Las grandes empresas españolas que forman parte del IBEX 35 han aumentado sus ingresos, aunque ello no ha implicado una mayor contribución en impuestos al país. Este es uno de los principales argumentos que revela Oxfam Intermón en su informe anual sobre estas compañías, en el cual analiza las prácticas de las mismas que aumentan la desigualdad social.

Un argumento de peso que justifica esta conclusión de la ONG son las 805 filiales que las grandes empresas españolas mantuvieron en paraísos fiscales, según una clasificación de todos los que hay alrededor del globo incluida en el propio informe. Por lo tanto, pese a la recuperación de los beneficios por parte de muchas ellas, las compañías siguen aprovechándose de la laxitud legal en materia fiscal para tributar menos en otros territorios con impuestos más bajos. Todo ello, mientras el resultado de explotación de las empresas del IBEX 35 ha crecido un 65% desde 2015.

Según Oxfam Intermón, el número de filiales en paraísos fiscales está descendiendo entre las empresas del IBEX 35, aunque solo un 6% el último año y todavía la mitad tienen más de diez. A este ritmo, pasarían 15 años hasta que todas las ahora presente desaparecieran. Cabe puntualizar, sin embargo, que algunas de estas ubicaciones estarían justificadas cuando la empresa desarrolla parte de sus actividades en alguno de estos países, estando obligado a tributar allí.

Como consecuencia de esta todavía notoria presencia en paraísos fiscales, ha supuesto una pérdida para España equivalente al 13% de la recaudación del impuesto de sociedades representando un total de 3.250 millones de euros. Entrando al detalle, el Banco Santander es la empresa que más filiales en paraísos fiscales tiene con 207, lejos de las 102 de ACS y las 70 de Repsol. En cambio, hay otras como Aena, Bankia, ENCE, Inmobiliaria Colonial y Merlin Properties que no cuentan con ninguna.

Informes y sanciones como medidas contra los paraísos

El informe de la ONG no se limita, sin embargo, a señalar las deficiencias mostradas por las empresas españolas en materia de igualdad, sino que también muestra una vocación pragmática agrupando una serie de posibles cambios que podrían adoptar tanto las compañías como la Administración. 

En lo referente a los paraísos fiscales, Oxfam Intermón reconoce que las empresas pueden actuar de manera más ética por propia iniciativa, pero colocan la mayor parte de la responsabilidad de una posible mejoría en los Gobiernos. "Aunque es algo que excede el marco legal nacional, cada país puede adoptar medidas", asegura Miguel Alba, economista de la organización y experto en fiscalidad y empresas.

Entre las mismas, destaca la necesidad de elaborar un listado de paraísos fiscales detallado y exhaustivo, escasos en el plano nacional y continental, pues el de la Unión Europea excluye los ubicados en su territorio y con ello a algunos de los más importantes localizados en Luxemburgo, Holanda y Luxemburgo. 

Con este listado como base, los Gobiernos podrían llevar a cabo medidas sancionadoras a las empresas que empleen paraísos fiscales tales como privarles de ciertos beneficios fiscales o darles un trato menos favorable en las contrataciones públicas. "Es coherente, la Administración no puede retribuir a una empresa que va a sacar ese dinero fuera", comenta Alba. 

Falta de claridad y el agujero de los créditos fiscales

Sin embargo, más allá de estas estimaciones, todavía resulta difícil saber exactamente qué cantidad pagan en impuestos estas empresas, según asegura el informe. La falta de transparencia a día de hoy ya no solo se manifiesta en la no publicación de dichos datos, sino en compartirlos de manera confusa o con diferentes terminologías entre ellas, siendo casi imposible saber cuál es su contribución exacta en el impuesto de sociedades.

Aparte de la opacidad, los créditos fiscales, una ventaja por la cual las empresas pueden deducirse importes de su futura factura fiscal, suponen una importante carga para el sistema de recaudación español. En muchos casos se trata de una fórmula de la que es benefician las grandes empresas que absorben a otras más pequeñas con pérdidas, aunque tengan ciertas limitaciones para su utilización. Sin embargo, la administración ha ofrecido a menudo demasiadas facilidades para acceder a este mecanismo.

El año pasado, el importe total de estos créditos alcanzó 66.142 millones de euros, más de dos veces y media superior a lo recaudado en total por el impuesto de sociedades ese mismo ejercicio.