La CEOE está tan dispuesta a hablar de la reforma laboral que, de hecho, lleva haciéndolo desde enero. De ahí que los anuncios simultáneos de su presidente, Antonio Garamendi, sobre el regreso de la patronal de la gran empresa a la Mesa del Diálogo Social y su disposición a tratar esa normativa para “mejorarla”, y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al apostar por reforzar la concertación entre empresarios y sindicatos, tengan otra lectura: la tormenta mediático-política desatada en su día por el pacto de PSOE, UP y Bildu para “derogarla” fue, en realidad, tan retorica como carente de entidad para poner en riesgo los avances de entidad que ese foro lleva realizando en lo que va de año.

Fuentes de la propia mesa, que llevaba reuniéndose todos los viernes desde el 31 de enero hasta la declaración del estado de alarma, confirman que sindicatos y patronales ya tenían “cosas avanzadas” y “bastante más que hilvanadas” sobre varios aspectos de la reforma laboral que ese foro, convocado por el Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz, había comenzado a tratar.

Las conversaciones se centran sobre cuatro asuntos: la ultraactividad, que es el mantenimiento de la vigencia de un convenio más allá de su fecha de vencimiento mientras no haya un nuevo texto que lo reemplace, el escalafón de esos acuerdos laborales, modificado en 2012 para que el de empresa pudiera contener cláusulas más precarias que los sectoriales, y el mecanismo para sus inaplicaciones, además de las normas que regulan la subcontratación de procesos y servicios básicos para los sistemas productivos y/o comerciales de las empresas, que desde hace ocho años intensifican los efectos precarizadores que habían comenzado a generar a partir de los años 90 las segregaciones de unidades.

Esos avances se encuentran entre los motivos básicos por los que Díaz lleva semanas manteniendo que la reforma de la reforma “seguirá su curso” y remitiendo a la mesa y por los que Garamendi comenzó a tender puentes para que la CEOE regresara a ese foro prácticamente desde que la CEOE se levantó de él por el pacto PSOE-UP-EH Bildu.

Otras fuentes de la mesa, no obstante, rebajan la entidad de los avances. “Estábamos en el debate de inicio, decidiendo por dónde comenzar”, señala, aunque admiten que “el debate había comenzado”.

Los “aspectos lesivos” y el pacto mutante

Las disquisiciones acerca de cuáles son los “aspectos más lesivos” de la reforma laboral que el Gobierno de Mariano Rajoy impuso en 2012 mediante su mayoría absoluta y sin pasar por la Mesa del Diálogo Social se convirtieron en uno de los ejes del vertiginoso y alocado debate político-mediático en España tras el pacto entre las tres formaciones políticas, con el que las dos primeras se garantizaban el apoyo de la tercera a la penúltima prórroga del estado de alarma.

Aunque tampoco es que el pacto fuera claro del todo, ya que en unas horas pasó de contemplar la derogación “de forma íntegra" de todo ese marco de las relaciones laborales, que lleva ocho años precarizando y devaluando el empleo en España, a centrarse en esos puntos dañinos para, poco después, quedarse por debajo de lo que recoge el propio programa de Gobierno de socialistas y morados.

La matización del acuerdo inicial por el PSOE reducía la urgencia a tres puntos, uno de los cuales, el despido por encadenar bajas, ya había sido revertido antes de la pandemia.

Los otros dos consistían en recuperar la vigencia de los convenios colectivos más allá de su fecha de caducidad y hasta que se negocia otro, como ocurría históricamente hasta 2012 en lo que técnicamente se conoce como “ultraactividad”, y acabar con la primacía de los acuerdos de empresa sobre los sectoriales, algo que con la estructura empresarial de España, donde millones de empresas carecen de representación sindical, y en combinación con otras ‘herramientas’ de la reforma, se convirtió en una palanca clave de la devaluación del empleo.

Ese planteamiento dejaba fuera otros tres aspectos de la reforma cuya modificación califica el propio pacto de gobierno como “urgente”, caso “la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa”, el “mecanismo de inaplicación de los convenios colectivos”, en este caso para restringirlo al “descuelgue salarial vinculado a causas económicas graves”, y las limitaciones a la subcontratación de servicios. Los dos últimos están sobre la mesa del foro de concertación social.

“Toda la reforma laboral es regresiva”

Las turbulencias de la tormenta política y mediática desatada por el acuerdo, su matización, la posterior ratificación por parte de Pablo Iglesias y Arnaldo Otegi y las distintas lecturas de esa secuencia han apartado del foco varios aspectos nucleares del asunto: ¿Se puede “derogar íntegramente” la legislación laboral o esa afirmación es un mero maximalismo retórico? ¿Debe pasar ese proceso por la Mesa de Diálogo Social? ¿Hay algún plazo más o menos perentorio para abordar esas modificaciones? ¿Alguien estaba trabajando ya en ello?

“Derogar no tiene ningún sentido, porque esa parte de las relaciones laborales se quedaría sin regulación al estar derogada la anterior, esa sí y sin consenso”, explica Mari Cruz Vicente, secretaria de Acción Sindical de CCOO, que apunta que, tras ese primer bloque de asuntos, hay otros relacionados con la negociación colectiva cuya modificación resulta urgente como la vigencia de las ‘comisiones ad hoc’ en las empresas sin representación sindical que contempla el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores para negociar las inaplicaciones y los EREs y, también, revertir la supresión de la autorización administrativa para ejecutar los expedientes.

