La Agencia Tributaria favorece a la Iglesia católica

Que la Iglesia católica, en nuestro país, tiene unos privilegios económicos como ninguna otra institución civil lo sabe todo el mundo y no hace falta insistir en ello. Todos los años el contribuyente tienen que soportar que cuando acaba de cumplimentar su modelo electrónico de IRPF le salga un aviso en el que le indica y le recuerda que no ha marcado la famosa X católica o la de “otros fines sociales”, que son tal para cual. Pero ¿por qué la Agencia Tributaria, en el modelo electrónico de IRPF, nos recuerda que no hemos marcado la famosa cruz?  ¿Acaso la Agencia Tributaria no tiene que actuar neutralmente y que cada cual haga lo que quiera sin necesidad de insertar esa repetitiva alerta electrónica? La asociación “Europa Laica” viene reclamando al Ministerio de Hacienda, a la Agencia Tributaria y al Consejo del Contribuyente que se suprima ese confesional recordatorio del modelo electrónico del IRPF, pero siempre han respondido con evasivas. Todo es correcto, se dice en las respuestas. Es normal que se recuerde que usted no ha marcado la casilla de la famosa cruz porque igual se le ha olvidado; lo hacen equiparar con las deducciones de las Comunidades autónomas que también se alertan. ¿Pero cómo puede ser igual que te alerten de una deducción que se te haya podido olvidar a la de un gravamen católico? La Agencia Tributaria y el Ministerio de Hacienda lo que hacen, con esa alerta electrónica, es favorecer la recaudación de ese impuesto católico que pagamos todos los contribuyentes.

La Iglesia católica es una institución muy rica que posee todo tipo de propiedades y emplea a cientos de miles de personas en España y, sin embargo, a pesar de esta riqueza, el Estado Español la sigue financiando a través del IRPF y de otras muchas maneras. En los últimos cinco años ha recibido, solo por IRPF, cerca de 1.500 millones de euros. El Tribunal de Cuentas, tras años de negarse a fiscalizar el IRPF, lo hizo hace dos años llegando a algunas  conclusiones interesantes: el Tribunal de Cuentas reconoció que la asignación tributaria es una detracción de ingresos del presupuesto y por tanto no es un impuesto religioso que afecte solo a los católicos sino, simplemente, una pérdida de ingresos en el dinero público, lo que afecta a todos los ciudadanos y de ahí que, en opinión de la asociación “Europa Laica”, esta fórmula de asignación tributaria esté vulnerando el principio de aconfesionalidad del Estado.

Igualmente, el Tribunal de Cuentas comprobó que la única obligación que tiene la Iglesia de justificar estos ingresos públicos (en el año 2020, 296 millones de euros) es a través de la entrega de una Memoria justificativa de gastos, memoria que, en opinión del Tribunal de Cuentas y en sintonía con lo que Europa Laica viene denunciando, no es tal y no responde a lo acordado de justificar el gasto de los ingresos tributarios. Asimismo, el Tribunal de Cuentas responsabiliza a la Administración española de la desidia en el escrutinio de esa patraña de Memoria ya que nunca se ha puesto pega alguna a la misma y nunca se han formulado objeciones de ningún tipo. También el Tribunal de Cuentas consideró que se debería exigir una memoria en verdad justificativa con criterios analíticos y de contabilidad y cuyos criterios deberían ser acordados con la Administración del Estado. El tribunal declaraba, en su informe, que con esta Memoria la Administración carece de información precisa acerca del destino efectivo de los fondos estatales que se transfieren a la iglesia católica, por lo que no puede distinguir entre los fondos que se destinan a actividades no económicas  de los que tienen destino de actividades económicas, lo cual, además, podría estar vulnerando la legislación comunitaria sobre libre concurrencia y ayudas de estado, cuestión que claramente se violaría para el caso de las ayudas, provenientes de la asignación tributaria a la cadena Trece TV , que, sabemos, es el escaparate de la ultraderecha en nuestro país .

La Agencia Tributaria, en vez de alertar a los contribuyentes sobre el olvido de señalar la cruz católica en el modelo electrónico del IRPF, debería tener una actitud proactiva en la inspección de las finanzas católicas. Muchos sospechamos que miles de entidades religiosas católicas inscritas en el Registro de Entidades religiosas son meras tapaderas, amparan multitud de fraudes a la hacienda pública y son utilizadas para el lavado de dinero, por no hablar del trasiego del dinero de las donaciones, como el caso Gescartera demostró hace unos años. Pero vivimos en un país extraño, ya que las administraciones públicas  dan dinero público a las iglesias, cada una por su lado, como si fuera privado y hasta el alcalde de Cádiz, este año, ha dado casi 200.000 euros a las cofradías religiosas para sus rituales y nadie, en verdad, fiscaliza nada. ¡Bien dado está y sello del Interventor!