Los trabajadores de la planta de aluminio primario de San Cibrao (Lugo) consideran que su propietaria, Alcoa, ha hecho una "guarrada" al tratar de negociar con la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) un margen de tiempo mayor para el futuro de la factoría a cambio de la aceptación del ERE o ERTE pensado para esta división, la única que le queda a la multinacional estadounidense en España.

El presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, que ha calificado este hecho de "increíble y más que increíble", ha anunciado que van a mantener la lucha para que no se despida a sus trabajadores y han acusado a la dueña de las instalaciones de dedicarse al "cuento tras cuento".

Una vez que ha fracasado la venta a Liberty House, según el acuerdo alcanzado el pasado 13 de agosto con los representantes de los trabajadores, la empresa se reúne este lunes con los representantes de los trabajadores con el tema único de un plan social para un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) o, a falta de acuerdo sobre un ERTE, la aplicación de un despido colectivo permanente.

En Nigrán (Pontevedra), donde se está celebrando este encuentro en el pazo de Cea, Zan ha señalado a la prensa que Alcoa alega que son "muy buenos" mientras se dedican a "poner de rodillas a dos administraciones", Gobierno y Xunta, en ocasiones con una "desfachatez" como la mencionada.

Zan se ha quejado del despliegue de la Guardia Civil en la zona, con más de una treintena de agentes, y se ha preguntado a quiénes protegen, pues si bien ellos están fuera, "los delincuentes están ahí dentro".

Alcoa vendió en 2019 al fondo de inversión suizo Parter Capital las plantas que tenía en Avilés (Asturias) y A Coruña después de un largo proceso que arrancó a finales de 2018, cuando la multinacional estadounidense anunció su intención de cerrar ambas fábricas, que justificó por los altos costes de la electricidad en España, la necesidad de hacer fuertes inversiones en ellas y la difícil coyuntura en los mercados del aluminio.

Pero Parter Capital no tardó en deshacerse de las dos factorías de Alcoa, que fueron adquiridas por el Grupo Riesgo ya bajo la denominación de Alu Ibérica. El grupo garantizó en principio el mantenimiento del empleo y anunció una inversión de 250 millones de euros en cinco años en las instalaciones, pero las dudas sobre que Riesgo tenga un plan industrial provocó las protestas de los trabajadores, que han pedido al Gobierno que las intervenga.