Cuando resta menos de medio año para las elecciones municipales, Ada Colau recibe a Público para hacer balance de un mandato marcado por cambios evidentes en la agenda política de la ciudad y, al mismo tiempo, por una transformación real que ha quedado a medio camino de la que prometía Barcelona en Comú. En parte, por la fuerza limitada de un gobierno formado sólo por 11 concejales y que, en muchas ocasiones, no ha podido o sabido sumar los apoyos necesarios para sacar adelante determinadas políticas. Y en parte, por los límites competenciales. En cualquier caso, la alcaldesa se muestra satisfecha por una gestión que ha puesto en el centro cuestiones como las políticas sociales, la necesidad de regular el turismo o el precio de los alquileres o ha creado un operador energético como alternativa al oligopolio eléctrico. Crítica con determinados "poderes fácticos" y su "candidato", Manuel Valls, Colau también repasa la situación política catalana y pide, fundamentalmente, que la Generalitat "gobierne".

Existe la sensación de que con su Gobierno se ha modificado la agenda de prioridades, pero a la vez que muchos cambios no se han materializado. ¿Qué balance hace a unos meses de las elecciones?

Hemos gobernado en minoría y en una de las épocas más complicadas de la democracia, por la excepcionalidad del tema catalán. También hemos estado en una campaña electoral permanente, porque ha habido muchas citas electorales y eso complica la política institucional. Pero a pesar de todo esto, mi balance es que hemos hecho bastante. No sólo por el cambio en la agenda, sino porque hemos empezado varios cambios estructurales. Hemos situado Barcelona como la ciudad del Estado con más inversión social y la lucha contra las desigualdades es ahora una prioridad real. También se han hecho políticas de transparencia que no se habían hecho nunca, se han colocado las políticas feministas como políticas estructurales que atraviesan a todo el gobierno, y hemos empezado cambios que nos decían que eran imposibles, como por ejemplo hacer el operador energético municipal más grande de todo el Estado, para generar una alternativa real y concreta al oligopolio y que Barcelona sea la primera ciudad que se autoabastece de energía verde. También podríamos hablar en materia de vivienda, donde hemos aumentado muchísimo el presupuesto y somos la primera ciudad que ha aprobado la obligación de que los promotores privados reserven el 30% de los pisos nuevos a vivienda protegida.

Según el barómetro municipal, el acceso a la vivienda y los impactos negativos del turismo son las principales preocupaciones de los barceloneses. ¿Son unos ámbitos que han servido para que descubran los límites de la acción municipal?

Con el turismo somos una ciudad pionera porque hemos hecho un plan de regulación de los alojamientos turísticos que no se había hecho ninguna parte. Al principio del mandato nos dijeron que caerían las siete plagas y pararíamos la economía de la ciudad. Y no sólo no ha pasado, sino que somos un referente mundial en la regulación del turismo. En todo caso, cuando entramos en la institución ya dijimos que solos no podríamos, que necesitábamos aliados en la institución, pero también que hubiera una movilización ciudadana. Como la hay con la vivienda y que ha sido clave para poder aprobar la medida del 30%. Hace unos años era un tabú hablar de regular el precio de los alquileres y hoy forma parte de un acuerdo presupuestario entre el PSOE y Podemos porque lo hemos puesto en la agenda, también gracias a la movilización social. Y si hay presupuestos en el Estado habrá una regulación que permitirá poner topes a los alquileres abusivos.

Si no los hay, ¿presionarán para que la medida salga adelante de otra forma?

Sabiendo que esto toca intereses de grandes especuladores que tienen una gran capacidad de incidencia, la negociación de los presupuestos ha sido la palanca de fuerza que hemos tenido para que un gobierno del estado se plantee seriamente hacer esta limitación. Pero en su defecto, la seguiremos planteando, porque es una prioridad. Nos jugamos el modelo de ciudad y que los vecinos se puedan quedar.

