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Procés El fiscal acusa a miembros del Govern por primera vez de organización criminal por la organización del referéndum del 1-O

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Esta acusación, que también afecta la radio y la televisión públicas catalanas, se añade a las que ya acumulan por malversación, prevaricación, desobediencia, falsedad documental y revelación de secretos.

España

La Fiscalía de Barcelona ha pedido, por primera vez, que se procese por un delito de organización criminal a 28 de los imputados por los preparativos del 1-O, además de los de malversación, prevaricación, desobediencia, falsedad documental y revelación de secretos de los que ya están acusados.

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El Ministerio Público ha presentado un escrito ante la titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona en el que pide añadir ese delito a 28 de los 30 procesados por organizar el 1-O, entre ellos a la cúpula de la radio y la televisión públicas catalanas y a varios exaltos cargos del Govern de Carles Puigdemont.

La Fiscalía considera que una organización criminal es "cualquier red estructurada, sea cual fuere la forma de estructuración, que agrupe a una pluralidad de personas con una jerarquización y reparto de tareas".

A principios de abril se publicó el auto de procesamiento de 30 investigados por los citados delitos. Entre los nombres destacados, aparece el director general de Comunicació, Jaume Clotet Planas, y los directores de Catalunya Ràdio y TV3, Saul Gordillo y Vicent Sanchis. Además, la mayoría de ellos son excargos públicos del Govern de Carles Puigdemont, algunos de los cuales siguen en la Generalitat.

Incluye a estas 28 personas como las que "de forma concertada y permanente en el tiempo y con la finalidad de conseguir por vías delictivas la secesión de la comunidad autónoma de Cataluña" mediante aportación individual y jerarquizada.

La magistrada titular había adoptado esta decisión en un auto de procesamiento por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, desobediencia, falsedad documental, revelación de secretos y prevaricación, tras más de dos años de instrucción iniciada por el fallecido Juan Antonio Ramírez Sunyer.

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La juez fijó en 5.803.068,67 euros la fianza solidaria por responsabilidad civil para los procesados por malversación, cantidad supuestamente gastada o comprometida con la celebración del 1-O.

Ahora, y según un recurso de reforma al auto de procesamiento presentado ante el Juzgado, el Ministerio Público pide procesar además por organización criminal a altos y exaltos cargos como Joaquim Nin, Jaume Clotet, Josep Ginesta, Albert Royo, Amadeu Altafaj y Natàlia Garriga, entre otros.

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