A las mujeres que pertenecen a las Fuerzas Armadas o a la Guardia Civil, la mera denuncia de acoso les suele salir muy caro. Una agente de la Guardia Civil termina condenada por denuncia falsa tras haber acusado a dos superiores. Otra mujer, cabo del Ejército en Ceuta, se enfrenta a un mes de arresto por haber denunciado acoso y perder el caso en el Supremo. El sistema falla y perjudica a las pocas valientes que denuncian, según juristas y miembros de los cuerpos armados.

En el caso de la agente de la Guardia Civil, destinada en la Academia de Ingenieros de Hoyo de Manzanares en Madrid, ella presentó una denuncia por trato degradante a dos superiores a raíz de una discusión sobre la petición de un pase temporal para aparcar su coche en el recinto militar, que según ella tuvo lugar “a gritos” y en un despacho "a puerta cerrada". En la sentencia, absolutoria para los superiores, refleja cómo los testigos aportados no apoyaron la versión de ella.

Acto seguido, la agente –que es madre soltera de una hija- se tuvo que enfrentar a un procedimiento judicial por acusación y denuncia falsa, que terminó a finales del pasado mes de febrero una condena de conformidad: quiso evitar el riesgo de terminar en prisión. Ahora, pende sobre su cabeza la posibilidad de ser expulsada de la Guardia Civil en cualquier momento, debido a esa condena.

El abogado especialista en derecho militar Antonio Suárez-Valdés comenta a Público que el de esta agente “es el caso típico que muestra la razón del miedo de las militares y guardias civiles a la hora de denunciar determinadas situaciones de acoso”, afirma, y resume: “Muchas mujeres uniformadas, especialmente en las Fuerzas Armadas, tienen contratos temporales; si denuncian un acoso que no pueden acreditar suficientemente, se archiva, luego ellas son denunciadas y pueden terminar condenadas y en la calle”.

Existen otros casos de mujeres agentes de la Guardia Civil que han sido sancionadas justo después de denunciar acoso a través del protocolo interno previsto para estos casos. A diferencia de los procedimientos judiciales, a través de ese protocolo las investigaciones se realizan a puerta cerrada y sin la participación de la denunciante, en una fórmula conocida como ‘información reservada’.

“Muchas veces esos expedientes se cierran en falso, se archivan sin efectuar las averiguaciones pertinentes, y poco después las denunciantes reciben un parte disciplinario porque, de forma paralela, están efectuando una investigación para poder encontrar alguna razón para sancionarla”, explica Suárez-Valdés, quien recomienda a las víctimas no denunciar si la víctima no tiene elementos de prueba contrastables, como una grabación o varios testigos sólidos.

“Perseguidas” por denunciar

A Alicia Sánchez, responsable del área de Mujer e Igualdad de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), nada de lo anterior le sorprende: “Si denunciamos, seguramente terminamos siendo perseguidas, y si ante un acoso sexual dices ‘no’, empieza el acoso laboral”, afirma a Público.

Esta agente de la Guardia Civil sostiene –sin dar nombres- que casi todas compañeras con las que tiene contacto por asuntos de temas de acoso -laboral o sexual- se les ha abierto expediente sancionador. En algunos casos, algunas de las afectadas han perdido el destino por “faltas graves” tras denunciar acoso.

“Por supuesto que existe una relación directa entre la petición de protocolo de acoso, que suele quedar en nada, y la apertura de expedientes por, por ejemplo, falta de rendimiento”, apunta Sánchez, que lo vivió en sus propias carnes: “Cuando yo misma pedí el protocolo de acoso tras cinco años aguantando, lo abrieron y cerraron como quien abre y cierra un libro”, lamenta.

“El protocolo previsto para estos casos en el cuerpo no es nada garantista, carece de plazos, de medidas cautelares…”, comenta a Público, y recomienda que en estos casos se acuda a la justicia ordinaria. La propia AUGC lleva tiempo pidiendo un cambio en el protocolo de acoso para que realmente sea efectivo. “Lo que pasa es que si el acoso sucede dentro de un cuartel, los juzgados se inhiben en favor de la Justicia militar”, apunta.

Los problemas de dar el paso

Mariano Casado, asesor jurídico de la AUGC y de la Asociación Unificada de Militares Españoles, explica a Público que existe una serie de problemas a los que se enfrenta la víctima a la hora de denunciar. “Es complicado dar el paso de denunciar el acoso -algo que de por sí es muy traumático para la víctima- dada la configuración de jerarquías y subordinaciones tanto en el ámbito militar como en el de la Guardia Civil”, comenta, y apunta: “Además, la víctima no sabe dónde acudir para denunciar con garantías”.

“En la Guardia Civil, por ejemplo, el protocolo interno para denunciar acoso lo ponen en marcha personas que están en la cadena de mando”, comenta este abogado, que añade que “en las FFAA, quienes forman parte de las Unidades de Protección contra el Acoso de las Fuerzas Armadas (UPAs) se pretende que estén al margen de la cadena de mando, aunque sí que están integrados en el Ejército, por lo que la separación de poderes queda en cuestión”.

