El pleno del Parlamento Europeo pidió este jueves la liberación de las mujeres y niñas que se encuentran en prisión en El Salvador tras sufrir abortos espontáneos o dar a luz a su bebé muerto. Estas mujeres son acusadas de haber matado a sus hijos recién nacidos cuando, en realidad sufrieron problemas médicos ajenos, y sufren condenas de asesinato en grado de tentativa con penas de entre 30 y 50 años de prisión.

Desde 1998, en El Salvador el aborto está penalizado con la cárcel en cualquier circunstancia, también cuando la mujer es víctima de una violación, incesto o su vida corre peligro. Y actualmente son al menos  31 mujeres las que están presas por casos similares, según datos de La Colectiva Feminista, una agrupación salvadoreña que defiende los derechos de la mujer

En una resolución de urgencia aprobada por amplia mayoría, los eurodiputados reclamaron asimismo a la Asamblea Legislativa salvadoreña que lleve a cabo una reforma del Código Penal para despenalizar el aborto por lo menos en casos de embarazos que suponen riesgos para la salud de la madre, casos de malformaciones, inviabilidad del feto, violaciones e incestos. 

A la espera de los cambios legislativos, que llevan suspendidos en la Asamblea desde octubre de 2016, el Parlamento Europeo apela a las autoridades del país a suspender la aplicación de la legislación en vigor, que prohíbe completamente el aborto, sin ninguna excepción. 

La resolución también menciona específicamente que se suspendan las penas para dos casos recientes: Teodora del Carmen Vásquez, cuya última apelación fue rechazada esta semana y quien lleva ya diez años en prisión, condenada a un total de treinta, y Evelyn Beatriz Hernández Cruz, cuya sentencia fue confirmada en octubre pasado.

La violencia de género es un problema serio en El Salvador, donde una mujer es agredida sexualmente cada tres horas y más de 1.000 mujeres fueron asesinadas en 2015 y 2016. El país tiene, además, una elevada tasa de embarazos entre niñas y adolescentes, en muchos casos resultado de violación y abusos. Según datos del Gobierno, en 2015, hubo 1.445 embarazos de niñas entre 10 y 14 años.

El Salvador es un país profundamente conservador en términos jurídicos. La reforma de su Constitución de 1999, promovida por el partido derechista Arena, “reconoce como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción”. 

En 1998, la Asamblea Legislativa de El Salvador reformó este código, para eliminar las causales (malformaciones graves, violación, peligro de muerte para la madre) que desde 1974 regulaban la interrupción voluntaria del embarazo, e incrementar las penas. Desde entonces se persigue a la mujer que aborte, a los trabajadores sanitarios que colaboren, a quien no denuncie un caso cercano.