¿Más allá de encuentros puntuales ha faltado una actuación conjunta y efectiva de las llamadas ciudades del cambio para superar los marcos competenciales y legales que limitan la acción municipal?

Lo hemos estado haciendo desde el primer momento. La municipalización del agua es una de las grandes batallas que tenemos abiertas en Barcelona y ningún otro Gobierno la habría podido plantear porque los tentáculos de Agbar llegan a todas partes. Decidimos que queríamos dar soberanía a la ciudadanía para que pueda decidir sobre la gestión del agua y esto nos ha generado querellas y confrontación con una multinacional que defiende un negocio de muchos millones de euros. Lo hemos hecho con toda una red estatal de ciudades que defiende la gestión pública del agua y esto nos ha dado fuerza para apoyarnos las unas a las otras. Todas las grandes políticas que hemos hecho han ido en la línea de la red de ciudades, como la regulación del turismo, que empezamos nosotros. O a la reciente Smart City Expo, donde hemos presentado una red de ciudades, casi un sindicato, para forzar a negociar a plataformas globales como Airbnb o Über. Con muchos temas hemos consolidado la red de ciudades para negociar con el Estado, la Unión Europea, plataformas globales o con quien sea.

FOTO: JOEL KASHILA

¿Tiene la sensación de que han dejado de asustar al gran poder económico?

Lo que hemos hecho es cambiar la forma de relacionarse de la institución pública. Ahora hay transparencia, cuando antes no la había. Evidentemente que debe existir relaciones entre el sector público y el privado, pero debe hacerse con transparencia y vigilando que no haya prevaricaciones o corrupciones. Hemos tomado medidas para evitar estas malas praxis y que haya una relación saludable y transparente, como el código ético [para los cargos públicos] o el buzón ético que permite presentar denuncias anónimas. La economía es muy diversa y no pondría a todos en el mismo saco. Estamos abiertos a trabajar con todos, pero en igualdad de condiciones, con transparencia y concurso público. Y buena parte del sector económico lo que quiere es hacer dinero y si cambian las reglas del juego, se adapta. Ahora bien, después hay unas determinadas élites, unos poderes fácticos en la sombra, que estaban muy mal acostumbradas. Como el oligopolio eléctrico, Agbar, las entidades financieras... A estas empresas les hemos dicho que ha llegado un Gobierno con el que cambia la relación, que estamos aquí para defender el interés general y si quieren reconducir su relación con la institución pública podemos hablar; si no, nos tendrán enfrente para defender los intereses de la gente. Pero hay oligopolios y algunos poderes fácticos que no estaban ni están contentos con nosotros y han ido a buscar un candidato en Francia porque no lo encontraban aquí.

Grandes proyectos de ciudad como la unión del tranvía o la creación de la funeraria pública no han tirado adelante. ¿Por falta de capacidad negociadora de su Gobierno o por el partidismo de las otras fuerzas?

Seguro que hay otros casos donde lo podríamos haber hecho mejor, pero en estos dos en concreto quedó claro que los intereses de partido pasaron por delante de los de la ciudad. Con el tranvía hicimos un proceso larguísimo de discusión, se creó una comisión a instancias de la oposición, se hicieron todos los informes del mundo mundial, había el consenso con los otros ayuntamientos y con la Generalitat, con Gobiernos de colores diferentes, pero ERC bloqueó la conexión, aunque la llevaba en el programa electoral, porque Alfred Bosch [entonces su líder municipal] decidió que no la votaría para no dar una victoria al gobierno de Ada Colau. En el caso de la funeraria quien lo bloqueó fue el PSC, cuando sus votantes están de acuerdo en que haya una funeraria pública que permita ofrecer unos precios que no sean abusivos. Si hay un segundo mandato, espero que podamos hacer mayorías más estables. Desde el primer día ofrecí a las formaciones de izquierdas que se incorporaran al Gobierno. Ahora ha habido cambios en ERC y supongo que se lo plantearán de una forma diferente en el siguiente mandato. Siempre he sido partidaria de acuerdos de izquierda en base a programa.

