MADRID. -El cierre de las centrales nucleares es un horizonte que España deberá afrontar más pronto que tarde. Su parque nuclear es relativamente viejo: de los 40 años de vida útil para el que los reactores fueron diseñados, ya han pasado de media los 33 operando y, si las licencias no se prolongan más allá de las cuatro décadas, la última debería cerrar sus puertas en 2028, como muy tarde.

Pero decir adiós a esta energía -que según datos de Foro Nuclear supone el 20% del total de electricidad que se produce en España y da empleo a 30.000 personas- ha encendido siempre el debate sobre los posibles impactos negativos que podría acarrear en términos económicos, sociales y de abastecimiento.

Ahora, la organización ecologista Greenpeace ha presentado un exhaustivo estudio elaborado por la consultora independiente Abay Analistas Económicos y Sociales que desmonta algunas de estas teorías y ve en el cierre de las nucleares, incluso, una oportunidad para el crecimiento económico y la generación de empleo.

Según los cálculos de la consultora, presentados en un informe este miércoles, el cierre de la nuclear en España supondría la creación de unos 300.000 puestos de trabajo: 100.000 derivados directamente del desmantelamiento de los reactores atómicos y otros 200.000 que crearía el sector renovable. De esos empleos, cita el estudio, un 42% será de alta cualificación para actividades financieras, inmobiliarias, científicas, de la Administración Pública y la industria mecánica; y otro 35% para sectores de cualificación media-baja en comercio, hostelería y construcción.

Además, estima que el impacto económico de las actuaciones e inversiones requeridas para el desmantelamiento nuclear conllevaría un aumento del PIB próximo a los 20.000 millones de euros.

“El cierre gradual de las centrales nucleares, además de tener un claro impacto positivo en términos ambientales y de seguridad, puede suponer un importante incentivo para la economía española y la creación de empleo. Aumentar la vida de las centrales ocho años supone un gasto de 800 millones de euros adicional”, ha defendido Raquel Montón, responsable de la campaña antinuclear de Greenpeace.

La organización también aporta una estimación de la inversión que sería necesaria, alrededor de 22.000 millones de euros, de los que la amplia mayoría, 17.628, irían destinados al aumento de potencia en las fuentes renovables.

Montón ha explicado que las inversiones vinculadas al desmantelamiento de las centrales (unos 4.198 millones de euros) son públicas, y se realizan con dinero ya recaudado, pero ha advertido de que las ayudas disponibles ni siquiera alcanzan el 30% del total que se va a requerir.

"Podría tratarse de una situación similar a la del rescate bancario, porque las eléctricas se han dedicado a invertir sus beneficios y no a aguardarlos para la llegada del cierre, por lo que no podrán afrontarlo económicamente", denuncian los ecologistas, que recuerdan que los beneficios de las empresas titulares de las centrales ascienden a más de 72.000 euros.