La amnistía como oportunidad y no como un mal trago que pasar

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz (2d), el líder de Junts y eurodiputado, Carles Puigdemont (2i), el dirigente de En Comú Podem, Jaume Asens (1i) y el eurodiputado Antoni Comín (1d) durante un encuentro en el Parlamento europeo, a 4 de septiembre de 2023, en Bruselas (Bélgica). SUMAR

Durante las últimas semanas, la incapacidad de los bloques de la derecha y de la izquierda para alcanzar la mayoría de diputados y diputadas necesarias para una investidura ha reabierto un debate que hasta ahora parecía imposible: que el PSOE aceptara la posibilidad de una amnistía. Cual refranero castellano, de la necesidad se ha hecho virtud. De esta forma, el imperativo de conseguir los votos de Junts para no repetir elecciones y lograr la ansiada investidura de Pedro Sánchez ha desbloqueado, supuestamente, la posibilidad de una amnistía en Catalunya. No es una propuesta nueva: ya en la pasada legislatura, la CUP trasladó una propuesta de ley en este sentido que fue rechazada por la Mesa del Congreso con los votos de PP, Vox y del propio PSOE. Por si alguien tenía alguna duda de que en política no hay imposibles, sino más bien voluntad política o ausencia de la misma. Igual conviene recordarlo la próxima vez que nos digan que no se puede derogar la Ley Mordaza.

Pero antes de hablar de contenido, parémonos un momento en la aritmética que enmarca todo este proceso. Si algo ha quedado patente entre las y los votantes de izquierdas en estas negociaciones para formar gobierno, es la total subordinación de las fuerzas llamadas progresistas a los dictados del PSOE. Hasta el momento, la imagen que se ha transmitido desde las fuerzas coaligadas en Sumar es la de un cheque en blanco en forma de apoyo para la investidura de Sánchez a cambio de reeditar sus sillones en un futuro gobierno de coalición. Esta actitud está diluyendo la posición de las fuerzas parlamentarias a la izquierda del PSOE, relegando la negociación exclusivamente a un asunto entre Junts y el PSOE, lo cual permite a su vez a la derecha rearmarse narrativamente y tomar la calle agitando la neurosis identitaria españolista. Un bloque conservador que está construyendo un marco reaccionario que obliga al conjunto del bloque de la izquierda a situarse a la defensiva. Y esto es un desastre ante cualquier escenario: tanto para formar un nuevo gobierno de coalición, que nacerá sin esperanzas, débil y aún más dependiente de las políticas socioliberales del PSOE; como si se repiten elecciones, en las que la izquierda obtendría, muy posiblemente, un peor resultado que en el 23J, allanando la investidura de un PP aupado o coaligado con la extrema derecha.

En este clima, las últimas intentonas tanto de Sumar como de sus partidos coaligados de dar una cierta imagen de independencia del PSOE aparecen ante la opinión pública más como una ópera bufa que como un intento real de zafarse del abrazo del oso del PSOE en el que el gobernismo acrítico les ha llevado. Solo la guerra abierta en Palestina ha devuelto a Podemos, con las horas contadas en el gobierno, una imagen de independencia de los dictados de Pedro Sánchez. Eso sí, qué ausente ha estado esa posición combativa y de principios por parte de las y los ministros de Unidas Podemos estos últimos años. Por ejemplo, cuando se cambió la política exterior en favor de los intereses del ocupante marroquí en el Sáhara Occidental o cuando se asesinaron a más de 40 personas a palos en la valla fronteriza entre Nador y Melilla.

Pero volvamos a la amnistía. Porque ni el destino está marcado de antemano ni solo hay un tipo de amnistía posible. A no ser, claro, que nos mantengamos como meros espectadores pasivos de la negociación. Porque una amnistía negociada en los despachos de Ferraz y Waterloo supondría un paso más en la restauración del orden del régimen del 78. Una operación de cierre de ciclo que lleva tiempo en marcha, que sigue quemando etapas y que está deseando apuntarse un borrón y cuenta nueva para seguir como si nada hubiera pasado. Ese es el escenario de regreso a la “estabilidad institucional” que tanto desean las élites económicas, más allá de la teatralización de la derecha españolista. Unas élites deseosas de pasar página para seguir con el business as usual, dejándoles la factura de estos años de judicialización de la política a cientos de activistas .

