BARCELONA.- El Govern catalán ha celebrado que la justicia andorrana vaya a investigar presuntas amenazas de mandos policiales españoles contra la extinta Banca Privada d'Andorra (BPA) con la intención de conseguir datos del caso Pujol, y ha instado a que haga lo propio  la justicia española.

Fuentes de la La Generalitat consideran que este asunto también concierne a la justicia de España, porque "daña a la credibilidad de la política y las instituciones del Estado". En esta línea, el secretario de Economía de la Generalitat, Pere Aragonès, ha instado al Gobierno central a investigar las presuntas amenazas de mandos policiales en Andorra, tras la declaración ante la juez instructora del caso BPA, Canòlich Mingorance, de uno de los máximos accionistas de Banca Privada d'Andorra (BPA), Higini Cierco.

Aragonès ha lamentado que la división de poderes en el Estado español está en muchos casos en cuestión, y ha visto muy poco patriótico y democrático si España se dedica en sus relaciones internacionales "a hacer política interna para pedir información de rivales políticos".

La justicia andorrana  abrirá una investigación después de que Higini Cierco (uno de los máximos accionistas de BPA) declarara ante la jueza la semana pasada que había recibido coacciones y amenazas de "mandos policiales españoles" con el fin de conseguir datos para el caso Pujol. Cierco concretó el jueves en un comunicado que mandos policiales españoles le advirtieron de que, si no colaboraba con ellos aportando información financiera sobre el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, actuarían contra BPA y desaparecería.

La juez decidió remitir a los juzgados ordinarios la denuncia de Cierco, en la que aseguraba que la apertura del expediente sobre blanqueo de EEUU que motivó la intervención de BPA fue provocada por la Policía española, como supuesta represalia por la presunta falta de colaboración del banco en la investigación sobre la fortuna oculta de la familia Pujol, según informa El Confidencial.

La jueza ha concluido la fase de investigación sobre el caso BPA con un auto de procesamiento en el que acusa a 24 directores y gestores de la entidad de estar implicados en una presunta trama de blanqueo de capitales. La magistrada, sin embargo, considera que no se ha acreditado la participación de los accionistas mayoritarios de la entidad, Ramón e Higini Cierco, así como de otras siete personas que también estaban siendo investigadas desde que se abrió esta causa, en marzo de 2015.

El banco fue intervenido por las autoridades del Principado de Andorra unas horas después de que EEUU anunciara que había decidido abrir un expediente a BPA por su presunta implicación en el blanqueo de capitales de organizaciones criminales internacionales.