En la respuesta al calor hay que incluir a las personas con discapacidad

Un termómetro situado en el cruce de la Calle Hellín con la Avenida de España marca 41º C, a 11 de julio de 2023, en Albacete, Castilla-La Mancha. — Víctor Fernández / Europa Press

A finales de junio, España atravesó la primera ola de calor del año y esto encendió la alarma ante lo que muchos científicos pronosticaron que podría ser un verano con temperaturas récord. Tan solo en julio en España hubo tres olas de calor más, con temperaturas agobiantes muy por encima de los abrasadores 40 grados centígrados. Parece que será otro verano largo y caluroso y las personas con discapacidad nuevamente enfrentarán dificultades particulares.

Lamentablemente, las olas de calor llegaron para quedarse y serán cada vez más intensas a menos que haya una reducción drástica de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Las temperaturas en España han seguido subiendo y batiendo récord tras récord, con veranos más calientes cada año.

No todas las personas pueden afrontar con facilidad este tipo de clima extremo. De hecho, mientras investigaba acerca de los derechos de las personas con discapacidad para Human Rights Watch, he sido testigo de cómo algunas personas con discapacidad luchan significativamente con el calor, entre otras causas, debido a dificultades para regular su temperatura corporal. Muchos también me dijeron que el calor afectaba su salud mental y que experimentaban sensaciones concretas de ansiedad y depresión. Les atemorizaba tener que quedarse en casa por períodos prolongados para evitar el calor, lo cual exacerba la sensación de soledad y aislamiento social.

Y, sin embargo, mientras España creaba planes para responder a las olas de calor, los planificadores han dejado de lado los derechos y necesidades de las personas con discapacidad.

Tener que quedarse en casa durante una ola de calor puede ser algo especialmente difícil para las personas que experimentan marginación económica, cuyas viviendas posiblemente no se diseñaron para asegurar la eficiencia térmica y que no pueden pagar el aire acondicionado, incluidas muchas personas con discapacidad. A veces también viven en áreas donde es menos probable que haya parques u otras fuentes de sombra.

España y, en particular, en Andalucía han intentado dar respuesta a estas y otras cuestiones desarrollando planes de acción para las olas de calor. Estos planes detallan las actividades que debe llevar a cabo el Gobierno, así como los servicios sociales y de salud, antes de las olas de calor y durante estas, y que incluyen desde informar al público sobre las opciones para encontrar alivio hasta contactar a las personas en riesgo para informarles cómo resguardarse del calor.

Sin embargo, los planes anteriores no tenían adecuadamente en cuenta a las personas con discapacidad. De hecho, mucha gente señaló que la información sobre emergencias relacionadas con el calor ni siquiera se brindó en formatos accesibles. Esta forma excluyente de diseñar políticas está dejando de lado a algunas de las personas que más necesitan ayuda.

Todos estos desafíos relacionados con las olas de calor actuales subrayan el hecho que la crisis climática también es una crisis de derechos humanos originada en acciones gubernamentales insuficientes a nivel mundial para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y asegurar la adaptación al cambio climático. Las olas de calor amenazan la salud de las personas, incluso sus vidas, y más aún si tienen una discapacidad o sufren marginación económica. También exacerban las desigualdades existentes.

Pero aún hay esperanza. En España y en todo del mundo, hay legisladores, investigadores y activistas que han creado formas innovadoras de afrontar el calor y mitigarlo. En 2020, Andalucía aprobó una ley que impulsa el uso de técnicas de bioclimatización en edificios de escuelas, como incorporar vegetación y sistemas de ventilación, además de utilizar energía no contaminante, en respuesta a un movimiento local que promueve proteger mejor a niños y niñas del calor.

En 2021, la Unión Europea acordó financiar una iniciativa para suministrar paneles solares a vecindarios de bajos ingresos de Sevilla, lo que implicó combinar esfuerzos para la transición a las energías renovables con aquellos destinados a ayudar a las personas que experimentan marginación económica desproporcionada.

Tales medidas pueden ayudar a cumplir con obligaciones internacionales de derechos humanos como las establecidas en la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que España ratificó en 2007 y que exige a los Estados proteger a las personas con discapacidad durante desastres naturales. Este instrumento y otros tratados de derechos humanos se aplican al Gobierno español independientemente del partido o partidos que estén en el poder.

Para mejorar la inclusividad de las respuestas a las olas de calor, cualquiera que sea el Gobierno que se forme tras las elecciones nacionales debe comprometer e involucrar genuinamente a las personas con discapacidad en el desarrollo de los próximos planes anuales de acción climática, tanto nacionales como regionales. Además, deberá tomar medidas específicas para reducir las desigualdades fundamentales a fin de proteger mejor durante las olas de calor a las personas con discapacidad y a las personas que atraviesan marginación económica.

Debe ponerse en contacto con las personas con discapacidad e informarles sobre los riesgos relacionados con el calor y brindar servicios de apoyo. También debe asegurar el acceso a fuentes de energía no contaminantes a las personas que experimentan marginación económica, lo que incluye ayudarlas a costear las facturas de energía eléctrica, entre otras acciones orientadas a que no sufran de manera desproporcionada.

Los veranos cada vez más calurosos e insoportables son un problema para todas las personas en España y, por eso, las estrategias de resiliencia climática y mitigación del calor deben contemplar las necesidades y los derechos de todos. Las respuestas climáticas deberían ser respuestas basadas en los derechos humanos. El Gobierno debe procurar activamente realizar acciones de contacto y trabajar para incorporar los derechos y las necesidades de las personas con discapacidad, incluidas aquellas que experimentan marginación económica, y para abordar las desigualdades que las mantienen marginadas.