La destrucción de la vida: harinas y aceites del imperialismo

Pesca en el océano Atlántico, frente al pueblo pesquero de Ngor, en Dakar (Senegal). -EFE

La actual política de fronteras, la falta de vías legales y las muertes en las rutas clandestinas –como los asesinatos de Melilla– acaban provocando que todo salte por los aires. Esto es lo que está sucediendo en mi pueblo natal, Kayar. Nací y crecí en esta comunidad de pescadores cercana a Dakar, y conozco perfectamente cómo casi toda la población depende de la agricultura y de la pesca. Agricultores a los que el libre comercio y la competencia con productos importados han dejado arruinados. Pescadores, transformadoras del pescado, mercaderes y familias que ya no tienen ni para ganarse la vida ni para mantener una salud digna. El pescado falta porque desde hace tiempo los barcos industriales de grandes potencias como China, Europa (entre ellas España, por supuesto) están arrasando con los recursos pesqueros. En España no falta el pescado en la mesa, pero sí en mi pueblo y en otros de Senegal y esa fue la razón por la que llegué a este país, igual que muchos otros paisanos míos.

La situación es aún peor desde que una empresa de capital español llamada Barna Senegal, instaló una fábrica en un lugar residencial según el Plan de Ordenamiento Territorial local, es decir, un lugar no apto para actividades industriales. La fábrica sirve para la producción de harinas y aceite de pescado que no tendrán como destino Senegal, sino que se exportan a otros países. La instalación debería contar con medidas para controlar los ruidos y vertidos, así como para vigilar el manejo de líquidos y sustancias peligrosas. También deberían supervisarse las emisiones contaminantes y el cumplimiento de las normas sanitarias, y debería fijarse un horario para la carga y descarga de productos, teniendo en cuenta que se encuentra en una zona de carácter residencial, pero no cuenta con ninguno de estos controles mínimos. Por ello, el deterioro de la calidad de vida de las personas de Kayar es tremendo, tanto por los malos olores como por los potenciales efectos tóxicos para la salud y para la naturaleza, ya que está siendo muy contaminada. En ausencia de controles y garantías de un correcto funcionamiento, una actividad de este tipo y a gran escala provoca amenazas para la salud, amenazas para el ambiente y los ecosistemas, la destrucción de recursos de pesca que son exportados, pone en peligro la soberanía alimentaria e implica importantes riesgos para la paz y la convivencia. En protesta, se están produciendo fuertes movilizaciones de colectivos de pescadores que no están dispuestos a dar un paso atrás, porque saben que les va la vida en ello. También se han movilizado colectivos sociales de gente joven que ve su salud peligrar y el saqueo de su futuro ante sus ojos, y los líderes sociales que llevan toda la vida trabajando y batallando por su comunidad. El jueves 29 de septiembre las movilizaciones se cobraron tres de heridos, y otro más el día 6 de octubre. Existe un riesgo cierto de que la situación vaya a peor. La responsabilidad de la administración de Senegal por este despropósito y por la ruina de cientos de familias que viven de la pesca es innegable. Pero que haya empresas, en este caso de capital español, que están haciendo negocio a costa de la gente de Senegal sin cumplir las normas mínimas es otro ejemplo más del imperialismo imperante.

Desde que comenzó la protesta social Barna intenta eludir sus responsabilidades: ha cambiado el nombre de la fábrica a Touba Protéine Marine (Touba proteína marina) y ha aprovechado la situación de pobreza de determinadas personas que sobornan para que apoyen la fábrica, lo que puede provocar enfrentamientos entre la población.

También hay ejemplos de represión y hay una sentencia pendiente contra unos chicos acusados por haber asaltado la fábrica y detenidos desde hace casi un año, al mismo tiempo que las denuncias y juicios contra Barna Senegal y que exigen el cese de su actividad siguen pendientes. El pueblo senegalés está gritando para que su voz se escuche por encima de los beneficios millonarios de una industria que apoya los tratos entre gobiernos. Es urgente actuar, porque cuando la vida se destruye, la convivencia también se ve tocada. Quien piense que la migración ordenada es posible debe preguntarse cuántos visados va a dar España a quienes se ven forzados a irse de su pueblo porque la contaminación de una empresa les está arruinando. La destrucción llenará el bolsillo de unos, pero vacía la despensa de otros. Unos tienen pescado en la mesa, otros no. Unos tienen visado para viajar por el mundo, otros están obligados a un viaje donde pueden encontrar la muerte. Tanto España como Senegal tienen la obligación de escuchar al pueblo: es ahora o nunca.