Un Gobierno que combate la precariedad laboral

El Gobierno de Pedro Sánchez trabaja a destajo desde el primer día por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, frente a un PP que durante la anterior crisis optó por proteger a los bancos y dejar tirados a millones de trabajadores.

Durante la pandemia el 30% de la población activa española ha estado protegida, por encima de la media europea, que ha sido el 25%. Este Gobierno progresista ha movilizado durante este tiempo 140.000 millones para autónomos y pymes, ha destinado 5.500 millones en el paro de los autónomos y 40.000 millones en ERTEs, de los cuáles más de 14.000 millones han sido para protección a los trabajadores.

En la anterior crisis, ¿cuánto dinero destinó el PP a los autónomos? Cero euros. En la anterior crisis, ¿cuánto dinero destinó el PP a ERTEs? 0 euros. Esta crisis hubiese sido mucho más dura para los trabajadores con Casado en el Gobierno.

De hecho, el PP aprovechó la anterior crisis para aprobar una reforma laboral que machacó a trabajadores recortando sus derechos y sus salarios; y disminuyendo la protección por desempleo y las cuantía de las ayudas.

Pero además M. Rajoy recortó las inspecciones laborales, lo que permitió que algunos empresarios aprovecharan la situación para explotar laboralmente a sus trabajadores, se dispararon las horas extraordinarias que no se pagaban y también los accidentes laborales. Es bueno recordar que entre 2012 y 2017 hubo un descenso de 71.000 inspecciones, lo que representa una reducción del 13%.

Estas cifras contrastan con el importante incremento de las inspecciones laborales que ha llevado a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez, primero con la ministra de Trabajo Magdalena Valerio y ahora con la Vicepresidenta Segunda, Yolanda Díaz. Se ha aumentado un 43% las inspecciones, lo que está permitiendo combatir de forma notable la precariedad laboral.

Acabamos de saber que en 2021 en 2 meses se han detectado casi 90.000 contratos irregulares. De esta forma el Plan de choque contra el fraude en la contratación temporal ha permitido convertir 90.000 contratos eventuales en fijos. Una cifra que se suma a los 61.445 detectados y convertidos en 2018 y a los 59.129 de 2019.

Además el aumento de inspecciones de trabajo ha permitido que en los últimos 3 años afloren 50.000 autónomos de las plataformas colaborativas como Glovo o Deliveroo, permitiendo regularizar 11 veces más falsos autónomos que en el mismo periodo con Rajoy. Y de paso se han obtenido casi 300 millones más de para la Seguridad Social desde 2018.

Otro ejemplo lo constituyen las empleadas domésticas, otra prioridad de este Gobierno. Hace unos meses la Inspección de Trabajo realizó una campaña contra quienes no pagan el salario mínimo a las empleadas de hogar. Se enviaron 45.000 cartas a presuntos incumplidores. Ello ha permitido regularizar la situación de 30.000 empleadas del hogar. Lo que ha supuesto un incremento de 6,5 millones de euros al mes en salarios y de 5,5 millones en bases de cotización.

En cuanto a los ERTE la inspección ha realizado 36.565 actuaciones para controlar supuestos de fraude, de hecho ha habido empresarios desalmados que mientras cobraban las ayudas, seguían trabajado. Se han detectado 4.588 infracciones por parte de empresas en los ERTE desde el inicio de la pandemia y ha impuesto sanciones por un total de 22 millones de euros.

Este Gobierno siempre ha dado una enorme importancia a la lucha contra aquellas conductas fraudulentas que vulneran no solo los derechos de los trabajadores, sino el sistema de Seguridad Social en general.

Nadie ha protegido más a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país que el Gobierno de Pedro Sánchez en un momento tan complicado. Nadie ha defendido más los derechos básicos de los trabajadores: salarios, jornadas, descansos, contratación, seguridad y salud laboral. Nadie ha combatido más la precariedad laboral y nadie tampoco ha combatido más el fraude para evitar que se pierda dinero público, dinero que sale del bolsillo de los ciudadanos.