Combatir las desigualdades para hacer un mundo más justo y sostenible

Un hombre consulta su móvil junto a una tienda en cuya puerta hay una mujer pidiendo limosna, en el madrileño barrio de Salamanca. -AFP/Gerard Julien

Introducción del último número de la Revista PAPELES

Asistimos a un viraje en los debates y en las preocupaciones económicas. No hace tanto de la defensa casi unánime de la globalización neoliberal, de la alabanza incontenida a la autorregulación de las fuerzas del mercado y de la permanente sospecha acerca de los efectos perniciosos de cualquier tipo de intervención pública.

La pobreza, la desigualdad y la degradación ecológica se encontraban casi ausentes en la reflexión económica y, cuando aparecían en el debate social, el enfoque económico dominante las presentaba como meras disfunciones que el propio crecimiento económico tarde o temprano se encargaría de resolver.

Afortunadamente las mentalidades y preocupaciones han empezado a cambiar. Desde hace unos años ha aumentado el interés por las cuestiones distributivas y por los problemas de la pobreza, la desigualdad y el deterioro ecológico, así como por los estrechos vínculos existentes entre ellos.

Este giro resulta especialmente significativo en el caso de las desigualdades. Cada vez son más los economistas que abordan la temática, contribuyendo a la renovación de los enfoques y metodologías y a la mejora de la calidad de los datos e indicadores. Hasta organismos internacionales como el FMI, el BM y la OCDE, o foros como el de Davos, han incorporado esta problemática a sus agendas políticas. Como consecuencia, se ha ido fraguando un creciente consenso en torno a esta cuestión. En la actualidad existe un acuerdo generalizado acerca de muchos aspectos de la desigualdad: sobre su magnitud, multidimensionalidad, implicaciones y, aunque en menor grado, sobre la necesidad de combatirla.

Una realidad con múltiples caras que no se puede ignorar más

Este cambio de rumbo se ha producido porque la desigualdad económica ha adquirido proporciones intolerables en las últimas décadas en casi todas las sociedades, alcanzando en el nuevo siglo unos niveles comparables a los que existían a finales del siglo XIX o principios del siglo pasado. Una segunda razón de la creciente atención que despierta la desigualdad en la renta y la riqueza tiene que ver con el hecho de que el ascensor social se muestra seriamente averiado, desapareciendo así el principal instrumento de legitimación con el que contaba el capitalismo.

Pero la desigualdad va más allá de la correspondiente a la renta y la riqueza. En la actualidad se reconocen otras muchas dimensiones que afectan a las capacidades y oportunidades de las personas: existen importantes brechas sociales vinculadas al género, o a la etnia, divergencias intergeneracionales, divisiones geográficas y culturales, desigualdades en el acceso a los recursos y en la exposición a los riesgos sociales y ecológicos. Todas ellas se encuentran intrincadas y se refuerzan mutuamente. Reflejan divergencias profundas en la suerte y condiciones de vida de la gente y manifiestan la existencia de un grave malestar y una intensa desconfianza hacia las élites y las instituciones, acentuando el descontento social y la crispación política.

Las consecuencias de la desigualdad

Existe una consciencia creciente de que el crecimiento económico y el aumento de la productividad no vienen acompañados de prosperidad y oportunidades para todas las personas. La creación de riqueza se ha confundido en demasiadas ocasiones con el enriquecimiento de unos pocos y buena parte de lo que se llama producción no es más que simple apropiación de una riqueza preexistente en la que queda omitida la destrucción social y ecológica que esa usurpación conlleva. Esta incapacidad para promover el progreso social hunde sus raíces en las condiciones distributivas, y las implicaciones son amplias y afectan a todos los planos: al económico, social, político y ecológico.

Implicaciones sobre la economía. Empieza a reconocerse lo que muestran muchas investigaciones recientes: que la desigualdad termina siendo perjudicial para el funcionamiento de la economía. Desde la década de los setenta se impuso la idea entre los economistas de que existía una suerte de incompatibilidad entre los objetivos de igualdad y eficiencia. Sin embargo, estudios recientes revelan cómo a partir de determinados niveles de desigualdad la buena marcha de la economía se ve comprometida, fundamentalmente porque las desigualdades –a diferencia de lo que se sostenía desde enfoques conservadores– no propician ninguna aparente virtud (como la de servir supuestamente de acicate para la creatividad y la innovación, convirtiendo a las sociedades en más dinámicas) sino que, por el contrario, reducen la motivación y la productividad del trabajo, frenan el desarrollo de los conocimientos y propician la inestabilidad al favorecer las crisis financieras y alimentar la conflictividad social y las tensiones en favor de un reparto más equitativo.