“Con ese tipo de medidas estaban facilitando el despido, al margen de su abaratamiento, y la devaluación de las condiciones laborales”, indica la sindicalista, que deja claro que “en CCOO consideramos que toda la reforma laboral de 2012 es regresiva, en unos puntos con mayor intensidad y en otros con menos”.

Coincide en el análisis con Gonzalo Pino, secretario de Política Sindical de UGT, que destaca que la reforma laboral de 2012 “genera trabajadores pobres, y ahora estamos viendo qué consecuencias tiene eso”.

Comisiones propondrá retomar los trabajos “en cuanto se normalice” la situación causada por la pandemia. “No se trata de volver a la situación anterior, ya que la situación ha cambiado. Hay soluciones garantistas para muchos aspectos. Ahora hay que ver si los agentes sociales somos capaces de articularlas”, añade.

UGT considera también urgente retomar esas negociaciones. “Cuando acaben las medidas especiales y los ERTEs volvemos a la situación anterior”, anota Pino, que confía en que el Gobierno convoque cuanto antes a una mesa de diálogo social de la que “no se puede sacar ese tema” para reiniciar los contactos sobre una legislación laboral que “afecta a todo”.

“Lo que protege no es que el despido sea caro”

En cualquier caso, al margen de la parte acordada, y también la desacordada, en el seno de la coalición de Gobierno y de la que se está tratando en la Mesa del Diálogo Social, no son esos tres aspectos, o cuatro, o seis, los únicos de la vigente reforma que los agentes sociales y los expertos en relaciones laborales señalan como “lesivos”.

Para Antonio González, de Economistas Frente a la Crisis, “no es complicado técnicamente corregir la reforma: la clave se concentra en la modificación de las causas de despido y en las supresiones de la obligación de justificar los ceses y de la supervisión de los expedientes” de regulación, que dejaron de requerir autorización administrativa.

“Se trata de dejar claras las causas, de objetivarlas, y de garantizar la tutela judicial. Lo que protege al trabajador no es que el despido sea caro, sino que tenga que estar justificado”, anota.

González destaca como “los puntos más perjudiciales” de la reforma de Rajoy y Báñez, junto con la supresión la ultraactividad y la primacía del acuerdo de empresa sobre el sectorial, la reforma del artículo 41 del Estatuto, que entre otros aspectos permite rebajar individualmente las condiciones laborales hasta las del convenio sectorial con una mera comunicación del empresario “y sin causas o con algunas tan laxas como las relativas a ‘la competitividad’ de la empresa”, y la del 82.3, que posibilita el ‘descuelgue’ de lo que marcan los convenios sectoriales y de empresa.

El economista añade a esa lista la modificación de las causas para el despido objetivo y la rebaja de las indemnizaciones, que en el caso de los improcedentes bajaron de 45 a 33 días por año trabajado y mientras el máximo caía de 42 a 24 mensualidades. “Se redujo más de un 40%, fue un cambiazo”, señala.

Las relaciones laborales y el modelo productivo

Ruth Vallejo, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de Zaragoza, llama la atención sobre la necesidad de “ordenar el galimatías de contratos que se creó en 2012 y dejar cuatro modalidades: el indefinido, con el fijo discontinuo; el de interinidad, para cubrir bajas y vacaciones, y el eventual de temporada, además del de formación y aprendizaje”.

Y, junto con esto, pone el acento en la necesidad de reforzar la negociación colectiva y de reducir la temporalidad, aunque poniendo el foco en el contexto en ambos casos.

“El problema de la contratación temporal, que afecta a algo más de la cuarta parte de los asalariados, está en el tipo de actividad productiva, que en España es muy temporal con la agricultura, el turismo y la hostelería, que son, además, sectores con muy poca presencia sindical”, señala, al tiempo que destaca cómo la pérdida de peso de la negociación colectiva se vio amplificada por la propia estructura del tejido empresarial español, en el que más del 90% de las firmas tiene hasta diez trabajadores.

“El derecho del trabajo va muy en paralelo al sistema económico y productivo que tenemos” y en el que “hemos permitido la deslocalización de una industria que se consideraba no básica y que ha resultado que sí lo era”, explica. Y, en este sentido, aboga por una visión reformista más amplia que no se quede en las relaciones laborales y que afecte al conjunto del sistema productivo, con la vista puesta en la digitalización y la economía verde “para recuperar industria y crear empleo de calidad”.

Todo, junto con la necesidad de regular el teletrabajo, el derecho a la desconexión, la prevención de riesgos laborales en ese ámbito y la aportación de los medios de producción.

¿Hay algún plazo tasado o recomendable?

La crisis generada con el pacto mantiene la incertidumbre sobre otro punto: el ritmo de esas modificaciones. La mesa, que estaba trabajando sin fecha, se vio obligada a cambiar su programa con la pandemia, en la que la concertación alumbró medidas como los ERTEs y el cese de actividad extraordinarios o el permiso retribuido recuperable de los primeros días de abril.

Estos van a estar vigentes hasta el 30 de junio, aunque, como lleva décadas ocurriendo, el plazo de seis meses de salvaguarda del empleo comienza a correr con la primera reincorporación y solo afecta a la parte de la plantilla incluida en los expedientes. El resto sigue expuesta al marco laboral vigente, que, pese a otras medidas extraordinarias destinadas a proteger el empleo eventual, sigue incluyendo el despido improcedente individual, cauce que generó cinco millones de rescisiones en la anterior crisis al margen de los ERE.

El acuerdo inicial planteaba como horizonte máximo el de “la finalización de las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno en materia económica y laboral derivadas de la crisis originada por el covid-19", aunque Díaz prefiere no poner plazos.