El grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado este jueves una proposición de ley en el Congreso "para regular alquileres abusivos y mejorara las garantías y el acceso a la vivienda", que establece, entre otras cosas, una duración de los contratos de cinco años y dota a las comunidades autónomas y grandes municipios de la capacidad de regular los precios de los arrendamientos cuanto estos se incrementen de forma "abusiva".

"No puede pasar con los alquileres lo mismo que ha pasado con las hipotecas", ha defendido la portavoz del grupo confederal, Irene Montero, en la rueda de prensa en la que ha presentado la iniciativa junto a la portavoz de En Comú Podem, Lucía Martín, los dirigentes de Podemos Rafael Mayoral y Pilar Garrido, y los concejales de vivienda de ocho ciudades, incluidas Madrid y Barcelona.

En esta línea, Montero ha señalado que la iniciativa, que consiste en una reforma de la ley de arrendamientos urbanos (LAU), pretende evitar que el mercado del alquiler pase a estar controlado por "fondos buitres y entidades financieras" que "suben los alquileres de forma abusiva y expulsan a los vecinos de sus barrios y ciudades", con el objetivo de "especular" con un "derecho fundamental" como es el acceso a la vivienda.

En concreto, la norma plantea volver a fijar en cinco años la duración mínima de los contratos de alquiler —es decir, de prórroga obligatoria—, tal y como ocurría hasta que se reformó en 2013 la ley de arrendamientos urbanos y se redujo este mínimo a tres años.

"Si queremos que el alquiler sea una opción asequible, necesitamos contratos más largos", ha afirmado por su parte la portavoz de En Comú Podem, quien ha puesto de ejemplo que en Berlín, "los contratos duran de media 18 años".

Asimismo, Martín ha explicado que en el caso de que los arrendadores sean personas jurídicas, como por ejemplo, fondos de inversión o entidades financieras, se fija la posibilidad de disponer de cinco años más de prórroga, "como medida antiespeculativa".

Además de aumentar la duración de los contratos, la norma del grupo confederal también prevé la creación de una herramienta para declarar "áreas de mercado tensionado" allí donde se detecte que se ha producido "un incremento abusivo de las rentas del alquiler", en las que se podrán establecer límites de precios.

La capacidad de declarar estas zonas corresponderá a las comunidades autónomas, a excepción de Madrid y Barcelona, que gracias a sus regímenes especiales podrán decidir adoptar esta medida mediante acuerdo del Pleno municipal.

Indicadores para poder regular los precios

Dichas "áreas de mercado tensionado" se fijarán en base a una serie de "indicadores", como que "exista una fuerte demanda de alquiler asequible no satisfecha", o que "las rentas de alquiler sean claramente superiores a la disponibilidad de renta de las familias de la zona, según los datos oficiales existentes". "Se considerará en todo caso una carga desproporcionada cuando las familias deban dedicar más del 30% de sus ingresos al pago de la renta de alquiler", añaden.

También se tendrá en cuenta "que se esté produciendo un proceso de gentrificación que indique que hay una expulsión de los vecinos de la zona debido al incremento constante de las rentas de los alquileres" y "que las rentas de los alquileres de vivienda habitual se hayan incrementado un 15% o más en los últimos tres años".

En cuanto a la horquilla de precios que se podrá establecer en dichas áreas, la proposición de ley establece que "la renta pactada a inicio del contrato no podrá superar el precio de referencia para el alquiler de una vivienda de características análogas en el mismo entorno urbano".

A este respecto, la norma mandata a las comunidades autónomas para elaborar "índices oficiales de referencia de precios de alquiler aplicables en las áreas declaradas de mercado tensionado", con metodologías "objetivas y sujetos a actualización periódica".

Estos índices se realizarán "atendiendo a las rentas de los contratos de alquiler de vivienda habitual habitacional del área declarada de mercado tensionado, ponderando circunstancias como el estado de conservación y mantenimiento de la vivienda, su antigüedad, altura, accesibilidad o no mediante ascensor, eficiencia energética, proximidad de acceso a transporte y servicios públicos, inclusión o no de mobiliario o de anexos o renta familiar disponible de la zona", entre otras.

Posibilidad de reclamar devoluciones

Además, prevén que "el cobro por la parte arrendadora de rentas que sobrepasen los límites establecidos en esta Disposición Adicional dará derecho a la parte arrendataria a exigir la restitución de las cantidades percibidas en exceso". Para garantizar esta protección, proponen varias modificaciones en la ley de Enjuiciamiento Civil.

"Lo que hemos hecho es abrir la puerta legal para que Comunidades Autónomas y municipios puedan establecer áreas urbanas de mercado tensionado", ha explicado Martín, quien ha insistido en que se trata de una medida inspirada "en lo que ya están haciendo ciudades como Berlín o Munich".

"Solo es una herramienta a usar cuando se necesite, peor es indispensable", ha remachado, para añadir que, además, el Gobierno no tendría motivos para vetar esta ley porque "no tiene ninguna afectación presupuestaria".

Durante la presentación, los concejales de vivienda que han intervenido han defendido la necesidad de poner en marcha iniciativas como esta para evitar los "desahucios invisibles que está provocando el constante aumento de los precios de los alquileres", según ha explicado a Alba Doblas, responsable de Vivienda de Córdoba.

"Desde el Ayuntamiento de Madrid estamos muy preocupados por la escalada de precios", ha asegurado el concejal José Manuel Calvo, quien ha señalado que aunque "la situación pasa por ampliar el parque público de viviendas", también es necesario "establecer límites", como propone esta norma.