La justicia francesa acentúa su presión sobre la multinacional francosuiza Lafarge-Holcim, el mayor fabricante de cemento del mundo. Seis antiguos dirigentes de esta compañía han sido imputados en diciembre por financiamiento “indirecto” de grupos yihadistas en Siria. Entre ellos, el expresidente de Lafarge, Bruno Lafont, y el antiguo director general, Éric Olsen. A todos ellos les acusan, en concreto, de haber pagado varios millones de euros al Daesh, con el objetivo garantizar el abastecimiento y la libre circulación de los empleados de la fábrica de cemento de Lafarge en Jalabiya.

Situada en el nordeste de Siria, a unos 90 kilómetros de Raqqa, la antigua capital del autoproclamado Estado Islámico en este país, la fábrica de Lafarge siguió en funcionamiento hasta el 19 de septiembre de 2014, cuando fue asaltada por grupos yihadistas. Pese a la cruenta guerra civil que estalló en Siria a finales de 2011, los dirigentes del gigante del cemento prefirieron no cerrar este complejo industrial, a diferencia de las otras multinacionales francesas, como la petrolera Total o el fabricante de quesos Bel, que abandonaron el país tras el inicio del conflicto.

Según reveló el diario Le Monde en junio del año pasado, la obstinación de los dirigentes de Lafarge hizo que estos pagaran a grupos del Estado Islámico, pero también del Frente Al Nusra (la antigua rama de Al-Qaeda en Siria) y de Ahrar al-Sham, un influyente grupo salafista de los rebeldes sirios.

En un principio, los responsables de Lafarge confesaron a la justicia aduanera, que investiga este caso desde junio de 2017, que pagaron unos 20.000 euros mensuales al Daesh. Pero, según ha anunciado la ONG Sherpa, que actúa como acusación particular, la cifra que manejan ahora los tres jueces de instrucción encargados de la investigación es bastante superior: unos 15,2 millones de dólares (13 millones de euros ). “La mayor parte de los cuales fueron abonados al Estado Islámico”, afirmó William Bourdon, el abogado de Sherpa en una rueda de prensa en París el 12 de diciembre.

Lafarge pagó presuntamente esta cifra a grupos yihadista entre 2011 y 2015 para mantener en funcionamiento su joya industrial en Oriente Próximo. Esta multinacional francesa invirtió 600 millones de euros en 2007 para adquirir y renovar este complejo industrial, una de las fábricas de cemento más modernas del Próximo Oriente. Inaugurada con gran pomposidad en 2010, esta representó la mayor inversión extranjera en Siria fuera del sector petrolero.

Sin embargo, el estallido de la rebelión democrática en Siria en la primavera de 2011, que degeneró en guerra civil a finales de ese año, alteró el funcionamiento de la fábrica de Jalabiya. “Los grupos armados presentes en el norte de Siria se interesaron rápidamente por la fábrica. Elaboraron distintas estrategias para aprovecharse de ella”, asegura en declaraciones a Público Dorothée Myriam Kellou, la periodista independiente que reveló este escándalo.

Mirada hacia el negocio de la reconstrucción de Siria

Mientras las otras multinacionales francesas abandonaron Siria, Lafarge prefirió mantener abierto su complejo industrial. ¿Por qué? “La versión oficial del grupo era mantener el aprovisionamiento de cemento en Siria. Pero, según me confirmó el antiguo responsable de seguridad de la fábrica, Jacob Waerness, el verdadero objetivo era proteger la inversión”, explica Myriam Kellou. Así posicionarse como uno de los mayores fabricantes de cemento en Siria con la mirada puesta en la reconstrucción del país después de la guerra.

La codicia de los dirigentes de Lafarge hizo que estos vulneraran el embargo comercial a Siria que la Unión Europea estableció en 2012. “Tanto el aprovisionamiento de petróleo y de puzolana se hizo a través de las reservas de Raqqa (una ciudad controlada por el Estado Islámico desde junio de 2013)”, afirma Myriam Kellou. Hasta 5,6 millones de dólares fueron abonados a los proveedores de la fábrica, siete de los cuales se encontraban en Raqqa y solían estar vinculados al Daesh.

