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España acumula ya cuarenta denuncias ante el Ciadi por la chapuza de los gobiernos de Zapatero y de Rajoy con las energías renovables. PXHERE

Puertas giratorias El despacho que fichó a Sáenz de Santamaría logra una condena millonaria contra España por las renovables

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Un exabogado del Estado dirige la demanda de una empresa de Suiza y una sicav de Malta gestionada desde Liechstenstein ante el Banco Mundial por un parque fotovoltaico en Extremadura.

Economía

El bufete de abogados Cuatrecasas, que el pasado mes de marzo fichó a la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáez de Santamaría en una polémica operación por el pasado judicial de su nuevo jefe, ha logrado el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones) del Banco Mundial emita una condena millonaria contra el Estado español en un laudo arbitral por una inversión en energías renovables.

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El elenco de personajes de la historia, que ha acabado costándole a las arcas públicas españolas 30 de los 42 millones de euros que recogía la demanda, y su ambientación, resultan paradigmáticos del floreciente negocio que está surgiendo al socaire de la chapuza en la que los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, con los ministros Miguel Sebastián y José Manuel Soria como brazos ejecutores, convirtieron el desarrollo de las energías renovables.

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Según informó el propio Ciadi, uno de sus tribunales, presidido por el alemán Karl-Heinz Böckstiegel, cifró definitivamente este lunes en esa cuantía la indemnización que corresponde a las sociedades OperaFund Eco-Invest y Schwab Holdings por los daños y perjuicios que sufrieron en la promoción de dos parques de energía fotovoltaica en Extremadura tras los recortes en las ayudas a este tipo de instalaciones.

Los personajes de la historia

OperaFund es un fondo de inversión profesional de acceso restringido con sede en Malta que tiene forma de sicav y está dirigido por Ahead Wealth Solutions, una sociedad domiciliada en Liechstenstein que gestiona varias herramientas financieras de ese tipo en todo el mundo.

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Opera vendría a ser la división de negocios en los campos de la energía y el medioambiente de Ahead, mientras que Schwab, por su parte, es otro fondo de inversiones que, en este caso, tiene su sede en Suiza. Se trata de dos inversores con sede en paraísos fiscales que canalizan fondos de otros inversionistas.

En el elenco de la historia aparecen tres compañeros de despacho de Sáez de Santamaría: José Ángel Rueda, Alberto Fortún y Luis Pérez de Ayala, los letrados que han defendido los intereses de los paradisíacos inversores.

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El tercero de ellos comparte orígenes profesionales con la exvicepresidenta, ya que se trata de otro ex abogado del Estado que, con el tiempo, ha acabado en el sector privado. Su currículum lo presenta como un experto en derecho administrativo y regulatorio que ejerció en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y en los ministerios de Justicia y de Asuntos Exteriores, además de haber sido secretario del consejo de administración de Enagas y de haber ocupado cargos gerenciales en Gas Natural.

Esa misma ficha incluye un dato que llama la atención: Pérez de Ayala “es miembro de su comité de gestión y director de asuntos jurídicos” en Enagás, empresa participada en un 5% por el Estado a través de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales). Es decir, que le resulta posible compaginar la defensa de los intereses del Estado con el asesoramiento a entidades que emprenden acciones contra él.

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El escenario de la historia

En los laudos por las renovables contra España es frecuente la presencia de actores con perfiles similares a los de este caso: inversores domiciliados en paraísos fiscales que son defendidos por reputados profesionales del derecho en ocasiones vinculados a las puertas giratorias.

España ha perdido ya once de las cuarenta demandas por las renovables en laudos de obligado cumplimiento

Estos despliegan su acción en un escenario particular y con un libreto peculiar: un tribunal privado como es el Ciadi y un texto de discusión como es el Tratado de la Carta de la Energía, a la que España se sumó a mediados de los 90 y que hurta a los tribunales ordinarios la posibilidad de dictaminar a partir de las leyes locales sobre los efectos que las decisiones políticas de los 51 Estados firmantes tienen en las inversiones de grandes empresas.

España ha perdido por el momento once de las cuarenta demandas (seis este año) en laudos de obligado cumplimiento que ya han supuesto para las arcas públicas un perjuicio superior a los mil millones de euros: 687 millones en 2018 y en los primeros meses de 2019, otros 290 millones a primeros de junio y treinta más ahora, a los que cabría añadir otros 33 millones de un pleito por las hidroeléctricas.

En esas demandas, las empresas (fondos en casi nueve de cada diez casos y firmas del sector energético tan solo en un 12% de ellos), acusan al Estado de violar los principios del tratado por haber modificado la regulación de las primas tras haber puesto en marcha sus inversiones, lo que les lleva a reclamar indemnizaciones, con éxito en la mayoría de los casos, en función del dinero que movilizaron y por la merma de ingresos que les supuso el cambio de reglas con las ayudas.

En el caso de Opera y Schwab, el tribunal, con la sintonía del presidente independiente y del vocal de los inversores y con la oposición del designado por España, dictaminó que el Estado era responsable de los efectos de las medidas regulatorias aprobadas a partir de 2010, aunque rechazó tener en cuenta el impacto del impuesto que grava con un 7% el precio de la energía.

Las estimaciones de Greenpeace cifran en más de 4.000 millones de euros los recortes en las ayudas a las renovables que aplicaron los ministerios de Industria de Sebastián (1.100 millones) y Soria (3.000 millones), mientras que las demandas amenazan con alcanzar un coste de 7.000 millones, según los cálculos de Transnational Institute (TNI) y de Corporate Europe Observatory (CEO).

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