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iDental El juez del 'caso iDental' ordena detener a 14 personas por un fraude de 60 millones

Los detenidos están acusados de captar fondos de inversores internacionales para supuestamente reflotar empresas pero que finalmente acababan en su bolsillo. Se les imputan varios delitos: administración fraudulenta, pertenencia a organización criminal, estafa continuada, apropiación indebida, alzamiento de bienes, falsedad documental y blanqueo de capitales

Registro policial de una de las sedes de iDental. EFE

PÚBLICO | europa press

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha ordenado la detención de 11 personas y varios registros en seis provincias en el marco de la macrocausa que investiga el fraude de las clínicas de iDental. Dos de los arrestados son los fundadores de la empresa y uno de ellos se encontraba en Reino Unido. Todos los detenidos están relacionados con un fraude de 60 millones de euros a través de la captación de fondos con la aparente intención de reflotar empresas.

A los detenidos se les imputan delitos de administración fraudulenta, pertenencia a organización criminal, estafa continuada, apropiación indebida, alzamiento de bienes, falsedad documental y blanqueo de capitales.

Según la investigación que dirige el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, los sospechosos captaban fondos de inversores internacionales y entidades de crédito con la aparente intención de comprar y reflotar empresas en crisis. Pero en realidad las descapitalizaban y desviaban los fondos para su enriquecimiento personal. La cuantía de lo defraudado podría superar los 60 millones de euros.

Además de las 11 detenciones ya practicadas —aunque fuentes jurídicas apuntan a que el número podría elevarse a 19 en las próximas horas—, la pasada madrugada agentes de la UDEF también han practicado registros en Madrid, Alicante, Murcia, Granada, Gerona y A Coruña.

Desde el verano pasado, cuando la Audiencia Nacional asumió la instrucción del fraude de iDental, la investigación judicial ha perfilado otros hechos delictivos vinculados a los últimos administradores de las clínicas, ya que las personas detenidas pudieron crear una estructura societaria para conseguir fondos a través de empresas en crisis, en las que invertían supuestamente para reflotarlas.

Sin embargo, su objetivo principal, según los investigadores, era su propio enriquecimiento personal, a través de los fondos desembolsados por diferentes inversores nacionales y extranjeros, a sabiendas de la inviabilidad económica de estas inversiones y en perjuicio de trabajadores, proveedores y clientes. La cuantía total de lo defraudado podría superar los 60 millones de euros.

Testaferros, sociedades pantalla y cuentas puente

En algunos casos, los investigados contaban con la connivencia de empleados de entidades de crédito que se encargaban de conceder los préstamos necesarios para realizar las inversiones. Los miembros de la organización descapitalizaban progresivamente las empresas y, a través de testaferros, sociedades pantalla y cuentas puente, ocultaban el destino final del dinero.

En el caso de iDental, las personas investigadas habrían engañado a los pacientes, a quienes les hacían contratar préstamos para financiar sus tratamientos dentales, con supuestos descuentos de hasta el 80%, a costa de inflar el presupuesto y basándose en supuestas subvenciones de organismos públicos estatales inexistentes y políticas muy agresivas de marketing.

Entre los detenidos figuran los dos fundadores del grupo iDental, uno de los cuales ha sido detenido en el Reino Unido con la colaboración de las autoridades británicas. Al parecer, esta persona estaría planeando implantar nuevas clínicas odontológicas en aquel país.

La macrocausa de iDental fue asumida por De la Mata el verano pasado debido a la magnitud de la investigación y a que afecta a casi todas las comunidades autónomas, allí donde la empresa había abierto clínicas. El juez ha decidido estructurar el caso abriendo piezas separadas para cada uno de los procesos de denuncia incoados —sean individuales o grupales— y ya suman más de 1.500, todas ellas por presuntos delitos de estafa continuada, apropiación indebida, falsedad documental, administración fraudulenta, lesiones, contra la salud pública, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales.

Pero además, según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, el magistrado también ha abierto una pieza separada para cada una de las víctimas y, sin que se haya efectuado aún un recuento total de afectados, ya superan en la causa más de 8.000.

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