La educación pública, lo primero para un gobierno progresista

Marea Verde se manifiesta por la educación pública en Madrid el 9 de septiembre de 2023. -JESÚS HELLÍN / Europa Press

1. Si se pasea en París por el boulevard de Saint Germain de Près se encuentra en la plaza Henri Mondor una estatua dedicada a Georges-Jacques Danton, uno de los principales revolucionarios de 1789. En su pedestal hay esta leyenda: “Después del pan, la educación es la primera necesidad del pueblo”. Danton lo tenía muy claro. Sabía que la educación era la única manera de superar al antiguo régimen y avanzar hacia un futuro de libertad, igualdad y justicia social. Porque la educación no solo aporta formación académica o profesional. Va mucho más allá. Educar es acompañar a la infancia y juventud para desarrollarse como buenas personas y ciudadanos. La función social de la escuela es aprender a convivir, educar en valores morales y en el respeto a los demás y a la naturaleza en la que viven. Con la educación está en juego la equidad y un modelo de ciudadanía que puede ser solidario o individualista, comprometido con la mejora de la sociedad o instalado en el sálvese quien pueda.

La derecha tiene muy clara la importancia de la educación y forma parte de su guerra cultural. Un consejero de Educación del gobierno de la Comunidad de Madrid de Esperanza Aguirre decía que por cada centro concertado que aprobaban en un barrio o localidad, aumentaba un 3% la intención de voto al Partido Popular. De ahí que se hayan afanado en impulsar la privatización de la educación, porque con ella, además del negocio económico e ideológico, intentan asegurarse la hegemonía política. No debe ser ajeno a los resultados electorales el que en Madrid capital solo el 40% del alumnado esté escolarizado en la educación pública, frente a casi el 90% en Europa.

2. Los principales problemas de la educación en España son la privatización, la infrafinanciación, la segregación escolar y una legislación incapaz de blindar la educación pública y laica. De ello se derivan la falta de calidad, de cohesión educativa y social. Veamos.

- La privatización del derecho a la educación persigue tres objetivos. Un negocio económico en el que también están entrando fondos de inversión por su rentabilidad. Una educación en valores conservadores que impida todo cambio del status quo y permita el control ideológico por la jerarquía católica. Una ingeniería social con la doble red (pública-privada) para la hegemonía política de la derecha como se ha explicado arriba. España no es Europa en educación por la debilidad de la educación pública y la potenciación de la concertada. Somos una total anomalía: el tercer país en centros concertados, detrás de Bélgica y Malta. España escolariza un 67% en la pública, frente al 89% en primaria y al 83% en secundaria en Europa.

La política de desmantelamiento de lo público se extiende por las Comunidades autónomas gobernadas por la derecha como Madrid, Andalucía, Murcia, Comunidad valenciana, etc. Los pactos entre PP y Vox tras el 28 de mayo tienen como un punto principal la educación, con recortes de los presupuestos ya aprobados; acuerdos sobre “libertad de elección”, es decir, para seguir privatizando y deteriorando la escuela pública; y la guerra cultural con temas como el “pin parental” que es la negativa a lo que la ultraderecha llama “mantra progre” y que son elementos de la democracia como la igualdad, derechos humanos, educación afectivo-sexual y el respeto a la diversidad de las personas.

- La infrafinanciación endémica y los recortes que se produjeron durante los seis años y medio de gobierno de Rajoy alcanzaron la brutal cifra de 33.350 millones. No han sido revertidos y la inversión en España es de las más bajas de la Unión Europea y de la OCDE con cualquier indicador que se utilice. Por ejemplo, en 2019 la inversión por estudiante se situó en los 9.904 $ mientras que tanto OCDE como UE-22 superaron los 11.000. La infrafinanciación perjudica la calidad, deteriora lo público, aumenta el gasto de las familias y refuerza un mercado privado de plazas de educación infantil y de Formación Profesional.

- La segregación escolar que aumenta la desigualdad social. Sea por niveles socioeconómicos o por sexo, cristaliza una escuela clasista, crea guetos y deriva en hacia un modelo educativo más mediocre y globalmente peor. España es el tercer país de la OCDE, por detrás de Turquía y Lituania, que más segrega a su alumnado desde primaria. La red privada concertada es el principal factor de segregación educativa. Otras formas de exclusión académica son las zonas únicas de escolarización, itinerarios segregadores y los programas pseudo-bilingües. La consecuencia es la falta de inclusión que permita una educación con equidad y oportunidades equivalentes. La escuela debe ser un espacio para la igualdad y no para que crezcan las diferencias sociales.