Citaba Manuel Valls como candidato de las élites. Él ya ha dejado claro que hará de la seguridad, con un modelo que apuesta por una mayor presencia policial, una de las banderas de su campaña. ¿Cree que no han logrado implantar un modelo de seguridad diferente?

Creo que hemos demostrado que tenemos un modelo propio y no tenemos miedo a hablar de seguridad, pero no entraremos en la demagogia que hacen algunos personajes como Manuel Valls. Lo más importante es que hablemos con objetividad. Barcelona es una ciudad global y tiene problemas de seguridad, pero ni de lejos son graves. En muchos rankings aparece como una de las ciudades más seguras del mundo. Pero sí que tiene problemas específicos que han crecido sobre todo el último año. Se han disparado los hurtos y está el tema de los narcopisos, que es narcotráfico, un tema internacional que se desplaza allí donde puede haber una oportunidad de negocio. Excede con mucho la competencia municipal, pero tenemos que ser proactivos para combatirlo. Debemos analizar con rigor la complejidad de todos los fenómenos que pueden intervenir en las dos cuestiones y, evidentemente, hay una estrategia policial para combatir el crimen organizado. Ya lo hemos hecho, porque hemos aumentado efectivos de la Guardia Urbana, hemos trabajado con la Fiscalía para ver cuál era la mejor manera de tratar el tema de los hurtos para que no quedaran impunes... pero hay una competencia superior en seguridad ciudadana que es de la Generalitat y venimos de un año de excepcionalidad permanente, no sólo por el [artículo] 155, sino que antes y después la Generalitat ha estado pensando en otras cosas que no eran políticas públicas. Tenemos un modelo y hay una estrategia policial, pero hay muchas otras problemáticas que no se resuelven sólo con policía. Son necesarias estrategias más complejas y esto es enemigo de las políticas simplistas del populismo punitivo.

FOTO: JOEL KASHILA

Veremos si la sentencia del Tribunal Supremo por el caso del 1-O llega antes o después de las elecciones municipales pero, ¿cuál debería ser la respuesta del Ayuntamiento en caso de que haya condena dura a los dirigentes independentistas?

No nos resignaremos. Nos hemos posicionado políticamente y hemos dicho muy claramente que la excepcionalidad política no sólo es injusta sino que menoscaba la calidad democrática del país. No podrá haber una normalidad si no se reconduce una cuestión que era política hacia la negociación política. Tenemos que denunciar la judicialización y cualquier recorte de derechos y libertades. Hemos denunciado los encarcelamientos, también el 155 y somos la única institución que se ha personado por las cargas[policiales] del 1 de octubre y llegaremos hasta el final para que no haya impunidad. Con el juicio seguiremos trabajando con esta perspectiva. Cada vez se posiciona más gente y tenemos que seguir luchando para que caiga la rebelión, porque no hay nada que la sustente, y para que caiga la prisión preventiva, que es una vulneración de derechos y un abuso. Ahora tenemos que concentrarnos en eso. Como ayuntamiento haremos todo lo que esté en nuestras manos para que se revierta la judicialización. Y cuando llegue el juicio habrá que ver si caen algunas acusaciones y a partir de eso nos posicionaremos.

Siempre ha defendido el referéndum pactado como vía de solución al conflicto político. Ahora mismo tanto ERC como buena parte del espacio de la antigua Convergència han vuelto a esta vía, que según las encuestas apoya alrededor del 40% de la sociedad española. Pero, ¿cómo se logra, teniendo en cuenta la oposición radical de PP, PSOE y Cs?

