MADRID.— La noticia saltó en abril y se ha confirmado ahora: entonces el Ayuntamiento de Madrid anunció que emprendería acciones legales contra la venta de viviendas públicas y sociales a fondos buitre aprobada por el anterior equipo de Gobierno comandado por Ana Botella si se demostraba que hubo irregularidades en dicha venta. 

El concejal delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, ha anunciado este viernes que el Consistorio emprenderá acciones judiciales contra los administradores de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) por la venta de pisos sociales a fondos buitres, una operación cuestionada por la Cámara de Cuentas.

"Hay base jurídica para muchas cosas, pero especialmente para una actuación contra los administradores de una sociedad que desde luego no han velado por el correcto funcionamiento de la misma, ni por su patrimonio. Evidentemente, según mi conocimiento, limitado, pero suficiente para este caso, hay base para actuaciones judiciales y no les quepa la menor duda que las ejecutaremos", ha asegurado Sánchez Mato tras la sesión de la comisión de investigación de la deuda y las políticas públicas que ha tenido lugar en el Ayuntamiento.

En dicha comisión ha declarado la exinterventora municipal, Beatriz Vigo, que se ha ratificado en sus informes y ha asegurado que no recordaba con exactitud los peros que puso a la operación.

Ayer, jueves, se publicó el informe definitivo de la Cámara de Cuentas, que determinaba que en las operaciones de venta se prescindió de la aplicación de las instrucciones internas de contratación. 

Este informe analiza las operaciones de venta de 6.844 inmuebles con protección —de los que 2.956 son viviendas—, cuyo precio total ascendió a 261,88 millones de euros.

Según ese organismo, la venta se realizó "sin la existencia de pliegos de condiciones" y "sin establecimiento previo del valor del mercado del bien a enajenar", que se fijó "por acuerdo negociado entre el comprador y el órgano de contratación sin estudios o tasaciones previas que fijaran dichos valores".

Esto supone, según la Cámara de Cuentas, "la no aplicación de los criterios de racionalidad, economía y eficacia que deben presidir la gestión de los intereses públicos".

En el caso de las viviendas vendidas a Fidere, el informe apunta que fueron los interesados en la compra los que fijaron el precio de venta que finalmente fue aceptado por el órgano de contratación, sin que se conociese el "valor objetivo de mercado de los bienes a enajenar".

"De lo que estamos hablando es de irregularidades que pueden incluso suponer actuaciones penales, o sea, vulneraciones del código penal, por supuesto también de actuaciones que han vulnerado las normas mercantiles", ha advertido sobre ese asunto Carlos Sánchez Mato.

Revertir la situación

No obstante, ha comentado que para poder revertir la situación (es decir, para que las viviendas vendidas regresen a manos municipales) habría que ir por la vía del Derecho Civil, porque "incluso una actuación delictiva que haya tenido como resultado un desastre para la EMVS podría hacer imposible la devolución de esas viviendas al patrimonio de todos".

"Por lo tanto esa parte, la que es menos sencilla de probar, es la que seguimos estudiando, porque desde luego los otros dos elementos, las obligaciones mercantiles y penales, parecen bastante claras", ha afirmado.