La Iglesia católica, a través de la Conferencia Episcopal, suele tener activa todos los años por estas fechas una profusa campaña de publicidad destinada a promover que los contribuyentes marquen la casilla de la asignación tributaria en su declaración de la renta.

Según los últimos datos hechos públicos por la institución religiosa, correspondientes al ejercicio de 2016, la Conferencia Episcopal dedica a la campaña, cuyo lema es “Xtantos”, unos cinco millones de euros, el 1,9% del dinero que obtiene por esa vía.

Para hacerse una idea de la importancia que la Iglesia da a esta campaña, basta decir que emplea en su financiación poco menos de lo que la propia Conferencia Episcopal aporta a Cáritas, su organización de ayuda a los más necesitados: 6,2 millones de euros.

Sin embargo, la realidad es que el volumen de la asignación tributaria varía poco de un año para otros desde que entró en vigor en 2007 como consecuencia del acuerdo alcanzado entonces entre la jerarquía católica y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

En virtud de dicho acuerdo, los ciudadanos que lo desean pueden solicitar a Hacienda que destine a la Iglesia un 0,7% de su contribución por IRPF, que deja de estar disponible así para sufragar cualquiera de los otros gastos que el Estado atiende.

La solicitud se realiza marcando una casilla incluida a tal efecto en la declaración de la renta, de la que suelen hacer uso un número bastante estable de contribuyentes: entre 7 y 7,5 millones, dependiendo de los años (el más bajo fue 2007, con 6,9, y el más alto 2010, con 7,4).

La cifra que recibe la Conferencia Episcopal tampoco sufre normalmente grandes variaciones, aunque la crisis económica también afectó a la asignación tributaria: de los 252,7 millones de euros de 2008 se bajó a 247,1 en 2013 (un 3,5% menos).

Por términos medio, la asignación tributaria asciende a unos 250 millones al año, lo que significa que en los doce primeros de vigencia (de 2007 a 2018) la Iglesia se habrá embolsado por este concepto del orden de 3.000 millones de euros.

Ese dinero es independiente del que la institución recibe del Estado a través de subvenciones (conciertos educativos y sanitarios) y de las exenciones fiscales que disfruta (IBI de los inmuebles destinados al culto), entre otras ayudas.

Según organizaciones como Europa Laica, en total la Iglesia percibe fondos públicos por importe de 11.000 millones anuales, lo que equivale al 1% del Producto Interior Bruto (PIB) en número redondos.

El destino de la asignación tributaria es el sostenimiento de la estructura eclesial, y de ahí que en su mayor parte sea redirigido por la Conferencia Episcopal a las distintas diócesis, que administran un 80% de los 250 millones.

La segunda partida en importancia es la Seguridad Social del clero (16,3 millones de euros en 2016) y, ya a mucha distancia, la aportación a Cáritas (6,2 millones) o a centros de formación como la Universidad Pontificia de Salamanca (6,0 millones).

De la asignación tributaria también sale el sueldo de los obispos, que costaron 2,2 millones de euros en 2016.