Manuel Fernández de Sousa llegó a tener tanto poder en Galicia que con un sola llamada podía tumbar acuerdos firmes del Gobierno gallego. No es broma. El expresidente de Pescanova, para quien la Audiencia Nacional pide 28 años de cárcel y 21 millones de euros en multas por llevar a la ruina a la mayor empresa pesquera de Europa, tenía hilo directo con el presidente de la Xunta y no dudaba en recurrir a él si consideraba que lo que publicaba el Diario Oficial de Galicia (DOG) colisionaba con los intereses de su compañía.

Sucedió hace casi siete años, en el verano del 2011. La Xunta de Alberto Núñez Feijóo llevaba dos años en el poder y acababa de aprobar la ubicación de una planta depuradora de bivalvos que los mariscadores llevaban años reclamando. La contaminación de las rías gallegas era tan elevada (aún lo es) que buena parte de sus bancos marisqueros estaban y están considerados “zonas C”. Es decir, que está prohibido comercializar en fresco lo que de ellas se extrae, que sólo pueda venderse una vez sometido a un estricto proceso de depuración industrial.

La Consellería do Mar, que dirigía y dirige la bióloga Rosa Quintana, había buscado una solución al problema instalando una depuradora en una zona de aguas limpias a la que los mariscadores podrían llevar su producto para sanearlo. El lugar elegido, una coqueta cala en el portiño de Morás, en Xove, en la costa de Lugo.

El emplazamiento cumplía todos los requisitos legales, y los análisis previos demostraban que el sistema funcionaba, porque el marisco se descontaminaba en pocos días. El 28 de julio, el DOG publicó la orden de la Xunta para instalar la depuradora flotante, y a los pocos días el barco que la transportaba zarpó con destino a Xove. Todo parecía dispuesto para una feliz inauguración veraniega, hasta que Fernández de Sousa mandó parar.

En Morás está una de las mayores plantas de cría de rodaballo de Pescanova. Y su presidente pensó que la cercanía de una depuradora de marisco contaminado pondría en duda la imagen de su producto. Las bacterias, alegó, podrían llegar a los colectores de su piscifactoría y contaminar a los 4,5 millones de rodaballos que nadan en ella. Levantó a los trabajadores para que sacaran las pancartas. Movilizó a sus ejecutivos. Y llamó a Feijóo.

El día en que los vecinos de Morás esperaban la llegada de la batea, observaron cómo el barco se aproximaba al portiño. Pero el capitán recibió una llamada. Dio media vuelta. Esperó un rato. Y se fue por donde había venido. Un día después, Feijóo anunció en persona que su conselleira buscaría otro emplazamiento. En Morás no han vuelto a saber nada de la famosa batea depuradora.

El expresidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa recibe un premio de manos del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, en una foto de 2010. XUNTA DE GALICIA

Uno de los asesores de Fernández de Sousa que manejó los hilos de aquella operación, por la que la Xunta de Feijóo renunció a dar utilidad pública a un puerto público sometiéndose a los intereses de una empresa privada, fue César Aja, biólogo, exsenador, exdiputado, exalcalde por el PP de la vecina localidad de Viveiro y amigo personal de Rodrigo Rato. El exministro de Economía solía veranear en su pueblo cuando aún era una persona respetable, nadie pensaba que su tarjeta era black y el mundillo financiero lo saludaba como el tipo que iba a salvar del desastre a Bankia-Caja Madrid. Una de las entidades que acudió al rescate de Pescanova cuando empezó a hundirse fue, precisamente, Bankia.

Los últimos treinta años de la historia económica de Galicia están plagados de ejemplos de la influencia social, política y económica que ejercía Fernández de Sousa. Hijo de uno de los fundadores de Pescanova, fue quien puso a la empresa viguesa en el mapa mundial de la industria alimentaria, quien pergeñó su salida a bolsa en 1985 y quien pilotó la apuesta, expansión y desarrollo de su rama piscícola. También, según la Audiencia Nacional, el principal responsable de su ruina.

