Fracaso histórico y colectivo con el derecho a la vivienda

El pasado verano, un trabajo realizado por el catedrático emérito de la UAB , Josep Oliver, revelaba que España se encuentra a la cola de los países de la OCDE en materia de vivienda social en alquiler. Según el estudio realizado, nuestro país contaba con unos 290.000 inmuebles de este tipo, es decir, apenas el 1,1% del total, frente a países como Holanda, donde esta cifra escala hasta el 38%, Reino Unido con el 17,4% o Francia con el 14%. El suspenso histórico de las Administraciones, ya sea a nivel central, autonómico o local, es de tal magnitud que debería avergonzar a todos cuantos han pasado por ellas.

El fracaso es tan clamoroso como colectivo y, en un momento como el actual, en el que más de 11 millones de personas en España están afectados por algún indicador de exclusión en la vivienda (casi el 24% de la población), resulta estremecedor. Si nos ceñimos únicamente a la población en situación de pobreza severa, el porcentaje se eleva hasta el 60%, algo que como podrán imaginarse la pandemia no ha contribuido a mejorar.

Nuestros gobernantes en La Moncloa, en las Comunidades Autónomas y en los Ayuntamientos nos han abandonado durante décadas. Hagan repaso histórico en cada una de estas instituciones en su ámbito regional e identificarán a quiénes han sido determinantes en que España lidere la crisis habitacional de la OCDE.

A pesar de la situación descrita, asistimos perplejos a cómo a día de hoy se está construyendo menos vivienda protegida que en la década de los 50, promoviéndose en 2019 algo más de 6.600 viviendas, a pesar de que el número de personas inscritas en los registros de Solicitantes de Vivienda Protegida de las Comunidades Autónomas se situaba en 2018 en 400.000. Según los datos que maneja EAPN (European Anti Poverty Network , Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social), el desplome en vivienda protegida en diez años ha sido del 90%.

La misma EAPN, que junto con los colectivos sociales que agrupa acaba de arrancar una campaña con el hashtag #EmergenciaVivienda, indica que mientras que en Europa el parque de vivienda social se sitúa en el 9,3% de las viviendas principales, en España ni siquiera alcanza el 1% (0,96%).

Diga lo que diga nuestra clase política de cualquier estamento, las políticas sociales en materia de vivienda llevan décadas abandonadas. Los datos son totuzos, incontestables: desde 2008, la inversión de los Presupuestos Generales del Estado dedicado a política de vivienda ha disminuido un 69%. Lo mínimo que podrían hacer es admitir que nos han fallado, rindiéndose a la especulación, a los mercados, a los fondos de inversión y las promotoras, algunas de las cuales quebraron, dejando a millones de personas y ayuntamientos en la estacada con urbanizaciones enteras sin acabar o recepcionar.

Del mismo modo que resulta sencillo identificar a los grandes responsables del fracaso en las políticas de vivienda social, también es muy fácil determinar quiénes tienen la llave de la solución. La campaña nacional #EmergenciaVivienda pone el acento en esta cuestión, reclamando urgentemente la ampliación de la oferta de vivienda pública de calidad en alquiler asequible y social al nivel medio europeo.

De manera paralela y en estrecha colaboración con el Tercer Sector de Acción Social, es imprescindible tomar las medidas oportunas, de manera preventiva, para evitar la pérdida de la vivienda y erradicar situaciones de sinhogarismo. El derecho humano a la vivienda digna, adecuada y accesible no se va a conseguir de la noche a la mañana; es una carrera de fondo en la que, siendo honestos, nuestra clase política arrastra los pies, si es que podemos decir que haya echado a andar.

Por último y en apoyo a esta iniciativa de EAPN, no puedo dejar de centrar mi atención en un punto para clave desde mi punto de vista: el impulso necesario que se ha de dar a la vivienda social mientras se emprende una política integral para reducir la exclusión que avanza a pasos agigantados en España, no ha de caer en crear nuevos guetos, como ya sucediera antaño. En nuestro país ya contamos con demasiados ejemplos de colonias de VPO creadas, mantenidas y perpetuadas por las Administraciones Públicas para apartar y excluir a quienes molestan, a quienes no atraen inversión, a quienes estorban ese modelo de ciudad exclusivo, cada vez más orientado a los que están de paso que a quienes la habitan. Acabemos también con eso de una vez por todas.