- La LOMLOE no blinda la educación pública frente a la privatización y al saqueo. Aunque ambas redes han perdido un porcentaje parecido de alumnado debido al descenso de la natalidad, en el último lustro se han suprimido 3.490 aulas públicas de infantil y primaria y solo 72 concertadas.  El ejemplo de Madrid es claro: se derivan más recursos económicos a la concertada, se cierran aulas públicas, se cobran cuotas obligatorias a las familias, se regala suelo público a empresas privadas por valor de 29,84 millones de euros (Valdebebas, Vallecas y Vicálvaro) y persisten los conciertos a 17 colegios del Opus Dei y otros grupos ultrarreligiosos que segregan por sexo y que han supuesto 51,68 millones en el curso 2022/23. Es un mal asunto que la derecha recorte y la izquierda solo recomiende: fue un error del Gobierno de coalición que el RDL 14/2012 del Gobierno Rajoy, que aumentaba las ratios y el horario lectivo, no fuera revertido con la ley 4/2019.

3. La derecha es coherente con su modelo educativo y su modelo social de clase. Coherencia que no tiene toda la izquierda si no combate los privilegios y defiende lo público. Hablar de un proyecto de modernización del país y de democracia avanzada pasa por considerar la educación pública una cuestión estratégica. Por ello, debería estar en la agenda prioritaria en las negociaciones para la formación del nuevo Gobierno progresista.

En el grupo de trabajo de Educación de Sumar, elaboramos un documento consensuado con la participación de 70 expertos que recogía entre otras las siguientes propuestas:

Extensión de la Educación Pública mediante una red suficiente de centros, de titularidad y gestión pública directa, que permita cubrir todas las necesidades educativas (desde los 0 años) en sus diferentes etapas, modalidades y distritos escolares y territorios. Con la supresión progresiva de conciertos a través de la integración negociada y voluntaria en una red pública única. Mientras, aquellos que no cumplan con los principios de gratuidad, transparencia, inclusión e igualdad no recibirán financiación pública.

- Educación laica que respete la libertad de conciencia. Cualquier doctrina confesional no debería formar parte del currículo ni del horario lectivo de la escuela. Para ello hay que derogar los acuerdos preconstitucionales con la jerarquía católica y los acuerdos con otras religiones.

- Educación inclusiva que promueva una cultura de la diversidad e inclusión social, para dar respuesta a todo el alumnado sin discriminación alguna y que eduque en igualdad, equidad y justicia social. Ello pasa por bajar las ratios escolares, mejorar los recursos materiales y la accesibilidad y conectar el currículum con la vida real y los desafíos actuales.

- Dignificar la profesión docente mejorando las condiciones laborales, reduciendo las ratios, con desdobles, refuerzos, reducción de los horarios y de tareas burocráticas. Aumento de las plantillas de profesorado, reducción de la interinidad al mínimo e impulso de la autonomía pedagógica y organizativa en los centros.

- Financiación de la red escolar pública para alcanzar de manera inmediata el 5% del PIB, y avanzar hacia un 7% del PIB como condición necesaria, aunque no suficiente, para garantizar el ejercicio del derecho a una educación pública gratuita en condiciones de igualdad y equidad.

Con estas propuestas no se trata solo de blindar la educación pública de la agresión a la que está sometida por la derecha.  Se necesita un nuevo contrato social para la educación que se base en el principio de derecho universal y bien común público. Un proyecto con gran potencia transformadora para aumentar la cohesión y reducir las desigualdades sociales. Hasta aquí mi trabajo y mi responsabilidad comprometida como coordinador del grupo de trabajo que elaboró las propuestas de educación para Sumar. En otra fase posterior, los partidos de la coalición negociaron el programa electoral con el resultado que se puede consultar.

Para acabar, insistir en el tema clave: la supresión de conciertos educativos mejoraría la educación en España y es perfectamente legal y constitucional. La Constitución no ampara los conciertos. La libertad de enseñanza del artículo 27 se concreta en la posibilidad de creación de centros privados. Pero en modo alguno obliga a que las familias deban recibir una ayuda pública para elegir entre ambas redes, pública y privada, ni que ésta última deba ser financiada con fondos públicos. Así lo dejó asentado el Tribunal Constitucional en la sentencia 86/1985. Es, por tanto, políticamente posible y necesario.

Si me dijeran pide un deseo diría: me gustaría que la izquierda tuviera tan clara la importancia de la educación pública para defenderla como lo tiene la derecha para privatizarla. Porque lo que está en juego es un modelo de sociedad no solo de escuela. Volviendo a Danton, la educación debe ser lo primero porque nos hace mejores, es la base de todo y sin ella no hay democracia. La izquierda tiene que ser audaz y poner las luces largas para defender un modelo de educación que tenga como finalidad la construcción de un mundo mejor y un futuro de esperanza.