2.020 días que huelen a podrido

El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte (d), durante el acto de entrega de la XIII Edición de los Premios Puñetas de ACIJUR, este lunes en Madrid. EFE/ Fernando Alvarado

“Si la justicia emana del pueblo”, según la Constitución Española (art. 117), las mayorías del Poder Legislativo -donde reside la soberanía popular, nuestros votos- para elegir a los vocales del Poder Judicial deberían de ser las mismas que para elegir al jefe del Poder Ejecutivo. No lo digo yo, sino el magistrado emérito José Antonio Martín Pallín recientemente: “Que hagan falta más votos para elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que al presidente del Gobierno no tiene justificación”.

Sin embargo, teniendo en cuenta cómo respira agónicamente el CGPJ en estos momentos, intuyendo que tras cinco años y medio (más de 2.000 días) de ocupación ilegal, se le puede acabar el chollo de cobrar por su jeta de granito, ni siquiera el cambio de mayorías para elegir a sus vocales parece imprescindible, salvo que se negaran todas las demás opciones.

El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, empeñado -“Esta vez sí”, sostienen en Moncloa- en renovar el órgano de gobierno de los jueces con el beneplácito de una Bruselas renovada y asediada por fuerzas antidemocráticas, dejará el jaleo del cambio de mayorías en la recámara, es decir, que tampoco lo descarta si el PP sigue bloqueando una decisión soberana de las y los españoles. La Comisión Europea, tal y como están las cosas tras las últimas elecciones, no puede permitirse un caso Orbán de parálisis y desprestigio de la Justicia en uno de los países que, entre los damnificados (Francia, Italia, Alemania, Bélgica o la propia Hungría), ha sido de los que mejor ha resistido -y aún representando la ultraderecha de Vox y Alvise un siempre excesivo 10% de los escaños españoles en el Parlamento Europeo-.

Con la (ultra)derecha y el Poder Judicial ocurre lo que ha ocurrido siempre cuando gobierna el PSOE, ahora en coalición: el PP y su extremo apéndice se refugian en las togas para ejercer un poder ilegítimo y en la sombra que permite romper los equilibrios democráticos de los mandatos progresistas; y ello sin tener en cuenta su influencia mayoritaria en los medios de comunicación o las financiaciones ilegales y las cloacas no hace mucho y que aún colean en los tribunales sin mucho daño para la (ultra)derecha. Ay si fueran partidos de izquierdas …

Urge renovar el CGPJ y urge apartarlo de la influencia partidista, lo cual no significa, como pretende el PP, abstraerlo de la mayoría soberana que sustena a las democracias: el Parlamento seguiría eligiendo a los vocales del gobierno de los jueces con la participación de éstos, por supuesto. Los nombramientos que efectuarían estos vocales (Supremo, tribunales territoriales …) sí deben de estar alejados de esa cuota decidida por los partidos que nos representan en las Cortes Generales para blindar su independencia, como ha propuesto el presidente en funciones del CGPJ, Vicente Guilarte, juristas como Joaquín Urías en Público o el propio Sánchez. Así nos evitaremos, entre otros males mayores, bochornos siderales como el mensaje telefónico de Ignacio Cosidó a su grupo del PP felicitándose por controlar las puertas trasera y delantera del Supremo con determinados nombramientos de todopoderosos jueces, éstos que aún deben estar maldiciendo al exdirector general de la Policía por su locuacidad incontinente. Con amigos así, quién necesita enemigos.