El Gobierno ha aprobado este jueves una modificación de la normativa del Impuesto sobre Sociedades para que las entidades financieras no puedan deducirse el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) de las hipotecas. El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto ley el que obliga a los bancos a asumir el pago del AJD) de las hipotecas, en lugar de hacerlo los clientes, como ocurría hasta ahora.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el decreto ley introduce un párrafo en el artículo 29 de la ley del AJD, que establece que cuando se trate de un préstamo con garantía hipotecaria, se considera sujeto pasivo al prestamista, y "así no deja lugar a dudas". Además, el decreto ley modifica el artículo 15 de la ley de Sociedades, para dejar claro que el gasto no será deducible por el prestamista.

La ministra ha declarado que confía en "no tener dificultades para su convalidación del decreto, ya que la mayoría de los grupos políticos se han mostrado partidarios de la defensa del consumidor. 

Montero ha confirmado también que el Ministerio de Economía anunciará en unas semanas la puesta en marcha de una autoridad para evitar que las entidades financieras apliquen cláusulas abusivas para contrarrestar el pago del impuesto. 

Montero ha justificado la urgencia de estos cambios por la "confusión" generada después de que el Tribunal Supremo dictaminara que son los ciudadanos quienes tienen que abonar el impuesto, pese a que previamente lo había asignado a la banca.

El decreto, ha dicho. tiene como "único" objetivo "que los ciudadanos no tengan que pagar más este impuesto, que ahora pagarán los bancos", ha añadido, y si no se ha planteado su eliminación, ni siquiera en aquellas comunidades autónomas donde gobierna, ha explicado la ministra, es porque aporta unos 2.000 millones de euros a las arcas públicas, que se destinan a Sanidad, Educación y Dependencia. Los que abogan por su eliminación tendrán que plantear qué instrumentos alternativos ofrece para estos recursos, o habrá que "pensar" que quieren "limitar" el Estado del bienestar.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer este cambio normativo pocas horas después de que el pleno de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo decidiera, en un agrio debate y por 15 votos contra 13, que la tasa debía asumirla el cliente y no las entidades financieras, en contra de lo determinado en tres sentencias de mediados de octubre. La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha explicado que esta medida se adopta para expresar "con toda contundencia y claridad" que el impuesto lo paga la banca.

La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha explicado que incluso antes de conocerse la "controvertida" sentencia del Supremo el Gobierno ya había manifestado su voluntad de estar junto a los ciudadanos y prestar el apoyo necesario a las comunidades autónomas depositarias de este gravamen.

"Con todo respeto a la autoridad judicial", ha añadido, el Ejecutivo muestra una vez más su responsabilidad y su rapidez en la actuación "al estar junto a los problemas de los ciudadanos y su resolución", en un tema que afecta a millones de personas. Y es que la compra de vivienda es una cuestión en la que millones de personas "ponen la ilusión de su vida, es un proyecto vital", ante lo que el Gobierno "ha mostrado su responsabilidad y rapidez en la respuesta actuando en 24 horas".

Pero siempre "con todo respeto a la autoridad judicial", ya que el Gobierno ha cumplido con su deber dentro de su capacidad ejecutiva con este decreto, que entra en vigor mañana tras su publicación en el BOE.

La agencia de medición de riesgos Moody's ha asegurado este jueves que la banca aplicará "con toda probabilidad" costes adicionales a sus clientes de préstamos hipotecarios, para compensar el pago de este gravamen, que por otro lado tendrá un "impacto limitado" en sus cuentas de beneficios, ya que cuentan con mecanismos para proteger sus márgenes.