J'accuse!: el lamentable papel de las instituciones vascas durante la huelga en Tubacex

Manifestación contra el ERE en Tubacex.

Una imaginaria vocación de servicio público es la razón más esgrimida para dedicarse al mundo de la política. Sin querer desmerecer injustamente a todas las personas que se dedican a ella, en excesivas ocasiones los mismos representantes que en época electoral piden el voto con propaganda insufrible acerca de su honestidad, de su integridad sin tacha, de su preparación y su casi altruista dedicación, son quienes pervierten sus acomodados puestos de responsabilidad trabajando en provecho propio. En el caso concreto de Tubacex y el Partido Nacionalista Vasco, labrándose un futuro aún más cómodo en el sillón del Consejo de Administración, que supone ingresos de más de ciento veinticinco mil euros anuales por media docena de reuniones al año. Remuneración, por cierto, que no incluye otros dividendos, dietas o retribuciones en forma de acciones, y que se ha visto incrementada tanto el año pasado, en plena pandemia, como en este, inmersos en una huelga devastadora.

Sin embargo, en estos últimos tiempos se ha podido observar un cambio de actitud desde Ajuria Enea tras las dos demoledoras sentencias en sendas salas de lo social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. En los primeros días del conflicto el lehendakari ejercía de portavoz oficioso de la empresa, recitando los panfletos, ya demostrados manipulados en sede judicial, con que la actual dirección de Tubacex pretendía justificar los ciento cincuenta despidos. Actualmente la lehendakaritza ha impuesto una ley del silencio respecto a Tubacex, seguramente porque no desea manchar nuevamente su imagen apareciendo como adalid de un Expediente de Regulación de Empleo declarado ilegal, pero al mismo tiempo sin querer morder la mano que da de comer a su partido político y que sentó en el Consejo de Administración a su predecesor José Antonio Ardanza.

Por su parte, el vicelehendakari y consejero de seguridad, el señor Erkoreka, es cierto que poco ha dicho de Tubacex, pero ha dejado que los hechos hablen por sí solos. Resulta notorio que la desproporcionada violencia con la que su cuerpo parapolicial ha pretendido coartar unas movilizaciones pacíficas también ha bajado un escalón. De las agresiones, los pelotazos, los balazos de foam y los porrazos indiscriminados se ha pasado a un escenario de calma tensa y artificial, en la que pelotones armados hasta los dientes de la Ertzaintza continúan provocando, identificando, multando, empujando, insultando y acosando a los trabajadores en lo que no es sino represión autoritaria de baja intensidad.

La Consejería de Industria es ocupada por Arantxa Tapia, amiga personal de varios integrantes de la alta dirección de Tubacex, y sustituta en el despacho de la actual miembra del Consejo de Administración, Nuria López de Gereñu. De nuevo se puede apreciar un llamativo golpe de timón en sus declaraciones, toda vez que hace meses responsabilizaba a la plantilla de la situación y veía un negro porvenir a la empresa, pero tras el fallo de los tribunales asegura que la empresa tiene un futuro excelente. Resulta tranquilizador para todos que una empresa premiada con notables subvenciones públicas mantenga prometedoras perspectivas, pero no se entiende que desde su Consejería se sigan dando balones de oxígeno a unos gestores que no enmiendan una estrategia tramposa e insisten en precarizar a los trabajadores y trabajadoras, alargando así de forma innecesaria la huelga.

El resto de los miembros del Gobierno Vasco de los que, a tenor de sus funciones, cabría esperar algún tipo de declaración o posicionamiento, ni están ni se les espera. Bingen Zupiria, portavoz del Gobierno, se ha limitado a poner en entredicho las decisiones judiciales. Pedro Aspiazu, consejero de Economía y Hacienda, nada opina sobre una decisión que empobrece a los mismos trabajadores y trabajadoras que pagan impuestos y sostienen el tan celebrado estado del bienestar. Beatriz Artolazabal, titular de la Consejería de Justicia, sorprende al no tener tampoco nada que decir ante la renuencia de la empresa a acatar durante semanas las sentencias judiciales. Y cómo no mencionar a Idoia Mendía, consejera de Empleo, cuyo silencio podría ser tildado con adjetivos maliciosos, al permanecer impasible frente a la destrucción de centenares de puestos de trabajo en Aiaraldea y miles en todo Euskal Herria.

Es imposible concluir este breve repaso sin aludir a las instituciones locales, también en manos de los jeltzales. La Diputación Foral, cuya implicación brilla por su ausencia, y los alcaldes de Aiaraldea, los mismos quienes sostenían haber visto venir el ERE y sus despidos, ahora tras las sentencias que dejan en evidencia que la información fue manipulada y tergiversada por la Dirección para justificar el ERE, ahora que las votaciones por sección sindicales han refrendado el mantenimiento de la huelga indefinida, ahora han acudido a los piquetes, por segunda vez en seis meses. Todos estos ediles, rehenes de la mal entendida disciplina de partido, exigen en voz baja y casi sin testigos el cumplimiento de las sentencias, pero sin interpelar concretamente a nadie porque son precisamente sus compañeros y jerarcas del Partido Nacionalista Vasco los responsables de forzar una solución.

La última pero seguro que no definitiva ocurrencia de la empresa es anunciar la presentación de un nuevo ERTE, a cuenta del erario público y la cobertura de desempleo de la plantilla. Al parecer, la táctica de demorar durante semanas la negociación con la plantilla confiando en el desgaste también incluía la dudosa maniobra de no llenar la cartera de pedidos en un momento en el que el sector siderúrgico habla de recuperación sin precedentes y las empresas de la competencia lucen una cartera de proyectos repleta. No puede ser problema de sus trabajadoras y trabajadores, ni de la ciudadanía en su conjunto, cuyos impuestos no pueden convertirse en el seguro ante las huelgas de las empresas, minimizando las consecuencias de la gestión negligente de las mismas. Si un partido político defendiera que las personas en huelga pudieran percibir su prestación por desempleo durante las movilizaciones, las asociaciones empresariales tocarían a rebato y desplegarían toda su artillería mediática y política para tumbar semejante medida.

El papel de las instituciones vascas en una huelga que se está demostrando histórica para Euskal Herria, desde luego, no puede ser nunca paliar sus consecuencias para ninguna de las partes, sino mantener una exquisita imparcialidad en todo momento. Pero en este conflicto no cabe ya el silencio, máxime cuando ya hay resoluciones de los tribunales que siguen sin cumplirse. Llegados a este punto, la imparcialidad tiene que entenderse como hacer respetar las decisiones judiciales y colocarse del lado de quienes se ha dictaminado que tienen razón en su lucha, las trabajadoras y trabajadores de Tubacex. Las llamadas a la negociación, a la desconvocatoria de la huelga y a las cesiones mutuas entre ambas partes carecen ya de sentido en este contexto. El poder Ejecutivo debe ser el garante de las resoluciones de la justicia, en aras de la estabilidad y la democracia, o ser acusado, y con razón, de ser cómplice necesario de los desmanes de una patronal que pretende masacrar a toda costa a la clase obrera.