Implicaciones sociales. Las desigualdades enferman a las personas y a la sociedad, corroen la cohesión social y son una fuente de malestar al promover la desconfianza y la comparación social. Las personas con menos ingresos sufren a lo largo de su infancia y trayectoria laboral unas condiciones de vida peores, se encuentran sometidas a mayores riesgos y a un nivel más elevado de estrés, además de mantener hábitos alimentarios más perjudiciales y vivir en un entorno menos saludable. Ahora bien, se podría decir que tales circunstancias no se deben tanto a la desigualdad como a la pobreza y que bastaría con mejorar la situación de los más pobres sin necesidad de luchar contra la desigualdad. Y así sería si su pobreza no estuviera ligada a la riqueza de los demás a través de la desigualdad, algo que es difícil de sostener en las sociedades capitalistas, donde la pobreza no suele ser tanto el resultado de la escasez absoluta como de las diferencias existentes en el acceso a los recursos y en las prácticas distributivas del producto social. Pero hay más aspectos que contribuyen a que la desigualdad sea, en sí misma, un elemento perjudicial para la sociedad.

Los epidemiólogos Richard Wilkinson y Kate Pickett señalan que en los países ricos existe una relación muy clara entre los problemas sociosanitarios y el nivel de desigualdad, de manera que cuanto más igualitarios son los países, menores son esos problemas en comparación con los más desiguales. Dichos autores tratan de explicar esta correlación entre desigualdad y deterioro del estado de la salud física y psicológica en un país atendiendo a la degradación de la calidad de los servicios sanitarios y al incremento del estrés social que se padece en las sociedades más desiguales. Esa ansiedad y estrés crónicos, según los autores, van asociados a las «amenazas de la evaluación social», que son más intensas cuando menos igualitarias son las sociedades. La ansiedad por el estatus no solo opera a través de las comparaciones con los ricos, sino que también aparece ante la preocupación por obtener la aprobación y el reconocimiento de nuestros semejantes, mecanismos que se ven potenciados a medida que las sociedades se hacen más desiguales.

- Implicaciones políticas y sobre la calidad de la democracia. Además, la desigualdad disuelve la necesaria confianza que sostiene los vínculos sociales que, como defiende Putnam, nos hacen sentir seguros, más sabios e inteligentes, prósperos, saludables y capaces de gobernar una democracia justa y estable. Por otro lado, en sociedades en las que el poder se funda en la riqueza, la desigualdad desequilibra el funcionamiento electoral. Quien más atesora, mayor capacidad de influencia política tiene, transformando las democracias en plutocracias. Esta sobrerrepresentación política de los ricos y su mayor influencia electoral e ideológica en la sociedad conduce a la desafección democrática y a la desconfianza en sus instituciones favoreciendo, a su vez, la polarización y la crispación que bloquea la vida política, impidiendo acometer políticas de Estado que trasciendan los intereses de una parte, como las sanitarias o ambientales, por no nombrar, en el caso español, las referidas al ámbito de la justicia.

- Implicaciones ecológicas. La comparación social y la amenaza al estatus tan propias de la dinámica competitiva en las sociedades de consumo generan unos impactos ecológicos devastadores. Hoy en nuestra sociedad el acto de consumir está muy lejos de ser únicamente un momento de adquisición de aquello que se necesita, y se encuentra cargado de significaciones psicológicas y sociales.

