"Es la doble lucha del nuevo precariado: primero ser reconocidos como trabajadores por cuenta ajena, ser laboralizados, y después encuadrarlos en un convenio de sector”, explica Pablo Agustín, abogado laboralista vinculado a CNT. Las administraciones y los jueces están comenzando a dar pasos en ese sentido.

Los que hasta hace poco eran falsos autónomos como los riders que reparten comida a domicilio están pasando a integrarse en el convenio de hostelería como asalariados, los de los mataderos van siendo adheridos a los marcos sectoriales de la industria cárnica, la limpieza o las oficinas, según su ocupación, y los trabajadores que se encargan de recoger, recargar y distribuir los patinetes eléctricos comienzan a ser adscritos al sector del comercio del metal, el mismo que incluye a los empleados de los concesionarios de automóviles o de las empresas de alquiler de coches.

Esta última decisión la ha tomado la Inspección de Trabajo de Zaragoza, que, a raíz de una denuncia del sindicato Osta, ha dictaminado la ilegalidad de aplicar, tanto a los trabajadores como a los contratados vía ETT, el convenio de consultoría y estudios de mercado, algo que Lime había decidido argumentando que se trata de una empresa de servicios. Optaba por un convenio con condiciones salariales y laborales inferiores.

"La actividad de la empresa principal no es la de consultoría, sino el alquiler de patinetes eléctricos propiedad de la misma que realiza mediante una aplicación móvil", señala la resolución, que destaca que en el caso de las llamadas empresas multiservicios "no existe un convenio sectorial único aplicable" sino que deben vincular a cada trabajador al de su tarea. "Se sientan las bases para una aplicación correcta de la legislación en este innovador modelo de negocio", señala el sindicato en un comunicado.

“La digitalización está marcando las relaciones laborales”

"El negocio no es la plataforma a través de la que se trabaja sino lo que se vende", explica Manuel González Labrada, profesor de Derecho del Trabajo en la universidad de Zaragoza, para quien "la cuestión es determinar en qué sector operan esos trabajadores. Se está acotando la funcionalidad, aunque eso abre nuevas líneas, como definir si los repartidores de comida trabajan en el transporte o en la hostelería".

No obstante, "lo que está claro es que por mucho que se utilicen plataformas digitales no podemos decir que se trata de empleados del sector informático", ironiza. El TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea) llegó a esa misma conclusión con los trabajadores de las VTC: "es un servicio de transporte y, por lo tanto, que no responde a la calificación de ‘servicio de la sociedad de la información", sentenció.

“Estas situaciones, lo que se conoce como ‘uberización’ de la economía o el postfordismo, se dan bastante en sectores emergentes, aunque ya llevaban tiempo produciéndose en sectores como la industria cárnica, con la que la Administración tenía bastante permisividad”, apunta Agustín.

Ambos coinciden en que los casos de vacío legal a la hora de aplicar convenios a nuevas ocupaciones no son algo nuevo, sino que se trata de una constante vinculada a la evolución de los negocios. Ocurrió con los repartidores y los mensajeros en los años 80, se repitió hasta hace poco con el telemarketing, cuyos trabajadores pasaron años adscritos al sector de oficinas y despachos, y sigue dándose con los captadores de socios para oenegés, que siguen en ese último marco “aunque tampoco define exactamente su actividad”, anota Agustín.

"Los conflictos aparecen conforme evolucionan los sectores y aparecen nuevas ocupaciones, por lo que lo normal sería que hubiera procesos de negociación colectiva, ya fuera en el ámbito de la empresa o en el del sector", señala el abogado, mientras el profesor anota que "hay una problemática con la digitalización que hemos de abordar. Y ahora viene la robotización. La digitalización y la internalización de los negocios están marcando las relaciones laborales, y la tecnología está incidiendo en los procesos de trabajo".

Un desafío para los sindicatos

Esa proliferación de nuevas ocupaciones y el cambio en las relaciones laborales con la extensión del nuevo precariado está cogiendo a los sindicatos de clase con el pie cambiado, que también encuentran problemas para encajar a los precarios en sus federaciones.

"Estos nuevos sectores no operan de la misma manera que los tradicionales, y eso es un desafío para el mundo sindical", indica Agustín, que señala la atomización de las plantillas, cuyos integrantes a menudo ni siquiera tienen un centro de trabajo como lugar físico de referencia donde relacionarse con sus compañeros, como un obstáculo para canalizar sus demandas.

"Parece utópico pensar en organizar secciones sindicales en sectores atomizados", señala, aunque, en el fondo, "algunos que también lo están, como la hostelería, tienen su propio convenio, por lo que nada debería impedir que por ejemplo los riders puedan acabar consiguiendo tener el suyo".

De hecho, existen recetas para lograr el reconocimiento como grupo. Entre otras, plantear un conflicto colectivo a la empresa y, si esta toma represalias, presentar una demanda de protección de los derechos fundamentales en los juzgados de lo Social.

La adscripción, el segundo paso

El de la adscripción a un convenio, no obstante, sería siempre un segundo paso tras la laboralización en el caso de los falsos autónomos. Porque “¿cómo va a tener convenio una empresa que intenta eludir las relaciones laborales? Eso sería como tirarse piedras a su propio tejado”, plantea el profesor.

De hecho, y gracias a medidas como la tarifa plana, lleva años extendiéndose la contratación de falsos autónomos, entre 320.000 y 335.000 en todo el país, como mano de obra para la “finalización de productos”, indica González.

“Se integran en un proceso productivo y colaboran en el resultado final sin disponer de autonomía para organizar su trabajo, con lo que serían trabajadores por cuenta ajena. Luego, a la hora de encuadrarlos en un convenio, lo fundamental es determinar el ámbito de su actividad”, añade.