Lo negaron pero está aquí: la discriminación en QR

Las vacunas se han convertido en el mejor remedio contra la pandemia. Dicen los expertos que no vacunarse no plantea la duda sobre si se producirá o no el contagio, sino sobre cuándo, porque éste es seguro. A pesar de ello, la vacunación es voluntaria y, como tal, hay un porcentaje de población que opta por no vacunarse, unos por ser antivacunas, otros negacionistas y otros por desear vacunarse pero estar muy preocupados por la incertidumbre -que nadie puede resolver- sobre los efectos secundarios de la vacuna a largo plazo. Todas ellas, así como quienes por edad aún no han podido optar a sus dosis se verán a partir de ahora discriminados en el acceso a ciertos servicios.

En España no había comenzado siquiera la vacunación y algunos ya advertíamos del riesgo que podría suponer como factor discriminador. A nivel mundial es más que evidente, porque los países en vías de desarrollo no están teniendo acceso a la vacunación, con los perjucios que ello conlleva; pero a nivel nacional también. El hecho de que antes siquiera de que Araceli se convirtiera en la primera persona española vacunada, el Gobierno ya advirtiera que quienes fueran citados para cumplir con la inmunización y se negaran a ello pasarían a confeccionar un listado, despertó muchas dudas. Entonces, algunos ya advertimos de la peligrosa deriva que ello podría provocar.

Pasaron los meses y apareció la figura del pasaporte COVID, de nuevo, como elemento que impedía la libertad de movimientos para quienes no estuvieran vacunados. Trató de negarse tal afirmación, dando la opción de las PCR negativas, pero considerando que España es de los países con los precios de estas pruebas más elevado de Europa, con entre 75 y 150 euros en un laboratorio privado, parece que es algo que no está al alcance de cualquiera. ONGs como Access Now alertaron sobre los riesgos de discriminación en el acceso a servicios.

En aquella columna del mes de abril, advertí de cómo el uso del rebautizado como 'certificado digital COVID' se extendería más allá de los viajes. A pesar de que ya se hacía en países como Dinamarca o Israel, nuestro gobierno rechazó la posibilidad de que sucediera aquí. Sin embargo, en las últimas semanas se ha sumado a esta tendencia Francia y ayer mismo lo anunció Italia. En España, Galicia ha sido la primera en abrir la puerta a que nadie puede acceder a un bar o un restaurante si no tiene la pauta de vacunación completa o presenta una PCR negativa.

La medida que promueve la Xunta restringe el acceso al 34% de su población, que aún no disfruta de la pauta completa, algo que tardará en rebajarse toda vez que el gobierno de Alberto Núñez Feijóo (PP) ya ha avanzado que retrasa la administración de la segunda dosis. A este porcentaje de población hay que sumar todas aquellas personas desplazadas de otras Comunidades Autónomas.

Pagar entre 75 y 150 euros cada vez que se acude a un restaurante si no se tienen las dos dosis de vacuna, sencillamente, es imposible. Incluso en el caso de los adultos que sí tengan esa doble pauta, si viajan en familia y entre sus miembros hay hijos más jóvenes, se acabó lo de cenar fuera.

¿Tan importante es acudir a los bares o restaurantes?, se preguntarán algunas personas. Y, en realidad, esa no es la cuestión, porque más allá del perjuicio que supone a uno de nuestros motores económicos como es la hostelería, lo que inquieta son que a este tipo de anuncios de aumento de las restricciones nunca le acompañen, por ejemplo, un refuerzo de las plantillas sanitarias, de los rastreadores, etc.

Lo que inquieta es que, a pesar de que no fuimos pocos los que advertimos que esto sucedería -y no porque seamos más listos, sino porque se percibe la pauta de comportamiento- se nos negó, se nos tachó de alarmistas... Pero ya está aquí, en nombre de la sanidad pública, incluso quienes se cuidan, quienes se autolimitan, quienes están deseando contar con la doble pauta, ven ahora restringidos sus derechos. Discriminación en código QR. Y lo escribe alguien que, con sus recelos, ya se encuentra inmunizado, Pfizer mediante.

Como sucede con la seguridad nacional, el subterfugio del interés general para limitar derechos a millones de personas siempre es delicado... sobre todo cuando se aseguró que no sería necesario... sobre todo cuando no se adoptan otras medidas paliativas que, quizás, harían innecesarias estas restricciones que, no sólo discriminan ahora, sino que traen consigo el riesgo de extenderse a otros ámbitos y, de manera sibilina, incrementar la exclusión. ¿Nos tacharán de nuevo de alarmistas?