Según un informe interno que la dirección de la multinacional encargó a las consultoras norteamericanas Baker y McKenzie, que ha sido revelado parcialmente por Sherpa, la dirección de la filial siria de Lafarge abonó 5,3 millones de dólares —la mayoría de ellos al Estado Islámico— como “pagos de seguridad” y 4,4 millones para remunerar a los intermediarios que negociaron con el Daesh y otras facciones terroristas. Para disimular estos gastos en su contabilidad, la multinacional producía facturas falsas, justificadas como “costes de representación”.

Estos inquietantes acuerdos con grupos yihadistas se hicieron a través de un entramado de hombres de negocios sirios. La mano derecha de Lafarge en Siria era el millonario sunita Fira Tlass, hijo de un exministro de Defensa sirio y hermano de un general del Ejército sirio, que se exilió en París en 2012 tras haber tomado distancias con el régimen de Bashar al Asad. Desde Dubai (Emiratos árabes), Fira Tlass, que financió a grupos rebeldes, facilitaba los contactos, negociaba y pagaba a las brigadas rebeldes y salafistas, a cambio de que estos garantizaran la seguridad y la libre circulación de los empleados y los proveedores de la fábrica. A cambio de esta tarea, cobró unos 100.000 dólares mensuales entre 2012 y 2014.

Lafarge también contó con Amro Taleb, un hombre de negocios, de 28 años, licenciado en Harvard y al que se hizo un astronómico contrato por trabajos de consultoría. “Este contrato sirvió para justificar su trabajo como intermediario entre Lafarge y el Estado Islámico”, afirma Myriam Kellou. Según esta periodista independiente, “Amro Taleb no era ningún desconocido de la dirección de Lafarge. Se trataba supuestamente de una persona próxima al hijo de Bruno Lafont (el antiguo PDG de la compañía), con quien coincidió en la universidad”.

Balones fuera de la multinacional

Aunque la dirección de la compañía ha reconocido que han cometido “errores inaceptables”, esta se excusa haciendo responsables de manera exclusiva a los dirigentes de su filial en Siria. No obstante, ¿la dirección de Lafarge estaba al corriente de los pagos al Estado Islámico? “Es difícil de creer que esto se hiciera sólo con el consentimiento de la dirección de la filial. Había reuniones semanales por Skype entre los dirigentes de París y los de la filial en Siria”, explica Myriam Kellou.

De hecho, el director de seguridad de Lafarge, Jean-Claude Veillard, que también ha sido imputado, “seguía de manera casi diaria la situación de la fábrica en Siria”, afirma Myriam Kellou. Veillard, que milita y ha sido candidato por el ultraderechista Frente Nacional, mantuvo contactos directos con responsables del Estado Islámico, según reveló en mayo de este año el diario digital Mediapart, “Acabo de llegar a Manbij (norte de Siria). El Estado Islámico quiere una lista de nuestros empleados con sus carnets de identidad para darles una autorización para que circulen por sus puntos de control”, escribía Veillard en uno de los correos electrónicos a los que tuvo acceso Mediapart.

Los empleados se sentían usados para proteger la fábrica

“El caso de Lafarge no sólo es polémico por el supuesto financiamiento del Estado Islámico, sino especialmente por la complicidad con violaciones de los derechos humanos que comportó”, asegura a Público Claire Tixeire, consejera legal del ECCHR (European center for constitutional and human rights). Junto a Sherpa, esta ONG representa a 11 antiguos empleados que han denunciado a la multinacional por “crímenes contra la humanidad”. La decisión de mantener en funcionamiento la fábrica puso en peligro la vida de sus trabajadores. Nueve empleados fueron raptados en 2012 por grupos rebeldes sirios y la compañía abonó 220.000 euros para liberarlos. Otros secuestros se repitieron entre 2012 y 2014. Y en algunos casos Lafarge prefirió no ayudarles en el pago del rescate.