En el PSOE ha habido voces, pocas si quieres, que no han sido tan monolíticas como el PP o Cs, que dicen que hay algo de que hablar. Y las mayorías cambian y la sociedad evoluciona. Que existieran Podemos y las confluencias con la fuerza que tienen era impensable hace pocos años. El tema de hacer un referéndum estatal sobre monarquía o república gana apoyos a gran velocidad, cuando hace poco era un reducto de Izquierda Unida y poco más. Respecto a Catalunya hay posiciones muy diferentes pero creo que cada vez es más mayoritario el rechazo a una respuesta autoritaria y represiva que no lleva a ninguna parte. ¿Es fácil abordar esto? No, se equivoca quien lo haya planteado así. Claro que no es sexy decir que este es un tema que requiere mucho diálogo, trabajar consensos y que llevará mucho tiempo. Pero si tienes responsabilidades de gobierno lo primero que tienes que hacer es no engañar a la población. Estoy convencidísima que esto debe resolverse con un referéndum y lo he dicho siempre, pero esto no quiere decir que sea fácil. En política las grandes cosas normalmente no son fáciles. Pensar que habría un reconocimiento internacional de la independencia el día después del 1 de octubre es o de alguien que no tiene experiencia en política o de alguien que se está autoengañando. Era evidente que no lo habría. He estado hablando con cónsules y embajadores durante todo este tiempo, como hacían los partidos independentistas, y sabían que no existiría. Es legítimo que los partidos independentistas persigan la independencia, pero si nos autoengañamos para conseguir este objetivo nos hacemos daño. Creo que es una de las lecciones que podemos sacar, pero eso no quita que sea el Estado quien tenga las principales responsabilidades, especialmente el Gobierno del PP, con una posición represiva que no tiene ninguna justificación. Dicho esto, debemos buscar soluciones efectivas a una situación muy dura. Y para ello tenemos que constatar que somos una sociedad diversa y eso quiere decir que hay que hablar y negociar mucho y hay que ceder en las posiciones que tenías de partida.

¿Cómo están las relaciones entre el Ayuntamiento y la Generalitat? Reiteró que tiene una distancia ideológica muy importante con Quim Torra.

Hay una distancia ideológica muy importante pero un trato personal muy cordial y muy correcto. Lo que pasa es que estoy preocupada porque veo un Govern que no gobierna y no se siente responsable de gobernar. Y esto es un déficit democrático muy importante. Cuando entras a gobernar lo haces con unas aspiraciones de máximos, pero si estás en minoría o sin todas las competencias o con los límites que sea, tienes que asumirlos y hacer todo lo que sea. Pero eres responsable de gobernar, de gobernar para toda la población y de hacer que las instituciones funcionen. Entiendo que el dolor es real, y he ido varias veces a la cárcel, pero al mismo tiempo ERC y PDECat han decidido presentarse a las elecciones y son responsables de la institución catalana y de los servicios públicos. Y esto se visibiliza con el tema de los presupuestos. Debemos hacer todo lo que podamos para sacar a la gente de la cárcel pero negar los presupuestos [estatales] no hará que esta gente salga de la cárcel y, en cambio, tienes la sanidad o la enseñanza al límite y los ayuntamientos asumiendo cosas que no nos corresponden. Es muy preocupante que quien gobierna hoy la Generalitat crea que no es responsable de lo que ocurre en Catalunya y que diga que todo es culpa del Estado. Claro que genera contradicciones, pero si gobiernas asumes que la tendrás; si no, dedícate a otra cosa. Entiendo que Òmnium [Cultural] o la ANC pidan máximos, y tienen todo el derecho a hacerlo, pero quien asume representar al conjunto de la ciudadanía tiene que entrar a negociar, asumir la contradicción y hacer lo máximo que esté en sus manos para la institución funcione, para que los servicios públicos funcionen. Estamos hablando de esto, porque las competencias que tiene la Generalitat las incumple sistemáticamente y ya nadie espera que la Generalitat lidere las políticas públicas, nos lo piden todo a los ayuntamientos.