MADRID.- A medida que pasa el tiempo se observa que la sacrosanta Transición española tuvo bastantes más agujeros negros que las comprensibles carencias del paso de una dictadura a un sistema democrático. En aquellos años el periodismo, sobre todo la prensa escrita, desempeñó un papel decisivo a la hora de trasladarlas ansias de libertad de la sociedad española hasta el punto de recibir el apelativo de “parlamento de papel” por los debates que generaba.

Pero aquel camino épico tuvo su cara oculta. Así queda reflejado en el libro La prensa que se vendió (Ediciones Carena, Barcelona) escrito por el periodista Luis Santos (Madrid, 1953), en el que se hace un minucioso repaso a las relaciones entre el Gobierno y la prensa entre los años 1978 y 1982. El relato no es nada edificante y pone de relieve que los diarios y sus editores se prestaron “a un constante mercadeo” con el Gobierno de turno, explica Luis Santos.

El relato de esa “cara oculta” de la relación entre la prensa y el poder político no se basa en testimonios de fuentes anónimas o en relatos más o menos interesados. Luis Santos desgrana de forma meticulosa decenas y decenas de documentos del llamado archivo Aguirre, en referencia a Ignacio Aguirre, secretario de Estado para la Información en el Gobierno presidido por Leopoldo Calvo Sotelo desde finales de febrero de 1981 hasta el 2 de diciembre de 1982.

El archivo de Aguirre contiene todo tipo de documentos generados durante su gestión así como en la de sus tres predecesores: Manuel Ortiz, Josep Meliá y Rosa Posada. Desde notas de estos cargos a los presidentes Suárez y Calvo Sotelo hasta cartas y manuscritos de editores y directivos de diarios, algunos de ellos todavía en ejercicio.

“La verdad es que es un archivo que contiene todo tipo de maldades, pero sobre todo se pone de manifiesto la obsesión del poder por controlar a la prensa en aquella época y cómo se prestaban a ello no pocos editores y periodistas…; a cambio de dinero para sus respectivos diarios, claro”, dice Santos. “En Moncloa había una obsesión enfermiza por lo que se escribía en los diarios y en hacer un seguimiento exhaustivo de todo”, añade.

Entre los documentos hay todo tipo de proposiciones de los secretarios de Estado, sobre todo Ortiz y Aguirre, sobre lo que hay que hacer con la prensa “para controlarla”. Así, aparecen “listas negras” de periodistas, según variaos notas del archivo, en la que se define que la redacción del desaparecido diario Pueblo estaba formada “en un 80% por rojos y socialistas”, o quienes eran “izquierdistas” en el también desaparecido Informaciones.

"El libro pone de manifiesto la obsesión del poder por controlar a la prensa en aquella época y cómo se prestaban a ello no pocos editores y periodistas"

En otros documentos – varios de ellos quedan reflejados en el libro – queda patente la recomendación de que la indemnización por el cierre del diario Madrid y el derribo de su sede, en 1972, fuese una cantidad lo suficientemente baja para impedir su salida de nuevo a los kioscos. No tiene desperdicio la carta que le dirige Calvo Serer, presidente de la sociedad editora del diario Madrid al presidente Calvo Sotelo y la contestación de éste.

El poder financiero no es ajeno a esta relación entre el poder y la prensa. La Banca March se ofrece, tras la salida de otras entidades del capital de Informaciones, para hacerse cargo del rotativo – un vespertino de gran influencia – y ponerlo “al servicio del Gobierno”, según otro de los documentos.

También se relata en otra serie de documentos del archivo Aguirre las recomendaciones de cómo favorecer al diario ABC frente al “progresista” El País. De otra parte, también se relata de qué forma se abandonan a su suerte o se cierran periódicos de la entonces cadena pública para evitar que cayesen en manos de redacciones “izquierdistas”.

“De todas formas, uno de los episodios más reveladores de aquella época es constatar cómo la empresa editora de ABC jugó con sus dos cabeceras, la de Madrid y la de Sevilla. La edición andaluza, dirigida por Nicolás Jesús Salas, apostó claramente por los golpistas el 23-F. como queda reflejado en documentos del archivo, hasta el punto que el director se presentó en el Gobierno Militar de la ciudad para ponerse a las órdenes de sus responsables”, cometa de forma irónica Luis Santos.

El tarjetón de Luca de Tena

El editor de ABC, Luca de Tena, envía una tarjeta de visita al secretario de Estado para la Información, Josep Meliá, en la que le indica que ha censurado la publicación “en ABC” de una determinada información, que adjunta para que se vea la trascendencia del hecho. La información no es otra que una crónica de su corresponsal en Nueva York, José María Carrascal, en la que se hace eco de tres informaciones aparecidas en The New York Times críticas con el presidente Adolfo Suárez.

Claro que en aquella época la editora de ABC tenía una deuda de 850 millones de pesetas (cinco millones de euros) que, en otros documentos de la secretaría de Estado para la Información se recomienda al Gobierno que se facilite su eliminación. En otros documentos, manuscritos, el conde de Godó, editor de La Vanguardia, también declara abiertamente ponerse al “servicio” del Gobierno.

“El trasfondo es, ni más ni menos, que obtener recursos públicos, en subvenciones y publicidad institucional”.

El País, según otro documento, tampoco escapa a esta dinámica. En un tarjetón manuscrito Martín Prieto, entonces subdirector, le dice a Josep Meliá que “después de la entrevista de ayer, a la que no pude asistir [en alusión a un encuentro entre Meliá y el director Juan Luis Cebrián] nuestros editoriales serán mejores”.

Otro capítulo llamativo, según los documentos, es la relación del poder con el diario Egin (cerrado años después por el juez Garzón por su relación con ETA). Una carta, reproducido en el libro, del entonces jefe de la Casa del Rey, el general Sabino Fernández Campo, al secretario de Estado Manuel Ortiz, plantea, en nombre del rey, “qué se puede hacer – a lo mejor ya se están haciendo -” para evitarlas informaciones publicadas por el rotativo que Zarzuela consideraba injuriosas. Fernández Campo reclama datos para trasladárselos al rey, que está pendiente de ello.

Una de las estrategias, según una carta de Marcelino Oreja,  entonces delegado general del Gobierno en el País Vasco, dirigida a Aguirre sugiere una presión económica dado que este diario no pagaba los servicios de la agencia EFE o el teléfono, además de los impuestos de rigor. El caso es que no se hizo nada de eso. Incluso en época de Rosa Posada se le restituyeron a Egin unas subvenciones de ayuda a la prensa tras una polémica sobre la titularidad del nombre de la cabecera. “Había mucho miedo a ETA”, sentencia Santos.

“La gran pregunta que debemos hacernos –explica el autor del libro– es si aquel mercadeo ha seguido hasta hoy en día y si se mantiene. La debilidad de las empresas editoras de los diarios, a las que hay que añadir en estos momentos a las radios y televisiones que entonces no contaban informativamente, hace necesario contestar a esa pregunta y abrir un debate. Para la salud democrática de la sociedad española. A pesar de todo el mérito que tuvo el periodismo en aquellos años, la realidad es que hubo un mercadeo nada edificante, incluso vergonzoso. Hay que saber si ahora pasa lo mismo”, remarca Luis Santos.