La víctima puede personarse como acusación si hay causa penal, pero en el ámbito disciplinario –en forma de ‘información reservada’- en la práctica a la víctima no se le deja personarse, mientras que el presunto acosador sí está presente, con letrado y todo. “Luego, muchas veces hay un archivo de ese expediente, y al mismo tiempo derivan una sanción disciplinaria contra la víctima, que no ha podido defenderse ni participar en algo que le concierne”, afirma Casado, que coincide en señalar los mismos problemas que los expertos juristas consultados.

No son casos aislados

Otro caso de represalias por denunciar acoso lo desvelaba esta semana El País, en el que una mujer cabo destinada en Ceuta fue expedientada después de que el Tribunal Supremo tumbase hace unos meses –con un voto particular en contra- su denuncia contra un capitán por acoso sexual y laboral. Dicho expediente, que puede acarrearle hasta un mes de arresto por falta disciplinaria grave, se justifica por realizar “manifestaciones basadas en aseveraciones falsas”, según el instructor.

Según el citado diario, el contenido del expediente es muy duro con la cabo. En él, el instructor afirma que la denuncia de la mujer respondía "al taimado intento de conseguir que se reconociera su baja [médica] como contingencia profesional, con total desprecio por la imagen del citado capitán y en detrimento de la buena consideración de este en su unidad".

Una militar del Ejercito de Tierra, en unos ejercicios de operaciones especiales. EFE

Sin embargo, la denuncia no parecía infundada al menos para la Fiscalía, que pedía en su momento nada menos que siete meses de cárcel para el capitán, por abuso de autoridad.

Los ejemplos mencionados “en ningún caso son aislados”, según el abogado especializado en justicia militar Germán Salido, que añade: “Yo he llevado varios asuntos parecidos y por desgracia funciona así, tanto en el Ejército como en la Guardia Civil: salvo casos muy bien probados y con muchas testificales, siempre tiene más valor la palabra del mando superior que la de un subordinado”. “Yo siempre aconsejo acudir a la vía judicial en caso de acoso, bien a los togados militares o a los juzgados de instrucción normales”, apunta el abogado.

No hay estadísticas

El goteo de denuncias por acoso en las Fuerzas Armadas parece constante. Por ejemplo, el Ministerio de Defensa ha reconocido hace poco más de un mes que la Justicia investiga tres presuntos casos de acoso sexual en las Fuerzas Armadas sufridos por tres mujeres soldado entre el pasado octubre y febrero, en la Base militar de Sant Climent Sescebes (Girona), en el Cuartel de Palma de Mallorca y en la Academia General Militar de Zaragoza. En los dos primeros casos, las soldados están de baja médica y han decidido rescindir su contrato con el Ejército. Además, fuentes jurídicas añaden a esta lista otros casos judicializados de acoso contra mujeres en el ámbito militar, en Burgos y Bobadilla (Málaga).

Ignacio Hebrero, abogado de la mujer que denunció en Baleares, reconoce a Público que “algunas mujeres llegan a denunciar, pero cuando lo hacen y se abre un procedimiento muchas no se atreven a personarse por miedo a los mandos, en la mayoría de los casos que conozco no se llega ni a denunciar”. De hecho, su cliente decidió no personarse como acusación tras la denuncia, por lo que el procedimiento sigue adelante con la acusación del fiscal militar y las defensas de los dos mandos acusados de acoso, un hombre y una mujer.

“Hay que tener en cuenta que casi todas las militares son soldados rasos, muchos cabos, y no tienen una permanencia en el Ejército”, apunta Hebrero, que añade: “Van renovando su compromiso y a los 45 años se tienen que ir, por lo tanto, se juegan la no renovación”. Incluso quien acude a la jurisdicción ordinaria –no militar- para denunciar acoso puede llegar a sufrir sanciones disciplinarias, por ejemplo si la víctima acude a un juzgado de violencia de género.

El abogado Mariano Casado lamenta que no exista una estadística que refleje la dimensión real del problema. En la Guardia Civil, que cuenta con un 7,5% de mujeres, de 80 denuncias sólo 17 han terminado con sanciones para el acosador. “Si nadie sale sancionado más que las víctimas, algo falla en el sistema”, comenta Alicia Sánchez, quien pese a todo recomienda denunciar, sea como sea, para visibilizar el problema. “A veces es un calvario, pero es mejor que callarse la boca y hacer que el problema no termine nunca”.

Tal y como constata el Observatorio de la Vida Militar, existe miedo a la denuncia, tanto por el proceso que obliga a demostrar la veracidad de las acusaciones como por las posibles consecuencias en forma de expedientes y sanciones para las víctimas que se atreven a dar este paso. El propio Observatorio avisa que ni las UPAs –puestas en marcha precisamente tras la denuncia pública de la comandante retirada Zaida Cantera- ni los protocolos contra este tipo de abuso están funcionando para solucionar el grave problema de la indefensión de las mujeres uniformadas ante el acoso en los cuarteles.