Los últimos datos conocidos y las previsiones de diferentes organismos apuntan a una desaceleración de la economía española en los últimos meses.

Algunos dirigentes de la oposición y los medios más críticos con Pedro Sánchez han pedido explicaciones al Gobierno por esta circunstancia, de la que le culpan.

¿Hay de verdad una desaceleración?

Sí, la hay sin duda. El Producto Interior Bruto (PIB) está creciendo poco más del 2,5%, lejos de las tasas alcanzadas en 2015 (3,6%), 2016 (3,2%) y 2017 (3,0%). De todas formas, el Gobierno mantiene la previsión de cerrar 2018 en el 2,7%, contra la opinión de la mayor parte de los expertos, que son más pesimistas.

¿A qué se debe?

Hay factores externos e internos. Entre los primeros destacan dos: la contracción del comercio internacional, en particular en la Unión Europea, y el aumento de los precios del petróleo después de años en niveles excepcionalmente bajos. Eso ha hecho que las exportaciones, determinantes en la recuperación, vayan mucho peor. En el segundo trimestre restaron dos décimas al PIB.

¿Y los factores internos?

El encarecimiento del petróleo ha traído consigo un rebrote de la inflación, que se situaba en agosto en el 2,2% en términos interanuales. Eso ha tenido un impacto demoledor en el consumo de las familias, sobre todo en lo que se refiere a la compra de bienes que no son de primera necesidad.

¿El paro también habrá tenido su influencia?

Por supuesto. El paro es causa y efecto, a la vez, de la pérdida de pulso de la economía. Si se consume menos, baja el empleo y la bajada del empleo provoca que se consuma menos. El dato de agosto fue terrible: más de 200.000 personas se quedaron sin trabajo. Desde de 2011, en plena efervescencia de la crisis, no se recordaba un batacazo así en ese mes.

¿Y qué pasa con el turismo?

España se ha beneficiado intensamente en los últimos años de la inseguridad reinante en otros destinos competidores. Pero, de un tiempo a esta parte, han entrado en juego factores como la depreciación de la lira turca, que ha derivado hacia ese país a miles de turistas alemanes que antes venían a España.

¿Acaso no era previsible esta ralentización?

Sí, lo era. De hecho, el propio Banco de España viene insistiendo en ello desde hace meses, igual que diversos organismos internacionales. El último en hacerlo ha sido la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que auguró este verano un retroceso del crecimiento de 14 décimas para el conjunto de la Unión Europea en 2018. En España, la caída llegará a 20 centésimas.

El presidente del Gobierno, Pedró Pérez, con el nuevo gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos (nombrado por Mariano Rajoy), y la ministra de Economía, Nadia Calviño, en el Palacio de la Zarzuela, el dia de la promesa de cargo del regulador financiero ante Felipe VI. EFE/J.J.Guillen

¿Qué responsabilidad tiene el Gobierno actual?

Hay opiniones para todos los gustos. Desde la filas de la oposición política y mediática se asegura que mucha. Pero lo cierto es que los factores externos de la desaceleración escapan a su control y los internos tienen un carácter estructural y, por lo tanto, son difíciles de eliminar en poco más de cien días en el poder.

¿Cuáles son esos factores estructurales?

El más importante, quizás, la fuerte dependencia que tiene España del petróleo y su consiguiente sensibilidad a cualquier variación en los precios, para lo bueno y para lo malo. Otro es la concentración de las exportaciones en la Unión Europea, a la que van nada menos que el 70%. Ambas requieren políticas correctoras de amplio alcance, cuyas consecuencias sólo se verían a largo plazo.

Sin embargo, la derecha culpa al Gobierno del paro…

Y lo hace olvidando que datos tan dramáticos como el de agosto obedecen a la insostenible rotación de contratos que es posible gracias, básicamente, a la reforma laboral impuesta en 2012 por el PP y que Ciudadanos tampoco tiene interés en atenuar.

¿Qué futuro podemos esperar?

Depende de cómo evolucionen el comercio mundial, el precio del petróleo y el comportamiento del sector público, que puede actuar como agente dinamizador de la economía después de años de recortes. El problema son las dificultades para llegar a acuerdos presupuestarios en un Congreso de los Diputados ideológicamente dividido y la constante amenaza de que el Banco Central Europeo (BCE) retire los estímulos monetarios que han mantenido inusualmente bajos los tipos de interés.