La facultad de las empresas de dejar en suspenso mejoras clave de la negociación colectiva fue potenciada por la reforma laboral del febrero de 2012 so pretexto facilitar su supervivencia en pleno apogeo de la crisis económica.

Sin embargo, cuatro años después del inicio de la recuperación, muchas de ellas siguen ejerciendo esa facultad, que les exime de aplicar lo pactado en materias como los salarios o la distribución del tiempo de trabajo, entre otras.

Por supuesto, no lo pueden hacer unilateralmente, sino mediante acuerdo con los representantes de los trabajadores; pero la capacidad de iniciativa es suya y también la obligación de demostrar que se reúnen los requisitos exigidos para ello. En caso de discrepancia, tienen la posibilidad de apelar a la correspondiente comisión consultiva regional de convenios colectivos o a la nacional, si se trata de empresas con centros de trabajo en más de una comunidad autónoma.

Las causas por las que se puede plantear la inaplicación de un convenio colectivo son de cuatro tipos: económicas, técnicas, organizativas, y productivas.Las económicas, que son las más frecuentes, se entiende que concurren cuando la empresa presenta pérdidas, previsión de pérdidas o una “disminución persistente” de su volumen de ingresos (dos trimestres consecutivos), según la vigente redacción del artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores.

Desde marzo de 2012 se han inaplicado 10.159 convenios, siendo 2013 el año con una incidencia mayor (2.512). A partir de entonces, la cifra ha ido bajando paulatinamente, como muestran las estadísticas sobre la negociación colectiva que cada mes publica el Ministerio de Trabajo. En 2018, pese a vivir España una etapa de crecimiento sostenido, aún hubo 987 convenios de los que quedó en suspenso alguna mejora fundamental, sobre todo las relacionados con los salarios.

Las empresas que más recurrieron a este procedimiento fueron las del sector servicios, donde se registraron 729 inaplicaciones (un 74% del total), seguido a mucha distancia de la construcción, con 115, y la industria, con 105.

Por tamaño, fueron las pequeñas (de uno a 49 trabajadores) las más propensas a descolgarse de los convenios (820), aunque hubo 18 de las grandes (más de 250 trabajadores) que también lo hicieron.

Las inaplicaciones no sólo afectan a los convenios de empresa, sino sobre todo a los de ámbito superior (sectoriales o territoriales), que suelen ser los que mejores condiciones contemplan para los trabajadores, debido a la mayor capacidad de negociación de sus representantes sindicales en esos niveles. En concreto, el año pasado sólo 14 de los 987 no aplicados pertenecían al ámbito de la empresa.