Mónica, ¿y ahora qué?

La cartera de la nueva ministra de Sanidad, Mónica Garcñia, en la sede del Departamento, en el acto de toma de posesión. EUROPA PRESS/Mateo Lanzuela

Hay que reconocer la lucha a viva voz por la defensa de la sanidad pública de ciertas personas, o al menos aparentemente, ya que, digámoslo claro y sin ambages, defender la sanidad pública en la Comunidad de Madrid, teniendo a quien se tiene delante, no es muy complicado, por no decir que es francamente fácil.

Desde el llamado Informe Abril y la aprobación de las leyes 14/1986, General de Sanidad, y la Ley 15/97 firmada por PP, PSOE, CiU, CC y PNV, la retahíla de politización a la que se ve expuesta la sanidad pública es, cuanto menos, un insulto a la inteligencia: sindicatos mayoritarios que dicen defender la sanidad pública, que despliegan sus banderas y pancartas en manifestaciones a la vez que apoyaron la Ley 15/97 de habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, o partidos políticos que dicen defender la sanidad pública a la vez que, habiendo tenido mayorías absolutas en el Congreso de los Diputados, no la han derogado. Claro que habiendo votado a favor de privatizar la sanidad pública, no se podía esperar más de ellos. Hasta que, en esta última legislatura, llegaba un atisbo de esperanza a toda esa población implicada en esta lucha tan digna, con un acuerdo de coalición progresista PSOE-Unidas Podemos en el que se cita literalmente:

“2.2.3.- Avanzaremos en el blindaje de nuestro sistema público de salud, apostando por una sanidad que se base en la gestión pública directa. Para ello:

• Se revisará la Ley 15/1997, de habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud y el conjunto de los mecanismos normativos que abren la puerta a privatizaciones del sistema.
• Se impulsará la recién creada Comisión, integrada por expertos y expertas del ámbito sanitario, organizaciones sindicales, profesionales y de pacientes, así como colectivos sociales, que analizará la situación y definirá las líneas y estrategias para revisar dicha Ley en el plazo de 6 meses.”

De nuevo, agua de borrajas, señalamientos, enfrentamientos, la culpa la tiene Fulano, la tiene Mengano, Maroto y el de la moto. ¿La realidad? Una legislatura (2020-2023) en la que se han aprobado los Presupuestos Generales de Estado (PGE) más belicistas de la historia año tras año, mientras puntos marcados en un acuerdo firmado por dos formaciones políticas no se cumplen, y fíjense, tan solo hablaban de revisar, ni siquiera de derogar.

Señalar que el gasto militar al final se detrae de otras partidas y resta recursos para la prestación de servicios básicos para la ciudadanía, entre ellos, la sanidad.

Teresa Galeote, en un artículo1 de enero de 2022, decía que “los nacionalistas catalanes de CiU estaban muy interesados en aprobar una ley básica estatal que legitimara su 'modelo sanitario catalán', ya privatizado mayoritariamente. Los experimentos llevados a cabo por la burguesía nacionalista catalana estaban fuera del marco definido por la propia Ley General de Sanidad. La situación no ha mejorado en Catalunya: en la actualidad, de 213 hospitales, el 70% son de propiedad privada”. 

¿Se ha tratado este asunto a la hora de negociar la investidura actual de Pedro Sánchez? Obviamente no. En el acuerdo entre PSOE y Sumar España avanza. Una nueva coalición de gobierno progresista no hay una sola referencia a la derogación de la Ley 15/97. Una vez más, la sanidad pública es utilizada en campañas electorales continuamente por la izquierda institucional de manera descarada y vergonzosa para contentar a su electorado, un electorado ensimismado en la defensa de sus colores olvidando del todo la verdadera lucha, la que tendría que tener a todo el Estado frente a quienes no defienden nuestro bien más preciado, siendo incluidos los que tienen en frente a “los suyos”, aquellos que no dudan en salir a las protestas vecinales, pero no con pancartas en defensa de la sanidad pública, salen con pancartas y banderas de sus formaciones, ya sean políticas o sindicales. Así no.

Nos vemos ahora en el 2.0 de gobierno progresista, movimientos de sillones, caras nuevas, pero, en definitiva, ¿se derogarán las leyes que han permitido la entrada del sector privado en el sistema sanitario público? ¿Se garantizará al fin la universalidad en el acceso a la atención sanitaria? ¿O veremos como quien en la Asamblea de Madrid enarbolaba esta bandera ahora tirará balones fuera diciendo que la sanidad es una competencia autonómica?

El tiempo lo dirá. Una cosa sí tenemos clara, “Gobierne quien gobierne, la sanidad pública se defiende”, y sea quien sea, quien se atreva a no hacerlo con toda claridad, transparencia y firmeza, nos tendrá en frente.

Muchos hablarán de que con las fuerzas que se tienen no se puede conseguir más… A esas, ¡menos escaños tienen Junts o ERC! Y ojo, muchos señalarán al “socio”. Es simple, los Presupuestos Generales del Estado mandan. ¡No firméis! Muchos hablarán de “cuidado, que viene el lobo”. El lobo en la Sanidad se llama privatización, y lo tenemos dentro, demasiado dentro. La derogación de la ley 15/97 y los artículos 66, 67 y 90 de la Ley General de Sanidad se hace necesaria si queremos recuperar la sanidad pública.

Nosotras solo hablaremos de SANIDAD PUBLICA 100% UNIVERSAL, DE GESTIÓN PÚBLICA, DE CALIDAD Y SIN DESIGUALDADES. Todo lo demás, contádselo a vuestro cuñado.

Estimada ministra de Sanidad, ¿ahora, qué?