El acuerdo presupuestario que han firmado este viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, contempla una subida del Impuesto sobre la Renta (IRPF) para los contribuyentes con mayores ingresos. Este es uno de los puntos que se incluyen en el texto del borrador presupuestario que el Gobierno enviará a Bruselas antes del 15 de octubre.

Así, el tipo máximo del IRPF se elevará 2 puntos para las rentas a partir de 130.000 euros en 2019 y aumentará 4 puntos para los ingresos superiores a 300.000 euros. Actualmente, el tipo máximo del impuesto se sitúa en el 45% en el tramo estatal, para las rentas superiores a los 60.000 euros; el acuerdo, por tanto, supone añadir dos tramos más a la tabla del impuesto.

De esta forma el Ejecutivo ha rebajado su propuesta inicial de subir el IRPF a las rentas de más de 140.000 euros, al tiempo que Podemos ha elevado la suya superando los 120.000 euros que pedía inicialmente.

Asimismo, se elevará la fiscalidad del ahorro, que se incrementará en cuatros puntos porcentuales para los rendimientos superiores a los 140.000 euros, hasta el 27%. Ahora las plusvalías de más de 50.000 euros están gravadas con un tipo del 23%.

El acuerdo contempla también un aumento del Impuesto sobre el Patrimonio, que se incrementará un 1% para las fortunas de más de 10 millones de euros, al tiempo que se rebajará al 4% el tipo del IVA aplicado a los productos de higiene femenina y al 10% el que grava los servicios veterinarios.

En el Impuesto sobre Sociedades, se creará un tipo mínimo del 15% sobre la base imponible para los grupos que tributan en régimen de consolidación fiscal y las empresas no integradas en grupos cuyo importe neto de la cifra de negocios sea igual o superior a 20 millones de euros, por lo que no afectará a las pymes.

Adicionalmente, para las entidades de crédito y explotación de hidrocarburos el tipo de gravamen será del 18%, dado que cuentan con un tipo nominal incrementando del 30%, frente al 25% general.

También se limitan las exenciones por dividendos y plusvalías generados en el exterior, que gozan actualmente de una exención del 100% y que se reducirá al 95%, por lo que las empresas tributarán por el 5% de las ganancias que obtengan de sus filiales en el exterior, como permite la directiva matriz-filial, según reza en el acuerdo.

Para las pymes que facturen menos de un millón de euros se reduce el tipo nominal del 25% al 23%.

El acuerdo contempla, igualmente, la creación de un Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, que gravará aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros. El nuevo tributo gravará el 3% de los servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario.

Además, se crea un Impuesto sobre las Transacciones Financieras, consistente en gravar con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero. Solamente se someterán a tributación al 0,2% las acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros. No se gravará la compra de acciones de pymes y empresas no cotizadas. Quedan fuera del ámbito del Impuesto la deuda, tanto la pública como la privada, y los derivados. Según destacan los firmantes del acuerdo, se trata de una medida que proponen e impulsan 10 países de la UE.





En materia de sociedades de inversión de capital variable (sicav), el acuerdo prevé otorgar a la Agencia Tributaria competencia para declarar posibles incumplimientos y se plantean requisitos adicionales para que puedan beneficiarse del tipo impositivo reducido, como un tope de concentración de capital en manos de un mismo inversor.

Se establece además que las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (socimi) tendrán que pagar un 15 % del impuesto de sociedades sobre sus beneficios no distribuidos.



Así, se establece una cuota líquida mínima de un 15 % sobre la base imponible del impuesto de sociedades para los grupos que tributan en régimen de consolidación fiscal y empresas no integradas en grupos con una cifra de negocios de al menos 20 millones de euros, con el objetivo de evitar un uso excesivo de deducciones y bonificaciones.

Este tipo mínimo se sitúa en el 18 % en el caso de las entidades de crédito y de explotación de hidrocarburos, que son las que tienen un tipo nominal incrementado en este impuesto -el 30 % en lugar del general del 25 %-.

Adicionalmente, se limita la exención de tributación de la que disfrutan los dividendos y plusvalías generadas por filiales, que ahora es del 100 % y que se reducirá en un 5 %.

En cambio, el tipo nominal del impuesto de sociedades de las pequeñas empresas, aquellas que facturan menos de un millón de euros al año, pasa del 25 % al 23 %.


El acuerdo prevé la bajada del IVA a los productos de higiene íntima femenina, que pasaría del 10 % al 4 %, y de los servicios veterinarios, del 21 % al 10 %.

Además, para avanzar en la lucha contra el fraude, se limitan a 1.000 euros los pagos en efectivo entre profesionales, se prohíben las amnistías fiscales y se baja a 600.000 euros el umbral para entrar en la lista de morosos, ahora de un millón de euros. EFE

En cuanto a las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Socimi), que tienen el régimen especial de tributación de las Instituciones de Inversión Colectiva, cuentan con un tipo de gravamen del 0% por las rentas obtenidas en el ejercicio de su actividad principal (alquiler y renta de inmuebles). Por las rentas que perciben en otro tipo de actividades, las Socimi tienen que pagar un tipo de gravamen del 25%. A partir de ahora, se acuerda aplicar un tipo de gravamen del 15% sobre los beneficios no distribuidos por este tipo de entidades.

El acuerdo suscrito entre el Gobierno y Unidos Podemos otorga a los órganos de inspección de la Agencia Tributaria (AEAT) la competencia para declarar a efectos exclusivamente tributarios el incumplimiento de los requisitos establecidos para las sociedades de inversión de capital variable (Sicav) en la normativa financiera.

Las operaciones de este instrumento de inversión colectiva, que exige un capital mínimo de 2,4 millones de euros y 100 partícipes, tributan actualmente al 1% en el Impuesto de Sociedades. Las plusvalías obtenidas lo hacen al tipo fijado para las rentas de capital.

De esta manera, con independencia de que sea la normativa financiera la que recoja la definición del concreto número mínimo de accionistas, el Gobierno y Podemos creen que no resulta justificado que se considere incompetente a la AEAT para la comprobación del requisito del que la normativa tributaria hace depender expresamente la aplicación de un régimen tributario especial (en especial tributación al 1% en el Impuesto sobre Sociedades).

Igualmente se establecerán requisitos adicionales para la aplicación por las Sicav del tipo impositivo reducido tendentes a asegurar su carácter de instrumento de inversión colectiva. Por ejemplo, el establecimiento de un tope de concentración de capital en manos de un mismo inversor (incluyendo la participación de personas físicas o jurídicas vinculadas), medida que, si bien podría hacer disminuir el volumen del capital que recibirían estas entidades, "objetivaría el carácter colectivo de este vehículo de inversión facilitando la regularización por la AEAT de los supuestos de uso fraudulento de Sicav", según reza el acuerdo.

En materia de lucha contra el fraude fiscal, se alineará la lista nacional de paraísos fiscales con los estándares y listas adoptados en el marco internacional, se limitará el uso efectivo a 1.000 euros entre empresarios y profesionales (no afectará a lo pagos de ciudadanos a título individual) y se añadirá a la lista de morosos a los responsables solidarios y se reducirá el importe de deuda para ser incluido en la lista a 600.000 euros desde el millón actual.