Por eso mismo, lo primero que tenemos que hacer es alzar la voz para que no solo se escuchen los gritos de la derecha en todo este proceso. Y esto pasa por no aceptar pasivamente una eventual ley de amnistía que abandone a la suerte del sistema jurídico a miles de catalanas y catalanes que pusieron su cuerpo para defender la libre autodeterminación. Pero tampoco a miles de militantes y activistas sindicales, antifascistas, del movimiento feminista o de  la vivienda, cantantes y demás personas que se enfrentan a multas y penas de cárcel. Como los “seis jóvenes de Zaragoza” que se encuentran en estos momentos condenados a siete años de prisión por plantar cara en las calles de su ciudad a la extrema derecha, a la violencia y a los montajes policiales propios supuestamente de otra época.

Alzar la voz pasa por levantar una propuesta propia. Una que no caiga en la permanente ensoñación liberal de una posible alianza con los poderes del Estado, especialmente la policía y la judicatura, para conseguir avances democráticos a cambio de tenderles la mano y regalarles una amnistía a los policías que cargaron y asaltaron colegios electorales durante el 1 de octubre de 2017. Esta hipótesis se ha demostrado a lo largo de estos años tan errada como irrisoria. Por algo son precisamente la Policía y la judicatura la punta de lanza del movimiento reaccionario. Así pues, resulta fundamental que aprovechemos el actual debate sobre la amnistía como una ventana de oportunidad política para construir un bloque social y político con los sectores populares del conjunto del Estado que se resisten a la restauración programada del régimen y que permita mantener abierta la grieta destituyente que mostraron tanto el 15M como el 1 de octubre.

Además, es fundamental ligar esta reivindicación de amnistía con dos cuestiones claves, por un lado con la desjudicialización del conflicto catalán y con la necesidad de avanzar en su solución política mediante un referéndum de autodeterminación y, por otro lado, con la derogación de la Ley Mordaza y del código penal agravado, medidas que cercenan las condiciones para enfrentar la pérdida de derechos, la criminalización de la protesta, la crisis climática y la ofensiva reaccionaria e imperialista que recorre el globo. Porque de poco sirven las bonitas intervenciones parlamentarias o los envalentonamientos ante la prensa y las redes sociales, si luego se limitan las herramientas de lucha que hacen posible que el conjunto de la izquierda y la clase trabajadora avance. La vigencia de la Ley Mordaza constituye un claro freno a los repertorios de acción colectiva del que se dotan las organizaciones y los movimientos sociales para poder enfrentar las peleas de nuestro tiempo y las que vendrán. Si se está en condiciones de gobernar o de condicionar quién y cómo gobierna, hay que acompañar los discursos con acciones concretas.

No cabe duda de que la amnistía se ha desvelado como el verdadero nudo gordiano de estas negociaciones de investidura. El problema es que para el conjunto de la izquierda progresista con presencia en el Congreso, esta posible amnistía no parece ser un mecanismo para avanzar en la conquista de derechos, sino más bien un mal trago a pasar para tener ministros en el gobierno. La derecha lo sabe y por eso se lanza a la ofensiva sin dudarlo. Sabe que cuenta con el monopolio de la disputa, porque a la izquierda de quienes negocian no hay nadie ni se le espera. Y esto no puede ser. Mientras no consigamos cambiar este guion, poco podremos esperar de estas negociaciones. Por eso es necesario alzar la voz.

No podemos aceptar una propuesta de amnistía que no incluya a todas esas personas que en los últimos años han sido judicializadas y represaliadas por luchar. Porque luchar por una amnistía que incluya a todas es también luchar contra el retroceso de nuestros derechos. Una amnistía para todas y todos supondría una victoria que liberaría de la carga de la represión y la coerción a cientos de luchadoras. Pero también contribuiría a recuperar la confianza en las propias fuerzas para salir de esa condición de espectadores pasivos y romper con la insoportable inercia defensiva ante la derecha. Pero todo esto requiere  que nos tomemos la actual negociación de la amnistía como una oportunidad abierta a disputar y no como un mero trámite precocinado que pasar para reeditar un gobierno de coalición que no haga más que reeditar las mismas impotencias y renuncias que ya sufrimos.