La necesidad de reconocimiento social (aceptación) y el deseo de diferenciación (individualización) están presentes en nuestras prácticas de consumo, de manera que la adquisición de mercancías se asocia también a la “compra de un estatus social”. Las sociedades más desiguales muestran en mayor medida esa necesidad que lleva continuamente a la emulación y a la diferenciación a través del consumo, alentando una espiral consumista que se convierte en el principal factor degradante de la salud de los ecosistemas. Además, como los estilos de vida de los más acomodados suelen ser más insostenibles, la carrera aspiracional tiene un doble efecto pernicioso sobre la naturaleza: por un lado, porque eleva el nivel del consumo medio de una sociedad; por otro, porque lo transforma en pautas de mayor impacto ecológico al imponerse como norma social de referencia la de las clases más acomodadas. A todo esto añadamos lo ya dicho: proteger de manera efectiva la naturaleza exige amplios consensos sobre el modo de vivir que solo se logran cuando una sociedad está plenamente cohesionada y dispuesta a distribuir esfuerzos y renuncias de forma equitativa, sabedora de que los impactos y las responsabilidades son diferentes según el nivel de renta y la capacidad de consumo.

Políticas para hacer frente a la desigualdad

Existen, pues, poderosas razones que hacen pensar que avanzar hacia una sociedad igualitaria podría mejorar el funcionamiento de la economía, cohesionar la sociedad, mejorar la calidad de la democracia y aminorar la degradación de la naturaleza. Sobre el papel, todo parece indicar hacia esa dirección, pero en la práctica dependerá de que, al diseñar las diferentes políticas, consigamos conciliar esas metas sin sacrificar alguna en el altar de las restantes.

Tenemos la experiencia de los “chalecos amarillos” ante una medida que se justificaba para proteger el clima pero que ignoraba las consecuencias distributivas que acarrearía sobre amplios sectores populares. Es razonable pensar que se repetirán este tipo de respuestas si ante el necesario incremento de la tributación a los combustibles fósiles (no tanto por afán recaudatorio, como por los efectos desincentivadores en su consumo) no se ofrecen alternativas de movilidad sostenible y compensaciones para los sectores menos favorecidos, sobre todo cuando asisten con estupefacción a cómo les aumentan los impuestos en su movilidad cotidiana y obligada mientras se exonera el queroseno de los aviones que usan habitualmente y por pura comodidad lo más pudientes. Por otro lado, también hemos visto cómo la disminución en las últimas décadas de la brecha internacional entre países ricos y emergentes ha venido acompañada del ascenso de una clase consumidora mundial que añade nuevas presiones sobre los ecosistemas, lo que exigirá contemplar la importancia de la coordinación internacional más allá de los límites de las políticas nacionales.

En una obra coordinada por Blanchard y Rodrik, que refleja los debates sobre las herramientas disponibles para combatir la desigualdad, se ofrece un sugerente marco para una taxonomía de las políticas en favor de la igualdad según la fase económica en la que se implementan y la parte de la distribución de la renta sobre la que se pretende incidir. Surge así un amplio abanico de políticas predistributivas, distributivas y redistributivas orientadas, según el caso, hacia los hogares de rentas bajas, medias o altas. De su consideración, cabe concluir que no existe una única llave mágica para abrir la puerta de la desigualdad, sino un conjunto de ganzúas que habrá que acertar a combinar en el ineludible proceso hacia una transición que sea, además de ecológica, socialmente justa.

Lucas Chancel profundiza en esta cuestión, y tras presentar las tres facetas de las desigualdades ambientales (en el acceso a los recursos, en la vulnerabilidad ante las amenazas climáticas y en las responsabilidades de los impactos ecológicos), expone diversos ejes para avanzar en la justicia ecosocial:

- Evitar situar el debate únicamente en las desigualdades económicas, descuidando la importancia de las asimetrías ambientales, de género, etc.

- Apostar por los servicios públicos y el cooperativismo en el ámbito de la energía, el agua y la movilidad.

- Desarrollar una fiscalidad verde que desincentive las actividades contaminantes y permita financiar infraestructuras intensivas en empleo que den forma a un nuevo Estado de bienestar ecosocial que proteja no solo de los riesgos sociales sino también de las amenazas ambientales.

- Intensificar la coordinación internacional, yendo más allá del Estado social.

Existen las herramientas para que la sociedad afronte con ambición y sin más demora los desafíos que plantean las desigualdades, y es posible hacerlo sin renunciar a la búsqueda de una vida digna de ser vivida de forma democrática por todas y todos en un mundo más justo y habitable.