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Crisis La Fiscalía investiga el urbanismo del pueblo que más creció con la burbuja

Abre diligencias para determinar si hay delitos en la ocupación de zonas inundables del río Huerva y por carecer el ayuntamiento en esos años de un arquitecto en plantilla.

El casco urbano de Cuarte de Huerva está atravesado por el rio del mismo nombre, parte de cuya llanura de inundación está ocupada por edificios.

La Fiscalía de Zaragoza ha abierto diligencias para investigar el desarrollo urbanístico del pueblo que más creció en España en los años de la burbuja inmobiliaria: Cuarte de Huerva, cuyo padrón, según el Censo de Vivienda del INE (Instituto Nacional de Estadística), se multiplicó por 4,3 entre 2001 y 2011, lo que lo convirtió el municipio de 10.000 habitantes cuyo vecindario aumentó más en esa época.

Fuentes del ministerio público confirmaron la apertura de la investigación tras haber recibido una denuncia que señala cómo el ayuntamiento careció durante todos esos años de un arquitecto en plantilla, ya que las labores eran realizadas por un autónomo cuya plaza ha salido ahora a concurso como interino, y cómo desde esa época viviendas y equipamientos municipales han pasado a ocupar una amplia extensión de terrenos inundables por el río Huerva.

En la imagen se aprecia cómo tanto la zona de equipamientos municipales como otras cercanas de viviendas se hallan en zona inundable.

En la imagen se aprecia cómo tanto la zona de equipamientos municipales como otras cercanas de viviendas se hallan en zona inundable.

Desde 2004, “el desarrollo urbanístico del municipio ha sido vertiginoso”, admitía recientemente el propio alcalde, Jesús Perez, del Par, en una respuesta por escrito al grupo municipal del PSOE. Ese crecimiento conllevó también un extraordinario endeudamiento de las familias, casi tres cuartas de las cuales (73,7%) no había terminado de pagar su casa en 2011, una media que solo empeoraban la localidad navarra de Egüés (75,1%) y la madrileña de Arroyomolinos (79,8%).

Según la denuncia, en esa época podrían haberse producido “presuntamente” en la gestión municipal de Cuarte “varias infracciones urbanísticas pero sobre todo varios tipos delictivos de índole urbanístico y medioambiental”, a los que podrían añadirse otros como la prevaricación “por tramitarse los expedientes urbanísticos con falsos arquitectos municipales –por no ser funcionarios-”. Las diligencias de Fiscalía, que se encuentran en la fase inicial, no concretan sobre qué delitos concretos se centran las pesquisas.

Viviendas en zona inundable

La denuncia va acompañada de un informe del Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza según el cual “por parte del Ayuntamiento se han ejecutado actuaciones en zona potencialmente peligrosas, inundables, dentro de la zona de policía del río Huerva”, sin haber presentado a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) “ningún instrumento urbanístico donde se recoja la ordenación pormenorizada” de esa zona, conocida como SG-12 (Sistema General 12) y que a efectos administrativos seguiría siendo suelo rural. Tiene una superficie de 4,7 hectáreas.
Las de propiedad municipal que se encuentran en zona inundable incluyen dos campos deportivos, el relleno del terreno sobre el que se asientan y la construcción de un dique para protegerlos de las crecidas.

“A primera vista queda demostrado que en el casco urbano de Cuarte de Huerva se han autorizado construcciones en su casco urbano en zona inundable que llegan hasta el propio nuevo ayuntamiento”, indica la denuncia, que añade que “no hace falta ser un especialista urbanista para detallar que se han autorizado edificios de viviendas e industriales en zona inundable, hasta con periodo de retorno de 10 años”, en una amplia zona situada al este de la calle Ramiro I.

Sin arquitecto en plantilla

La denuncia sugiere que el consistorio ha podido incurrir en algún tipo de irregularidades en tres momentos: al ubicar inmuebles municipales en zona inundable y al tolerar que se asentaran en ellas edificaciones privadas; al no haber aplicado a esos inmuebles medidas de disciplina urbanística y, también, al dejar los informes y trabajos de supervisión que pudieran afectarles en manos del arquitecto autónomo.

Este, J. E. G. D., ha reclamado que le sea reconocida la relación laboral con el ayuntamiento después de que, como consecuencia de la presión del grupo municipal del PSOE, secundado por el de C’s, este sacara a concurso hace unos meses una plaza de arquitecto interino. También el Gobierno de Aragón conminó al consistorio a regularizar ese puesto de la plantilla.

El arquitecto, que ocupaba un despacho en el ayuntamiento, prestó sus servicios de 2001 a 2008 mediante contratos que, por su cuantía, nunca salieron a concurso, y sin ellos desde esa fecha. Entre 2008 y 2016 le facturó al consistorio 315.520 euros por proyectos y trabajos de dirección de obra, aparte de los emolumentos “ordinarios”, que superaban los 30.000 euros anuales.

Paralizado desde 2004

El Consejo Provincial de Urbanismo muestra en su informe, emitido al tramitar el ayuntamiento de Cuarte la documentación para construir un centro cívico junto a la zona deportiva, su sorpresa por la existencia de edificios municipales en toda esa zona. No tenía constancia de que hubieran sido autorizados, señala, ya que el último trámite vinculado a ese área data de 2004. Y consistió en suspender el desarrollo de la zona por “ciertos reparos” y ante la falta de un informe de Protección Civil.

La resolución del CPU “menciona la posibilidad de que resulte necesaria la retirada de algunas instalaciones, al objeto de devolver la llanura de inundación a una situación similar a la inicial”, decisión que dependerá de un nuevo informe de la CHE sobre “la compatibilidad o incompatibilidad de las instalaciones existentes con la situación de riesgo existente por el flujo preferente asociado al río Huerva”.

La propia Confederación indica, en un informe remitido al CPU, que el sistema general de la zona “ya ha sido desarrollado prácticamente en su totalidad, incumpliendo las condiciones expuestas en la ficha de ordenación vigente, y ejecutando las obras sin la preceptiva autorización”.

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