El Tribunal Supremo de Kenia anuló el viernes la victoria electoral del presidente Uhuru Kenyatta citando irregularidades y ordenó nuevas elecciones dentro de 60 días, después de que los comicios del mes pasado provocaran protestas e incidentes violentos en los que murieron al menos 28 personas.

La decisión de cancelar el resultado, la primera de este tipo en Kenia, supondrá una nueva carrera por la presidencia entre Kenyatta, de 55 años, y el veterano líder de la oposición Raila Odinga, de 72.

La mayor economía de África oriental tiene un largo historial de elecciones polémicas. Una disputa sobre las de 2007, que Odinga desafió tras ser declarado perdedor, fue seguida por semanas de derramamiento de sangre étnico en las que murieron más de 1.200 personas.

El fallo del viernes, que hizo caer en picado a la bolsa de Nairobi, provocó celebraciones en las calles de los partidarios de Odinga. En el tribunal, un sonriente Odinga levantó el puño en el aire mientras sus partidarios aplaudían y le estrechaban la mano.

"La declaración (de la victoria de Kenyatta) es inválida, nula y sin valor", dijo el juez David Maranga, anunciando un veredicto respaldado por cuatro de los seis jueces. Dijo que la junta electoral "fracasó, descuidó o se negó a llevar a cabo las elecciones presidenciales de una manera consistente con los dictados de la constitución".

Tras conocerse el fallo, el presidente de la junta electoral dijo que haría cambios en su personal y procesaría a cualquiera que estuviera involucrado en la manipulación deliberada de las elecciones.

Los resultados oficiales dieron a Kenyatta el 54,3 por ciento de los votos, frente al 44,7 por ciento de Odinga, una ventaja de 1,4 millones de votos. El partido gobernante de Kenyatta también ganó en el Parlamento.

"Este es un día desde luego histórico para el pueblo de Kenia", dijo Odinga después del fallo. "Por primera vez en la historia de la democratización africana, un tribunal ha dictado una sentencia que anula unas elecciones irregulares para la presidencia".

Los observadores internacionales habían dicho que no vieron señales de manipulación ni en las votaciones ni en el recuento en los colegios electorales. Grupos de la sociedad civil dijeron que la junta electoral fue demasiado lenta a la hora de publicar los resultados. Expertos del tribunal dijeron que algunos documentos carecían de sellos oficiales o tenían cifras que no coincidían con las cifras oficiales.