalunya y València), como en formas de movilizar vivienda para alquiler social (Euskadi, Andalucía, Catalunya, València y Baleares) como en el caso de la regulación de alquileres (sólo Catalunya). En muchos casos los movimientos sociales como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) han sido los motores de estos cambios.

Estas propuestas han conseguido avanzar por la inacción del Gobierno y el vacío legal estatal para proteger el derecho a la vivienda. Cabe recordar que las comunidades autónomas tienen competencia propia en materia de vivienda.

La semana pasada conocíamos la noticia que el Gobierno "más progresista de la historia" iba a recurrir la Ley catalana de contención de rentas  que regula el precio del alquiler. Una Ley que se impulsó desde la ciudadanía organizada y que se consiguió aprobar en el Parlament de Catalunya en septiembre de 2020.

Durante 5 días intensos el movimiento por la vivienda en Catalunya y entidades diversas se han movilizado junto al Sindicato de Inquilinas, impulsora de la medida, para exigir que la norma no fuera recurrida. Gracias a esas movilizaciones se ha conseguido salvar, de momento, la medida. El Gobierno sigue adelante con el recurso, pero de momento no la suspende, así que sigue totalmente vigente.

En todo este pulso entre las organizaciones que luchan por tener una vivienda digna y los lobbies económicos que buscan el máximo beneficio «peti qui peti» el lunes conocíamos la trágica noticia que un vecino de Sants, un barrio de Barcelona, se quitaba la vida cuando la comitiva judicial tocaba a su puerta para desahuciarlo. Mucho se ha escrito y dicho sobre el caso, sobre quién tiene la culpa, si faltaba un documento, etc... pero la realidad es que una persona que por motivos económicos no pudo continuar pagando su alquiler, en un momento de soledad y desesperación, decidió quitarse la vida.

Por desgracia no es un caso aislado y es que esa muerte, como otras, se podrían haber evitado. Movimientos sociales como la PAH llevan tiempo exigiendo una moratoria real de todos los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional, tal como marcan las directivas europeas. Para poner más luz, aún teniendo la moratoria, en el primer trimestre del 2021 se han desahuciado a 174 familias cada día en España. Queda claro que las medidas tomadas por parte del Gobierno son claramente insuficientes y se necesita más protección para las más vulnerables.

Y permítanme explayarme en dos ideas. La primera sobre los órganos judiciales. En un contexto extraordinario de pandemia, de crisis de emergencia habitacional cronificada, no podemos permitirnos no interpretar las normas de las que nos hemos dotado de la manera más garantista posible para la parte más vulnerable: la persona desahuciada. No hacerlo comporta muertes. Y la segunda interpela al Gobierno. Su «quiero y no puedo» ha llegado a su fin, no se puede aceptar quedarse quietos y doblegados a los intereses de los lobbies financieros  a nivel estatal y a la vez bloquear cualquier avance a nivel de comunidades autónomas, precisamente para contentar estos intereses. Los recursos al Tribunal Constitucional no son un tema competencial, sino una de las maneras de evitar que nada cambie, a la vez que se marcan las "líneas rojas" (de parte de los lobbies y a través del PSOE) para la ley estatal.

Por eso, el miércoles 16 de Junio las organizaciones que conforman la Iniciativa por una Ley que garantice el derecho a la vivienda, liderada por la PAH, tomaron las riendas del futuro de miles de familias y anunciaron a las puertas del Congreso de los Diputados que están elaborando una Ley que garantice el derecho a la vivienda a nivel estatal, porque el Gobierno que se comprometió a hacerla ha incumplido sus promesas y además no está integrando las demandas de mínimos de los movimientos sociales.  A partir de agosto, con el fin de la moratoria, prevemos un tsunami de desahucios y debemos actuar.

La vivienda es la prueba de algodón de este Gobierno y acabar con los desahucios debe de ser el objetivo.