El auto de procesamiento de José de la Mata, juez instructor del caso, que la defensa de Fernández de Sousa y de los otro dieciocho directivos y consejeros encausados han recurrido, es demoledor. La cúpula de Pescanova, asegura, diseñó “un sistema piramidal insostenible” mediante el que durante años fue refinanciando deuda con deuda más cara, tanto a través de la compañía matriz como de muchas de sus filiales, para ir parcheando los agujeros del negocio acuícola, que nunca llegó a ser lo provechoso que Fernández de Sousa pensaba.

Según el auto del instructor, de 154 páginas, él y los suyos estafaron a bancos y acreedores presentando facturas falsas y simulando compraventas de mercancía inexistente; maquillaron los balances contables disfrazando como beneficios lo que en realidad eran pérdidas; descapitalizaron la compañía, engañaron a los organismos reguladores... Y justo antes de que el castillo de naipes se viniera abajo, no dudaron en apresurarse a vender sus acciones antes de que se hundieran, para evitar que sus patrimonios personales se vieran afectados. Todo a costa de sus acreedores, de sus 10.000 trabajadores, del resto de accionistas y de centenares de pequeños ahorradores.

El catálogo de delitos que De la Mata imputa a Fernández de Sousa es extenso: falseamiento de cuentas, falseamiento de información económica y financiera, falsedad en documento mercantil, estafa, insolvencia punible, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales, uso ilícito de información relevante, impedimento de actuación del organismo supervisor...

Además de los 28 años de cárcel y de los 21 millones en multas, el juez ha ordenado el comiso de 4,6 millones de euros de su patrimonio en cuentas bancarias en Portugal y la devolución de 15,6 millones de euros en concepto de plusvalías ilegales obtenidas con la venta de sus acciones en Pescanova. Él sin embargo, parece tranquilo. Sigue dedicado a la acuicultura desarrollando ambiciosos proyectos de piscifactorías como jefe de Operaciones de la empresa saudí Naqua, en su particular travesía del desierto.

Antes de que se conocieran sus manejos, Fernández de Sousa era un factótum del poder en Galicia al que cualquier político, empresario o directivo quería tener cerca. Y él, pese a su carácter solitario, desconfiado y empecinado, siempre cultivó esas relaciones. Era amigo personal de Manuel Fraga, quien ya había trabado una sólida amistad con su padre y quien proporcionó a Pescanova todas las ayudas públicas que pidió durante sus gobiernos.

También lo era de José Luis Méndez, el expresidente de Caixa Galicia, la caja con sede en A Coruña, y de Julio Fernández Gayoso, su homólogo en la viguesa Caixanova. Entre ambas entidades –fusionadas en la fallida NovaCaixaGalicia, hoy Abanca- llegaron a tener más del 30% del capital de Pescanova. En el año 2009, cuando el crac financiero empezó a hacer mella en el balance de la sociedad, y a pesar de que el grifo del crédito ya se había cerrado, la empresa de Fernández de Sousa y sus filiales recibieron de las dos cajas más de 357 millones de euros en créditos. Él fue uno de los principales defensores de la fusión ideada por Feijóo.

En Vigo, donde la unión de las cajas disgustaba a la clase empresarial, él podía permitirse ser la voz discordante. Porque tenía poder. Lo que empezó siendo una sociedad familiar, la que fundaron su padre, sus hermanos y otros socios en los años sesenta del siglo pasado, acabó convertida en un verdadero imperio empresarial.

Entre sociedades dependientes, filiales, empresas subsidiarias, participadas y uniones estratégicas, Pescanova encabezaba un grupo formado por 151 empresas presentes en más de 25 países. Tenía más de 30 fábricas y factorías de procesado de pescado y productos del mar y medio centenar de plantas de acuicultura, además de una flota con noventa buques factoría. Es decir más que todos los buques de gran calado que forman la armada española.