“La fábrica se encontraba en una zona llena de puntos de control, donde se producían a menudo atentados”, denuncia Tixeire. Según la responsable del dosier de Lafarge para la ONG ECCHR, “antiguos empleados declararon que los responsables de la fábrica amenazaban a sus empleados con despedirles o suspenderles el salario, cuando estos decían que no podían acudir a su puesto de trabajo porque temían por su seguridad”. Unas presiones que hicieron que el director del complejo industrial, Mamdouh Al-Khaled, recibiera el apodo de “dictador”. Mientras que este lo dirigía desde Damasco y el presidente de la filial siria de Lafarge vivía en el Cairo (Egipto), los trabajadores fueron obligados a alojarse en Manbij, uno de los primeros feudos del Estado Islámico en Siria.

Aunque en el verano de 2014 se multiplicaron los combates entre el Estado Islámico y las brigadas kurdas del PYG, la fábrica continuó funcionando hasta el 19 de septiembre. Cuando esta fue asaltada ese mismo día por miembros del Daesh, los empleados no sólo no fueron advertidos de la inminencia del ataque, sino que tuvieron que escapar por sus propios medios. Cuatro de ellos fueron detenidos y retenidos como rehenes durante diez días. “No hubo ningún plan de evacuación”, denuncia Tixeire, quien explica considera que “un antiguo empleado relató que tenían la impresion de que se utilizaba a los trabajadores que “utilizaron los trabajadores como soldados para proteger la fábrica”.

La “complicidad” de las autoridades francesas

“Las multinacionales siempre se inventan cualquier excusa para no respetar los derechos humanos. Esperamos que Lafarge sea condenada y que este caso represente un precedente”, afirma Tixeire. Según han denunciado los responsables de Sherpa, que pretenden que también sea imputada la multinacional como persona jurídica, los actuales dirigentes del fabricante de cemento obstaculizan la investigación judicial. “Han intentado comprar el silencio de algunas de las personas imputadas”, denuncian los letrados de esta ONG. Unas acusaciones negadas por Lafarge.

Los letrados de Sherpa también lamentan la “cautela” y la “complicidad” que las autoridades francesas han mostrado respecto a este caso. Antiguos dirigentes de Lafarge han confesado a los investigadores judiciales que el Ministerio de Exteriores francés avaló la decisión de permanecer en Siria. Interrogado por la justicia aduanera, el antiguo embajador de Francia en Siria, lo ha desmentido: “Pedirles que se quedaran era contrario a nuestras consignas, nunca les hubiera pedido esto”.

Sin embargo, las embajadas francesas en Turquía y Jordania emitieron cables diplomáticos en 2014 en los que hablaban de reuniones entre los diplomáticos franceses y el director de la filial siria de Lafarge. En uno de estos cables, revelado por Mediapart, se habla de “la continuidad de la actividad del grupo Lafarge en Siria, al precio de un juego de equilibrios entre el régimen de Damasco, las fuerzas kurdas y el Estado Islámico”.

Según el medio de investigación Intelligence Online, la Dirección general de la Seguridad exterior (la CIA francesa) siguió de cerca los acuerdos entre la multinacional y el Daesh. Incluso el intermediario Amro Taleb se reunió en París en enero de 2015 con dirigentes de Lafarge para transmitirles una propuesta de “los hombres de negocios de Raqqa”, que consistía en volver a poner en funcionamiento la fábrica de Jalabiya. Pero los responsables de la multinacional rechazaron esta propuesta durante una reunión vigilada por los servicios de inteligencia franceses.
A pesar de todos estos indicios, la Asamblea Nacional publicó en julio de 2016 un informe en el que defendía de manera categórica que Lafarge no había financiado el Estado Islámico. Las pruebas apuntan que la indulgencia de la clase política francesa favoreció la irresponsable aventura de Lafarge en Siria. Un ejemplo más de la connivencia entre las élites económicas y políticas en un capítulo oscuro del capitalismo global.