ZARAGOZA.- Podemos ha registrado en doce parlamentos autonómicos iniciativas parlamentarias con las que propone destinar los 3.396 millones que el Estado entregó a las compañías eléctricas como Costes de Transición a la Competencia (CTC) a paliar los efectos de la pobreza energética que sufren cuatro millones de hogares en España y, también, reclama crear el concepto de “hogar vulnerable”, en los que dejaría de ser posible cortar los suministros de agua, electricidad y gas.

“Millones de familias no pueden pagar el recibo de la luz y no pueden atender gastos esenciales”, explicó Echenique, que consideró que esa situación, favorecida por “la dejación de funciones del Gobierno”, es “además de inmoral, perfectamente evitable”.

Las iniciativas son una propuesta de resolución y una proposición de ley. La primera reclama que cada parlamento inste al ejecutivo central a destinar esos casi 3.400 millones de euros a financiar las necesidades de los “hogares vulnerables” energéticamente. La segunda plantea la creación de esa figura en las comunidades –sustituiría al actual bono social- y contempla, como plan B ante un eventual rechazo del ejecutivo central y como medida transitoria, financiar las acciones a través de los fondos de contingencia de las autonomías.

Propuesta de resolución y proposición de ley en 11 parlamentos

Los grupos de la formación violeta registran estos días la propuesta de resolución en los parlamentos de Andalucía, Baleares, Extremadura, Castilla-La Mancha, Valencia, La Rioja, Madrid, Canarias, Cantabria y Aragón, mientras que la proposición de ley será debatida, además de en los anteriores, en Asturias y en Castilla y León. Las iniciativas han sido presentados este viernes en Zaragoza por la eurodiputada y secretaria de Rescate Ciudadano de Podemos, Tania González; la responsable de Relaciones Institucionales de la formación, Auxiliadora Honorato; el secretario general aragonés, Pablo Echenique, y la diputada autonómica Violeta Barba.

Podemos plantea cuatro niveles de vulnerabilidad, en función de las rentas y el poder adquisitivo, y una respuesta para cada uno de ellos: pagar el 100% de los suministros en casos de pobreza extrema, el 35% en situaciones de pobreza severa (los baremos los marca el Instituto Nacional de Estadística) con un 15% en caso de tener hijos o personas dependientes a cargo, el 20% cuando el gasto energético supere el 10% de los ingresos y, por último, un apoyo variable cuando la necesidad no entre en ninguno de esos supuestos y sea detectada por los servicios sociales municipales.

La propuesta de Podemos incluye que las compañías no puedan cortar el suministro en ningún hogar calificado como vulnerable y que se realice en ellas estudios de microeficiencia energética para reducir los consumos y favorecer el autoconsumo.

La trampa de la pobreza tras el corte del suministro

La Unión Europea señala que las eléctricas deben devolver esas ayudas aunque “ningún gobierno les ha obligado a hacerlo” ni “tampoco ha establecido medidas para compensarlo”, explicó Echenique, quien alertó de que los cortes de suministro “conllevan lo que en sociología y economía se conoce como la trampa de la pobreza, ya que el coste de reenganche crea una barrera adicional”. “La desconexión añade una nueva barrera” para que los hogares pobres puedan volver a tener suministro.

Herrero, calculó que los 3.400 millones de los CTC permitirían financiar la medida durante cuatro años, llamó la atención sobre el descenso de un 17% de las solicitudes del bono social que se ha producido “de forma asombrosa” conforme arreciaba la crisis. “Hay que pedirlo por internet –señaló-, y las familias que no pueden pagar la luz tampoco suelen tener conexión”.

González, por su parte, criticó la aplicación que España hizo de la obligación comunitaria de dar un tratamiento específico a los usuarios de la energía en situación de vulnerabilidad. “El bono social no tiene en cuenta la renta”, dijo, ya que establece como requisitos que todos los miembros del hogar estén en paro, que tengan conectada la potencia mínima y, en el caso de los jubilados, que cobren la pensión mínima.

Más de 2.000 muertes al año

Por último, se refirió a un estudio de la Asociación de Ciencias Ambientales que señala que “entre 2.300 y 9.000 fallecimientos al año tienen relación con la pobreza energética”.

Barba, por su parte, apuntó que un estudio del Gobierno de Aragón señaló que, ya en 2013, en la comunidad había 7.222 hogares vulnerables y 1.301 se encontraban en una situación de pobreza energética certificada.