"Yo no he hecho nada. Tan solo vivir allí. El piso me lo ofreció la Comunidad de Madrid", explica A. G. F., inquilina de una de las 160 viviendas de la urbanización de VPO del número 10 del Paseo de la Democracia de Torrejón de Ardoz a las que Fidere, una empresa filial del fondo buitre Blackstone, el principal casero del país, ha situado en una encrucijada que les asfixia: o aceptan comprar la vivienda que ocupan por un precio hasta 70.000 euros superior al de mercado o asumen una subida del arriendo de 300 euros (de 700 a mil) mensuales, además de perder la capitalización de casi 20.000 euros (la mitad del alquiler de siete años). O se van, claro.

"Me toca las narices que esta gente le eche tanto morro a la vida. Si me tengo que ir, me iré peleando", señala A.G.F., que explica cómo "la mayoría de la gente se ha ido o ha aceptado el nuevo alquiler" aunque sea como opción temporal, lo que conlleva la anulación de la opción de compra. Casi nadie la ejecuta.

Los pisos de Democracia, 10 (20 bloques de ocho casas) forman parte de un paquete de 1.800 pisos construidos bajo el paraguas del Plan de Vivienda 2005-2009 que, aunque su propósito inicial era fomentar el alojamiento de jóvenes mediante la fórmula del alquiler con opción a compra (el derecho nacía a los siete años y capitalizaba el 50% de la renta), el fondo Blackstone adquirió por 126 millones de euros a mediados de la pasada legislatura: le salieron por apenas 70.000 euros cada uno, pero pretende venderlos por precios que, en el caso de A.G.F. y de buena parte de sus vecinos, llegan a cuadruplicar esa cifra.

Ella, madre de dos niños y que se gana la vida encadenando contratos de investigadora universitaria, ha decidido plantar cara al fondo buitre, al que esta semana demandará en los tribunales para reclamar la ejecución de la opción de compra en las condiciones que marca la comunidad, que supondrían una rebaja de en torno a 70.000 euros. "Serían 219.000 euros por un piso de cuatro habitaciones; es caro, sí, pero es mi casa: aquí han crecido mis hijos", dice.

Su abogado, Héctor Martínez, basa la demanda en dos puntos. Por una parte, señala, “hay un desequilibrio total en la relación contractual”, en la que la filial del fondo pretende imponer sus condiciones. Y, por otra, destaca, “con la venta al fondo se ha modificado el objeto inicial del negocio, que era facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda”.

"Aquello era La Pampa"

La historia de A.G.F. es uno de los numerosos dramas que ha generado el trasvase de promociones de vivienda protegida a fondos de inversión en la comunidad de Madrid en los últimos años, que ha dejado a miles de familias en la calle, ha obligado a otras a aceptar condiciones leoninas para seguir teniendo un techo y ha forzado a muchas a abandonar sobre la marcha, y perdiendo sumas notables de dinero, la senda vital que pretendían construir.

Ella, del barrio del Pilar, se apuntó en 2005 en la EMV (Empresa Municipal de Vivienda) del Ayuntamiento de Madrid entrada en la treintena y cansada de vivir en los pisos compartidos a los que la precariedad había limitado su expectativa habitacional.

Al año siguiente "tuve la 'suerte' de que me tocara un piso", ironiza. "Me dijeron que no podía ser en Madrid y que me había tocado en Torrejón, pero todavía se tenía que construir", recuerda. Era una de esas operaciones inmobiliarias en otros municipios de la comunidad en las que se embarcaba la EMV de los tiempos de Alberto Ruiz-Gallardón.

Cinco años después le entregaban un ático de dos habitaciones en el portal 10 de Democracia, por el que pagaba 522 euros mensuales. "Aquello era como La Pampa", recuerda: bloques aislados entre solares y farolas que no alumbraban en el extremo este de la ciudad y cerca de la base aérea. "Había muchos robos y los vecinos acababan yéndose", explica.

Tres años después, y tras una etapa de conflictividad en la que okupaciones y desahucios se sucedían semana tras semana, en la zona había alrededor de un millar de viviendas deshabitadas, por lo que la EMV ofreció cambiar de piso a los inquilinos.

Baile de números entre precios y tasaciones

"Nos fuimos, ya con mi pareja, a uno de cuatro habitaciones y 110 metros por el que pagábamos 690 euros. Era un buen cambio, aunque tuvimos que comernos los defectos y los desperfectos que tenía porque Martinsa-Fadesa, que era quien los gestionaba, se negaba a asumirlos alegando que allí no había vivido nadie, aunque parecía que sí", señala.

Ese cambio le supuso perder el alquiler que había capitalizado en los dos años anteriores, además de tener que repetir todo el papeleo para demostrar que su situación económica seguía sin rebasar los límites que dan derecho a la VPO.
En 2015, Fidere les comunicaba por carta que era su nuevo casero, que, en noviembre del año pasado, abrió la vía de las opciones de compra, en cuya ejecución hay varias particularidades.

Por una parte, el fondo rechaza aclarar antes de la venta si la hipoteca sindicada con varios bancos (119.000 euros de principal y 203.000 de precio de subasta en su caso), y que según la nota simple del Registro de la Propiedad vence en agosto del año que viene aunque es susceptible de tres prórrogas anuales, sigue o no sigue vigente, lo que dificulta notablemente la posibilidad de obtener financiación. Las prórrogas de una semana no acaban de desencallar ese aspecto.

Y, por otra, la filial de Blackstone, que inicialmente había tasado el inmueble en 176.000 euros, lo tasa ahora en 292.509, cuando la aplicación de los precios que maneja la comunidad lo situarían en 222.000, que es, al mismo tiempo, un precio similar al que propone una de las tasaciones realizadas para pedir la hipoteca.
"Ponen precios por encima de los de mercado y dan plazos que no permiten cerrar la operación", señala el abogado, que recuerda que se trataba, desde el principio, de un piso de alquiler con opción a compra. "Intentan vender por el cuádruple de lo que costaron unos pisos que se construyeron para facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes", añade.