La razón pública de la independencia política

A raíz de la entrevista publicada esta semana en El País, realizada por Manuel Viejo, donde explico mi distancia con la estrategia electoral que han decidido adoptar dos concejales del Grupo Mixto en el Ayuntamiento de Madrid, numerosas personas me han preguntado de uno u otro modo qué significa para mí ser una política independiente y por qué quiero mantenerme en esa posición dentro de las fuerzas políticas progresistas de Madrid. Ese es el sentido de estas líneas, pues veo que se ha presentado nuestra diferencia de posición como una nueva fragmentación en la izquierda, lo cual no es el caso.

Se adopta el camino de la independencia política para participar en la administración pública por varios motivos. En mi caso, la independencia me permite apoyar o profundizar políticas en áreas o espacios específicos distintos a los que son centrales en los partidos que ya existen, y defender intereses y asumir compromisos que difieren de los partidistas corporativos que son absolutamente naturales y válidos.

La independencia tiene además otra ventaja, que llamaré práctica sin ningún cinismo: que no hay estructura que nos impida apoyar decisiones que consideramos convenientes para la sociedad o para formar gobierno con otras formaciones.

Las personas independientes no cuentan con los medios materiales y personales propagandísticos propios de un partido ni con una base de votantes habituales. Pero sí pueden contar con un importante capital político por su experiencia previa, por las causas que han defendido o por su trayectoria antes, muchas veces desde el activismo o desde la función pública, como es mi caso.

Fue gracias a esa posibilidad de confluencia entre partidos, personas y entidades independientes, estrategia en la que sigo creyendo y me mantengo, que tuvimos el Gobierno de Manuela Carmena en Madrid entre 2015 y 2019, el primer Gobierno progresista en el Ayuntamiento de Madrid desde 1989. Lo que se logró en ese Gobierno fue mucho, tanto como hemos retrocedido en estos cuatro años.

Diferencias de fondo sobre mi manera de entender la independencia política son también las que hoy hacen que no quiera incorporarme a ningún nuevo proyecto que no pase por la confluencia de la izquierda para las elecciones de 2023. Y en esa posición quiero mantenerme.

Creo firmemente en el camino de la independencia en política desde una posición progresista para complementar la labor de los partidos, ya sea siendo independiente dentro de ellos o confluyendo con estos en un proyecto común, donde una voz propia no sea anulada.

Por otra parte, la articulación del tejido social lleva necesariamente al reconocimiento de liderazgos sociales por parta de los partidos. Lo hizo el PCE en la creación de IU con otros partidos y personas independientes, lo hizo el PSOE incluyendo candidatos y cargos públicos, lo hizo Podemos y lo está haciendo Sumar. Cristina Almeida, Luis García Montero, Angel Gabilondo, Grande Marlaska o la propia Manuela Carmena son algunos de los nombres tributarios de esta forma de acción política. También en la derecha podemos traer algún nombre, como el de Soraya Sáenz de Santamaría. Independientes que aportan prestigio, conocimiento, criterio y capacitación, además de liderazgo en su campo.

Soy una persona independiente que ejerce su derecho a la participación política desde el compromiso de atender, escuchar y recoger las necesidades que me trasladan las vecinas y los vecinos de Madrid o los colectivos y entidades sociales.

Desde mi etapa como servidora pública para el Gobierno vasco, pasando por mi participación en el Ejecutivo de Manuela Carmena como vicealcaldesa y hasta el momento actual, siempre me ha guiado el mejor servicio público a la ciudadanía y no el interés electoral.

El futuro no está escrito y yo —como persona de izquierdas, que temo los avances de las posiciones reaccionarias que se dan en España y en el mundo— ni puedo ni quiero resignarme.