A cinco años del Acuerdo de Paz en Colombia

El presidente de Colombia, Iván Duque. / Ricardo Maldonado (EFE)

Cinco años después de la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia (FARC), la implementación se encuentra retrasada o bloqueada, con la excepción de la justicia transicional y la lenta reincorporación de exguerrilleros.

Los cinco puntos del Acuerdo firmado en La Habana el 26 de septiembre de 2016 se ocuparon de cuestiones claves para un país afectado por más de medio siglo de conflictos armados. Las FARC era la organización no estatal más poderosa.

Los firmantes de este Acuerdo, aplaudido internacionalmente por sus características, centraron su atención en el desarme de las FARC y su reintegración social y política, la reforma rural, la producción y tráfico de drogas ilícitas, la participación en política sin represalias violentas, y la creación de un sistema judicial y de penas alternativos para graves violaciones de los derechos humanos durante la guerra.

Sin embargo, el gobierno del presidente Iván Duque, su partido del Centro Democrático y el expresidente Álvaro Uribe le han puesto obstáculos jurídicos, políticos y propagandísticos. En octubre de 2016 el gobierno Santos convocó y perdió un plebiscito sobre el Acuerdo.

La derecha y Duque consideran que ganaron las elecciones de 2017 con el mandato de acabar con el Acuerdo. Desde entonces han intentado que la amplitud de este quede restringida a la reincorporación de los 13.000 exmiembros de las FARC (de los cuales 10.000 eran combatientes).

La principal objeción es que los jefes de las FARC pueden hacer política libremente y que los condenados por violaciones de derechos humanos no irán a la cárcel, sino que tendrán restricciones de movimiento.  La derecha quiere, además, que los militares tengan una sala judicial diferente de la guerrilla para ser juzgados.

La violencia y la justicia

La lentitud y en varios casos la falta de implementación del Acuerdo han provocado el resurgimiento de nuevas formas de violencia, especialmente contra líderes sociales, y la proliferación de grupos del crimen organizado, paramilitares, guerrillas políticas y disidencias de las FARC, y las luchas entre ellos por el control de territorios en los que operaba esta guerrilla.

Pese a las trabas puestas desde el Estado, el punto del Acuerdo orientado a que se haga justicia con las víctimas de la guerra ha tenido avances importantes, con exguerrilleros y militares accediendo a presentarse ante el tribunal denominado Justicia Especial para la Paz (JEP). La Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas complementan este sistema de justicia transicional.

Un resultado importante del Acuerdo es la reducción sustancial del número de víctimas respecto de décadas anteriores. Sin embargo, ha aumentado la violencia selectiva contra activistas, líderes sociales y exmiembros de las FARC.

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), desde que se firmó el Acuerdo hasta la semana pasada fueron asesinados 1.231 líderes y defensores de derechos humanos.

Por su parte, la Misión de Verificación de la ONU ha reportado que hasta junio pasado habían sido asesinados 286 antiguos miembros de las FARC, se habían cometido 67 atentados contra ellos y 21 habían desaparecido. La Misión indicó que “excombatientes que participan en actividades de reincorporación siguen enfrentando riesgos, especialmente en áreas caracterizadas por la escasa presencia del Estado y la presencia de actores armados ilegales”.

Las FARC

Las negociaciones en La Habana se llevaron a cabo entre 2012 y 2016. Previamente, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos usó diversos canales para establecer contactos con las FARC.

Esta organización fue creada a finales de los años 1950 por miembros del Partido Comunista inspirados en la revolución cubana. Su estrategia era liderar al campesinado, sometido a graves injusticias y explotaciones, como vanguardia de una insurrección popular.

Durante 60 años las FARC se hicieron fuertes en zonas donde el Estado colombiano no estaba presente, creando formas de gobierno y organización social de sectores campesinos a los que cooptaba, muchas veces por la fuerza, a la vez que les protegía.

Esto permitió a las FARC competir con el Estado por áreas del país. Se calcula que todavía en alrededor del 40% de la geografía nacional el Estado no está presente, o su presencia es muy débil.

Desde la década de 1970, las FARC establecieron alianzas con las poderosas organizaciones del narcotráfico, alineando a los campesinos para el cultivo de coca y cobrándoles impuestos a los narcos por el tráfico.

Este grupo armado, al igual que otros como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), perdieron en gran parte sus objetivos de cambio social a la vez que practicaron graves violaciones de derechos humanos.

Hacia la negociación

Diversos gobiernos colombianos respondieron a las guerrillas con diferentes estrategias, generalmente fallidas. Por su parte, actores del sector rural alentaron la creación de violentos grupos paramilitares para combatirlas.

El paramilitarismo, conectado en muchos casos con el narcotráfico, con miembros del Congreso y de gobiernos (formando la denominada parapolítica) y con oficiales de las fuerzas armadas formaron alianzas.

El cruce de masivas ganancias por la producción y tráfico de droga con corrupción y violencia destruyó en gran medida la cohesión social, corroyendo las débiles instituciones democráticas. Parte de la población civil quedó atrapada entre las guerrillas, los militares y los paramilitares.