Barco de la flota de Pescanova. PESCANOVA

A pesar de ser toda una multinacional con intereses en los cinco continentes, Pescanova seguía siendo en cierto modo un empresa familiar. Y, de hecho, junto a Fernández de Sousa, algunos de sus parientes más cercanos también podrían ir a la cárcel. Para su hijo Pablo Javier Fernández Andrade, el juez pide 13 años y seis meses de cárcel. Para su hermano Fernando Fernández de Sousa, diez años y medio. Para Alfonso Paz Andrade, hijo del socio y amigo de su padre Valentín Paz Andrade, doce años y medio. Para su mujer, María del Rosario Andrade Turell, tres años. La acusa de colaborar en el desfalco por transferir 5,2 millones de dólares de una empresa tapadera de su marido a una cuenta en Hong Kong en el año 2013, cuando la instrucción ya había empezado y con el objetivo de evitar que la justicia española pudiera fiscalizar ese dinero.

Apenas dos años antes de aquella transferencia, cuando aquel barco con una depuradora dio media vuelta en el portiño de Morás, Fernández de Sousa seguía teniendo una imagen pública de empresario paternal, responsable y triunfador. Claro que otro de los campos en los se cuidó de tener amigos fue en el de los medios de comunicación. Llegó a ser patrono de la Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre, que lleva el nombre del propietario del grupo de medios vinculados a La Voz de Galicia. En ese patronato se sentaban otros poderosos gallegos como Manuel Jove, el fundador de la constructora Fadesa y que en aquella época era el mayor accionista individual del BBVA; José María Castellano, ex vicepresidente de Inditex y de NovaCaixaGalicia; José María Arias, ex presidente del Banco Pastor; José Arnau, vicepresidente de la Fundación Amancio Ortega, y Roberto Tojeiro, presidente de Gadisa, la empresa gallega con más facturación de entre las que no forman parte del entramado empresarial del dueño de Inditex.

La Voz era en aquellos tiempos el periódico más leído de la comunidad y todos los patronos de la Fundación ejercían sobre él cierta influencia editorial. La de Fernández de Sousa estaba entre las más notables. También la ejercía sobre la mayoría del resto de los diarios gallegos a los que premiaba con golosas campañas de publicidad y planas a todo color en páginas impares, las más caras.

Un buen ejemplo fue el secuestro del Vega 5, un palangrero de bandera mozambiqueña operado por Pescamar, filial de Pescanova, que fue capturado por piratas somalíes en diciembre del 2010. Entre su tripulación había dos marineros gallegos. Pero al contrario que en otros secuestros, como el del Alakrana o el del Playa de Bakio, atuneros armados por empresas vascas y sobre los que los periódicos de Galicia dieron amplia, diaria y cumplida información mientras no fueron liberados, con el Vega 5 no pasó lo mismo.

Fernández de Sousa no quería que ninguna exclusiva pudiera poner en peligro el rescate, o que la imagen de su empresa resultara perjudicada si algo salía mal. Y ordenó silencio. Lo hubo. Incluso exigió que en las fotos, si las había, se ocultara el logotipo de su grupo en la torre del barco. Hasta llegó a utilizar a amigos comunes para presionar al director gallego de un diario nacional que osó publicar en su web un vídeo con imágenes de los pescadores secuestrados.

Según el juez De la Mata, Pescanova ya se encontraba en situación de insolvencia en el año 2009. Pero dos años después, en el verano del 2011, cuando al Gobierno gallego se le ocurrió emplazar una depuradora flotante a unos cientos de metros de una de sus piscifactorías para resolver un problema de lustros de los mariscadores, Fernández de Sousa seguía siendo un hombre poderoso.

El mismo día en que el presidente de la Xunta se plegó a sus deseos y ordenó al barco que toaba la depuradora que diera media vuelta, un empleado de Pescanova envió a Fernández de Sousa la foto del buque reculando, tomada con un móvil. Desde el suyo, y como muestra de su poder, Fernández de Sousa se la rebotó a los directores generales, consejeros delegados y directores de varios periódicos gallegos. Fue la que publicaron al día siguiente.