Sánchez contra todos

Pedro Sánchez compareció ayer en el Congreso reclamando unidad, y unidad es lo que ha obtenido al conseguir enfrentarse a absolutamente todo el arco parlamentario -con excepción del PSOE, en la cuestión del Sáhara Occidental. Mintió el presidente al indicar que el gobierno no desatiende ni abandona al pueblo saharaui, pues con su apoyo a Marruecos lo entrega al agresor. Coincidiendo con la comparecencia de Sánchez, esta semana se ha publicado el informe anual de Amnistía Internacional sobre la situación de los Derechos Humanos en el mundo en 2021, que revela al régimen de Mohamed VI como un enemigo de la libertad para los propios marroquíes.

"Defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas, usuarios y usuarias de las redes sociales, intelectuales y activistas siguieron sufriendo la represión del ejercicio legítimo de su libertad de expresión". De este modo tan ilustrativo comienza a describir Amnistía Internacional la vulneración de derechos civiles que sufre la población en territorio marroquí.

Si, además, revisamos la situación que se vive en el Sáhara Occidental, el informe no puede ser más demoledor, describiendo a Marruecos como un país incompatible con la libertad dentro de sus propias fronteras. "Durante todo el año, las autoridades marroquíes siguieron violando los derechos de activistas independentistas saharauis mediante malos tratos, detenciones y hostigamiento", indica el informe.

La situación en el invadido Sáhara Occidental es dramática, a pesar de que el reino alauita lo asume como propio y la población saharaui que allí malvive no supone amenaza alguna. Aun así, es discriminada y sus DDHH sistemáticamente vulnerados. Como ejemplo de ello, Amnistía Internacional relata las continuas vejaciones e, incluso, violaciones, que ha sufrido la activista Sultana Jaya durante su arresto domiciliario ilegal de casi 400 días y señala cómo Mohamed Lamine Haddi, condenado en relación con la protesta de Gdeim Izik, lleva en aislamiento desde 2017 y fue alimentado a la fuerza por los guardias penitenciarios poniendo fin a su  huelga de hambre para protestar por los malos tratos recibidos, algo  constitutivo de tortura en virtud del derecho internacional.

Cualquiera que intente arrojar luz ante esta situación es perseguido, detenido y torturado. Así, el informe describe cómo "en mayo, las autoridades detuvieron a Essabi Yahdih, periodista saharaui y director de la empresa online Algargarat Media, en su lugar de trabajo en el Sáhara Occidental". El delito por el que le acusaron fue filmar cuarteles militares en la ciudad de Dajla, en el Sáhara Occidental. Como resultado de ello, "el 29 de julio fue condenado a un año de prisión y al pago de una multa. En la prisión de Dajla se le negó atención médica para tratar problemas de la vista y el oído que ya padecía".

Ese es el régimen de Mohamed VI, al que Pedro Sánchez y el PSOE pretenden entregar al pueblo saharaui. No sorprende, pues, que la totalidad del Congreso que tienen enfrente se oponga a ello, negándoles el respaldo a tal política exterior. Apoyar la propuesta de autonomía de Marruecos es legitimar todas las violaciones de DDHH descritas en el informe de Amnistía Internacional, las mismas que ya está ejecutando en los Territorios Ocupados, donde a efectos prácticos el régimen de Mohamed VI opera a su libre albedrío mientras Europa y EEUU miran para otro lado.

Durante su comparecencia de ayer, Sánchez obvió cualquier mención a estas violaciones de Derechos Humanos, empapando toda su intervención de mentira y manipulación. Así sucede cuando afirma que este giro se encuadra dentro de las resoluciones de la ONU o cuando insistió en lo propicio del momento dado el nombramiento de Staffan de Mistura como enviado especial de la ONU en el Sáhara, después de más de dos años de vacío en el puesto y 13 rechazos a otros candidatos al mismo. Se cuidó mucho de añadir el presidente que 11 de esos 13 rechazos fueron de Marruecos, lo que evidencia su nula voluntad por avanzar en el conflicto, hecho por el que otros referentes en el puesto, como el estadounidense James Baker o el alemán Horst Köhler, terminaron dimitiendo.

Ni siquiera los informes de inteligencia que puedan advertir de una inminente invasión marroquí de Ceuta y Melilla justifican esta traición al pueblo saharaui, esta venta al por mayor de una población a quien se sabe con certeza que los masacrará, como ya en el pasado intentó exterminar con napalm y fósforo blanco. Que Sánchez tenga ahora la desfachatez de avalar su decisión porque EEUU, Francia o Alemania sí están dispuestos a mercadear con DDHH con meros fines comerciales dice muy poco de quien nos gobierna.

Las pruebas son tan evidentes, la cantidad de informes independientes que señalan a Marruecos como un régimen torturador tan ingente, que cada aplauso que ayer dedicaron los representantes socialistas a su líder constituye un bocado a la misma democracia, dentelladas a la integridad y honestidad del PSOE. No puedo evitar en días así pensar en el difunto Pedro Zerolo, gran activista de los DDHH y, además, canario de adopción... y ahí lo dejo.

Mañana el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, acudirá a Rabat a rubricar este apoyo al plan de autonomía marroquí para el que el Gobierno de España no tiene respaldo parlamentario. Que 120 diputados de 350, esto es, apenas un 34% del Congreso, decidan la política exterior de España es una anomalía democrática. ¿Se le estarán pegando a Pedro Sánchez las prácticas de Mohamed VI descritas en el informe de Amnistía Internacional?