La guerra en Colombia fue una superposición de múltiples conflictos. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1958 y 2018 hubo 261.219 víctimas mortales. Desaparecieron más de 40.000 personas, alrededor de 26.000 sufrieron agresión sexual y 7 millones sufrieron desplazamientos.

En el marco de su “guerra contra la droga” entre 2001 y 2016, Estados Unidos proveyó 10.000 millones de dólares en ayuda militar (armas, tecnología, inteligencia y formación). El Plan Colombia permitió a las fuerzas armadas asestar duros golpes a las FARC y matar a algunos de sus líderes, algo que nunca se había logrado.

Afectados por la ofensiva militar y alentados por los gobiernos de Cuba y Venezuela para que abandonaran la lucha armada, las FARC aceptaron negociar en 2012.

Por su lado, el presidente Santos y parte de su equipo concluyeron que, aunque esta organización no pudiese tomar el poder, derrotarla militarmente llevaría años y un alto coste en vidas.

Terminar la guerra con las FARC sería, además, el primer paso para convertir a Colombia en un país en el que las relaciones sociales, económicas y políticas se desarrollaran sin violencia.

El Acuerdo

El Acuerdo de La Habana consta de tiene cinco puntos que se deben implementar en 15 años.

1. La reforma rural que se centrará en promover paz a través de Proyectos de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs). Así también, se promocionarán cultivos alternativos a la droga con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).
2. La participación política de los exguerrilleros sin sufrir violencia ni coacciones.
3. La lucha contra el narcotráfico, con políticas de cultivos alternativos y provisión de infraestructura, bienes públicos y acceso a mercados para los campesinos que no tienen otra opción que cultivar coca.
4. Instauración de un sistema de justicia integral para reivindicar los “derechos de las víctimas” basado en los principios de verdad, reparación y no repetición, aprendiendo de previos procesos de paz con justicia transicional que contempla mecanismos judiciales y extrajudiciales.
5. Se creó la Justicia Especial para la Paz (JEP) basada en la asunción de responsabilidades en violaciones de derechos humanos y crímenes contra la humanidad.
6. Una serie de medidas sobre desarme de las FARC, garantías de seguridad para los excombatientes, y observadores internacionales.

El Acuerdo también considera el papel que cumplió la mujer durante el conflicto; el impacto que sufrieron las comunidades indígenas, afrocolombianas y Roma; y una ley de amnistía e indultos.

Las dos caras del gobierno

Ante la comunidad internacional que apoya financieramente al Acuerdo, el gobierno de Duque se presenta respetuoso del mismo. Sin embargo, el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame indica que sólo se ha cumplido un 29%. Al ritmo que se avanza se tardaría 35 años en completarlo.

Particularmente grave es que el gobierno no ha iniciado la reforma del sector rural, cuestión clave que ha generado la mayor parte de los conflictos violentos en Colombia.

Según el detallado informe de seguimiento de la implementación del Acuerdo publicado en febrero pasado por una comisión de Representantes y Senadores independientes y de oposición en el Congreso, “el punto más atrasado es el de la Reforma Rural Integral”; “los proyectos en zonas PDET (en las zonas más afectadas por el conflicto armado) tienen menos financiación que en otras del país, y cuentan con menos obras de infraestructura”; y “el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) avanza de forma lenta: solo el 5,3% de las familias vinculadas cuenta con proyecto productivo”.

Además, hasta el momento, se ha indemnizado administrativamente al 15,1% de la población identificada como víctima del conflicto. “A este paso —dice el informe—, demoraremos 57,7 años en indemnizar a todas las víctimas”.

Respecto del narcotráfico, Duque insiste en que es necesario volver a la fumigación química de los campos de coca, una medida que fue prohibida por la Corte Suprema y que previamente no ha tenido éxito, además de ser peligrosa para los seres vivos y el medioambiente, ni en Colombia ni en Afganistán.

La semana pasada la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense aprobó que no se provea ayuda al gobierno colombiano para la fumigación.

El gobierno actual alega que su predecesor firmó un acuerdo con 100.000 familias para erradicar voluntariamente, pero que no dejó ningún plan sobre cómo continuar. Pero Duque no ha hecho más compromisos ni desarrollado un plan alternativo.

Según el International Crisis Group (ICG), “la inseguridad en el campo colombiano ha empeorado constantemente en los últimos años como resultado de la competencia entre grupos armados, y entre estos y los militares. Más erradicación, y potencialmente la fumigación aérea, podrían intensificar la violencia al empujar a los agricultores a las garras de los grupos armados, sin lograr detener la replantación de coca”.

En 2022 habrá elecciones presidenciales. Si el Centro Democrático consigue un candidato que las gane, el Acuerdo puede pasar, como quieren Uribe y la derecha colombiana, a la historia. Si triunfa el candidato de izquierdas Gustavo Petro o uno de centro, entonces seguirá en pie, pero con una dura oposición.