Las prácticas abusivas de la banca española, han provocado cerca de un millón de pleitos en apenas cinco años, en los que los consumidores han interpuesto cientos de miles de demandas para reclamar la nulidad de las cláusulas suelo de sus hipotecas, la devolución del dinero cautivo o esfumado tras un endose de participaciones preferentes y subordinadas en vísperas de la intervención del sector o la anulación de los créditos 'swap', en los que el interés se disparaba sin que quien lo había contratado llegara a entender por qué.

A estos procedimientos, en los que las familias españolas se jugaban varios miles de millones de euros, hay que sumarles otros como la avalancha de demandas de pequeños accionistas de Banco Popular que vieron cómo los 2.000 millones de euros de la ampliación de capital de la primavera de 2016 se esfumaban con la ‘resolución’ de la entidad y su venta por un euro a Santander apenas un año después. Más de 45.000 poseían pequeñas carteras, de menos de 20.000 euros.

Pero los consumidores no solo han presentado demandas. También han tenido que defenderse en los tribunales de las ejecuciones hipotecarias (324.195 desde 2013, 695.259 desde 2008) y de los lanzamientos de sus casas derivados de ellas (143.683 en los últimos cinco años y medio), que han llevado a las entidades financieras a sufrir una indigestión de ladrillo de la que ahora se están beneficiando los fondos de inversión, que se están convirtiendo en los amos del parque inmobiliario español.

Todo esto comenzó a ocurrir a finales de la década pasada, poco después de que el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, proclamara que España “tiene un sistema financiero sólido y fuerte y es el único país desarrollado que no ha visto la crisis de un banco”, y arreciaba cuando su sucesor, Mariano Rajoy, daba por bueno el coste de un rescate que, tras pasar en el discurso oficial de ser innecesario a no prever pérdidas para las arcas públicas, acabó superando los 42.000 millones de euros después de haber movilizado más de 350.000.

El 97% de las cláusulas denunciadas son abusivas

El grueso de las demandas lo están provocando las cláusulas hipotecarias, entre las que destacan por su número las que establecían un mínimo de intereses excesivo, junto con las de vencimiento anticipado, las de intereses moratorios, las de gastos de formalización o las multidivisa.

Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre el 1 de julio del año pasado y el 30 de junio de este se han presentado, pese al decreto para promover los acuerdos entre banco y cliente tras declarar la retroactividad de las indemnizaciones el Tribunal de Justicia de la UE, 247.381 demandas contra las entidades financieras por este motivo. En esos doce meses, los jueces han resuelto 40.389 casos, con estimación de la demanda en 39.303 ocasiones: el 97,3% de las cláusulas denunciadas eran abusivas.

Ese cerca de un cuarto de millón de asuntos está provocando el colapso de los juzgados especializados en cláusulas hipotecarias abusivas, al menos uno por provincia, en los que se acumulan 208.601 asuntos pendientes de resolver. Muchas de esas sentencias son recurridas por los bancos ante las audiencias provinciales, lo que ha llevado al CGPJ a poner en marcha planes de refuerzo en las de Alicante, Valencia, Madrid, Vizcaya, Jaén, Cádiz, Granada, Zaragoza, Barcelona y Badajoz.

Los tribunales provinciales han revisado más de 23.000 fallos sobre cláusulas suelo, según indican los datos del Centro de Documentación Judicial (Cendoj), mientras los juzgados de base apenas consiguen ventilar la cuarta parte de las demandas que reciben.

Esa misma fuente revela cómo en ese mismo periodo las audiencias resolvieron 58.249 casos de preferentes, 10.236 de subordinadas y 9.653 de ‘swap’. Suman 78.138, lo que indica, como poco, la existencia previa de otras tantas resoluciones sobre este tipo de productos financieros en los juzgados de Primera Instancia, a los que hay que sumar las no recurridas y las causas en trámite.

Normas de transparencia y ejecuciones hipotecarias

La magnitud de las prácticas engañosas de la banca, a la que se sumaron los de algunas empresas en los años posteriores al estallido de la burbuja inmobiliaria e hipotecaria (solo las preferentes vascas atraparon a 40.000 familias), llevó al Gobierno a poner en marcha la llamada normativa Mifid, con la que se imponían al sector una serie de requisitos de transparencia a la hora de colocar productos financieros a sus clientes.

No ocurrió lo mismo con las ejecuciones hipotecarias, que llevaron a la banca a presentar en una década casi 700.000 demandas (695.259) con las que acabó atiborrándose de activos tóxicos y sufriendo una ‘indigestión’ de ladrillo de la que ahora se están aprovechando los fondos de inversión, algunos de los cuales se han convertido en los principales propietarios de vivienda del país.

En este caso, el ejecutivo de Mariano Rajoy optó por llevar al Constitucional varias normas autonómicas de vivienda, como el decreto de emergencia de Aragón o la ley andaluza de Función Social de la Vivienda, que pretendían sentar las bases para evitar los desahucios sin techo alternativo.

Solo en los últimos cinco años y medio, desde principios de 2013, las entidades financieras han pedido a los tribunales la ejecución de 324.195 hipotecas y el desalojo de 143.683 viviendas y locales. Salen sendas medias de 1.113 y 502 por semana, si bien es cierto que el ritmo bajó a 543 y 424 en el primer semestre de este año.