Un mes después de celebrar su deliberación, el Tribunal Supremo apura los últimos días antes de dar a conocer su decisión sobre el futuro procesal de los 64 usuarios de las tarjetas black de Caja Madrid, que podría suponer la entrada en prisión de su expresidente Rodrigo Rato.

Según fuentes de las defensas, los recurrentes, aunque sin perder la cautela, confían en que la sala de lo Penal que preside el juez Miguel Colmenero revoque las condenas de entre tres meses y cuatro años y medio de cárcel dictadas por la Audiencia Nacional, o bien aminore estos castigos.

Consideran que la sentencia de la anterior instancia no está lo suficientemente motivada en tanto que recoge los argumentos empleados por la Fiscalía Anticorrupción en su escrito de acusación sin abundar, a lo largo de sus 259 folios, en explicaciones.

De no prosperar esta vía, algunos apelan aún a la posibilidad de que el alto tribunal cambie la calificación jurídica de los hechos y se decante por el supuesto de administración desleal al que también aludían acusaciones como la de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) o la del propio grupo BFA-Bankia, y que fue descartado por la Audiencia Nacional.

Esto abriría la puerta a una sustancial rebaja de las condenas en virtud del Código Penal previo a la reforma de 2015 –aplicado en este procedimiento–, que establece una penalidad menor para este delito respecto a la apropiación indebida; en concreto, prevé un máximo de cuatro años de prisión.

Tras la muerte de su predecesor, Miguel Blesa, el principal beneficiado por una modificación de este tipo podría ser Rato, condenado a cuatro años y medio de cárcel como principal autor de la "merma" de más de 12 millones de euros de Caja Madrid en beneficio de "los intereses lucrativos de sus beneficiarios".

Pero la invocación a la administración desleal no es patrimonio exclusivo de los usuarios de las tarjetas, como muestra el recurso de la CIC, que pide castigar por ambos delitos a los principales gestores de la entidad sobre los que todavía pesa responsabilidad penal, Rato y su ex director general de medios, "colaborador y cómplice" de esta mecánica, Ildefonso Sánchez Barcoj.

Sólo cuatro condenados no interpusieron recurso

De los 64, sólo cuatro exconsejeros de la caja, condenados a entre dos años y doce meses de cárcel, no han interpuesto recurso de casación, entre ellos el expresidente de la CEOE y de Marsans, Gerardo Díaz Ferrán, que estuvo en la prisión madrileña de Soto del Real desde diciembre de 2012 y al que la Audiencia Nacional adelantó su salida por su avanzada edad.

Tampoco se han personado en el Supremo el exsecretario de Estado de Hacienda José Manuel Fernández Norniella y los representantes del PP en la entidad Mercedes Rojo y Ricardo Romero de Tejada, que dispusieron en total más de 500.000 euros con sus respectivas tarjetas.

El pasado 22 de mayo, el tribunal celebró la deliberación y votación de los escritos a puerta cerrada después de que ninguna de las partes solicitara una vista pública, como sí sucedió en otros procesos mediáticos revisados recientemente como el caso Noós.

Sin embargo, apuntan fuentes jurídicas, la complejidad de los asuntos tratados ha aumentado la carga de trabajo de los magistrados, obligados a reunirse en varias ocasiones fuera de calendario.

A ello aludía la sala a comienzos de mes, cuando anunció que prorrogaba un mes su decisión final ante la "imposibilidad de dictar sentencia" en los diez días siguientes que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim).

De este modo, y a falta de posteriores peticiones de amparo ante el Constitucional, el Supremo pondrá en las próximas semanas punto y final al periplo de las black en un fallo que marcará la fotografía del gran juicio por la pieza principal del caso, la salida a Bolsa de Bankia, que comenzará el próximo noviembre.