Le acompañan. Le respaldan. Le defienden. Desde hace meses Valeska Teixeira Zanin Martins y Cristiano Zanin Martis son el chaleco anti balas del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pero son mucho más. Esta pareja de abogados lleva sobre sus espaldas la responsabilidad de devolver a quien fuera el presidente más querido de la reciente democracia brasileña la legitimidad y la inocencia que le arrebatan la lluvia de acusaciones de corrupción que le caen desde hace casi dos años. Este miércoles los pesos pesados del despacho de abogados Teixeira Martins defenderán ante el Tribunal Regional Federal de Porto Alegre (TRF4) la nulidad de la sentencia del juez Sergio Moro que el pasado mes de julio condenó al ex mandatario a nueve años y medio de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero.

¿La acusación? La sentencia de Moro alega que Lula da Silva sería el dueño oculto de un apartamento en la costa de Guarujá que le habría dado la constructora OAS a cambio de que el ex presidente intercediera para conseguir tres contratos entre la constructora y la estatal Petrobras. Tres jueces serán los que ahora tendrán que decidir si anulan la sentencia en primera instancia y absuelven al petista, o si ratifican la condena, la disminuyen o la aumentan.

Ustedes llevan meses argumentando que este juicio al que se enfrenta Lula es puramente político y no jurídico. ¿A qué se refieren?

Al hecho de que no hay materialidad en las acusaciones, carecen de lógica y de consistencia. No hay pruebas que incriminen a nuestro cliente por eso decimos que estamos ante un fenómeno que en el campo el Derecho se conoce como lawfare, que se basa en la mala utilización y el abuso de las leyes del procedimiento jurídico con fines políticos. Hemos visto como el juez Sergio Moro y el Ministerio Público han hecho uso de los medios de comunicación para filtrar informaciones no contrastadas, acusaciones infundadas que no se sostienen pero que cuando las repiten todos los periódicos se acaban creyendo, a eso nos referimos cuando denunciamos que Lula sufre una persecución mediática.

¿Y cuál sería el motivo de esa persecución? ¿Dejarlo fuera de las elecciones de este año?

Eso también, pero la campaña mediática que ha promovido el juez Moro tiene como objetivo principal desmoralizar y deslegitimar al ex presidente y a su partido. También evitar que se presente a las elecciones porque todas las encuestas le dan como vencedor, pero sobre todo lo que hemos visto este último año es una campaña que busca deslegitimar sin ningún tipo de pruebas a un político que acabó su mandato con el 85% de la aprobación popular y que hoy es favorito de nuevo.

¿Cuáles son los puntos principales por los ustedes defienden la nulidad de la sentencia?

Según la denuncia Lula sería el dueño de un apartamento en la costa de Guarujá que le habría dado la constructora OAS a cambio de mediar por tres contratos entre la constructora y la estatal Petrobras. Pero el propio juez Moro nos respondió a un recurso diciendo que “jamás afirmó en la sentencia o en cualquier otro lugar que los valores conseguidos por la constructora OAS a través de esos contratos con Petrobras se usaran para pagar ventajas indebidas para el ex presidente”.

Luiz Inácio Lula da Silva sujeta una camiseta contraria a Temer durante un acto en la ciudad de Santo Andre. - REUTERS

Al decir esto por un lado se demuestra la inocencia de nuestro cliente ante las acusaciones. Pero además y sería éste uno de los motivos por los que pedimos la nulidad, al no comprobarse que el dinero de esa supuesta corrupción viniera de Petrobras, todo el juicio debería ser nulo ya que el magistrado Moro no estaría capacitado para llevarlo porque él se encarga exclusivamente de procesos relacionados con Lava Jato (la mayor investigación de corrupción de Brasil que trata sobre los desvíos millonarios de dinero de Petrobras). Al no haber vínculo con Petrobras no puede hacerse cargo del caso por no ser de su competencia.

¿Sería uno de los “vicios graves” que según ustedes cometió el magistrado?

Sí, pero hay más. Otro punto fundamental es que no se ha demostrado que nuestro cliente sea el dueño del apartamento por el que le acusan de lavado de dinero y corrupción. El ex presidente reconoció que su mujer se interesó por ese inmueble y él lo fue a ver pero después no les convenció, algo que es completamente legal y que sucede a diario. Nosotros solicitamos que se hiciera una pericia financiera para ver a quién correspondería el apartamento, pero el juez Moro nos la negó. Después demostramos que el apartamento pertenece a OAS que a su vez utilizó el inmueble en una operación financiera realizada con fondo de la Caixa Económica Federal. Para que Lula fuera el dueño debería haber pagado a la Caixa y jamás lo hizo. Además el magistrado escuchó a 73 testigos que aseguraron que Lula no era dueño de ese apartamento. Y otro de los puntos claves es que Moro no logra señalar cuál sería el acto de oficio, de corrupción pasiva, practicado por Lula a favor de la constructora OAS. Según la sentencia serían “actos indeterminados”. Cómo se puede condenar a alguien por corrupción pasiva por actos indeterminados y no especificar qué actos son, es algo completamente impensable jurídicamente.

Hay 73 testigos que dicen que Lula no era el dueño del inmueble, sin embargo el ex ejecutivo de OAS, Leo Pinheiro, dijo lo contrario

Leo Pinheiro es un hombre que está preso, que cambió su declaración tres veces y que finalmente aceptó una delación premiada a cambio de reducción de pena y fue entonces cuando dijo que aunque el inmueble no estuviera a nombre del ex presidente, sí le pertenecería. En las delaciones premiadas se puede mentir y la ley no permite que una condena se base exclusivamente en la confesión de un reo, y menos aún que éste no aporte pruebas. Cuando solicitamos el laudo de la delación premiada de Leo Pinheiro a la Procuraduría General de la República (PGR) nos contestaron que en ningún momento Pinheiro incrimina a Lula ni ofrece pruebas que le señalen como dueño del inmueble.

Protestas en Sao Paulo por la condena de Lula da Silva a 9 años y medio de cárcel /REUTERS

¿Pero ustedes han leído el contenido de esa delación?

No nos lo permitieron. La única respuesta que recibimos fue la que le acabo de decir de la PGR. Pero lo que sí sabemos es que la condena de Lula se basa exclusivamente en esa delación porque no hay ninguna otra prueba. Y la confesión de Pinheiro es falsa y sin datos que la avalen.

El ex presidente Lula ha dicho que el Ministerio Público pone como condición en las delaciones premiadas que digan su nombre para inculparlo y llegar a un acuerdo. ¿Ustedes como abogados han tenido conocimiento de otros colegas que les confirmen esta acusación?

Sí, sabemos que ha sido así e incluso medios internacionales como The Guardian han contado cómo se ha presionado a los presos para dar el nombre de Lula da Silva. Pero el problema de fondo es el modus operandi que ha implementado Moro para investigar la operación Lava Jato que se basa en delaciones premiadas que siguen un script en el que se fuerza a dar el nombre de Lula, todos dicen “creo que tenía una cuenta…”, “creo que sabía sobre algo…” y no hay pruebas de nada. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es muy clara al decir que una condena no se puede basar en el testimonio de un preso porque convierte al proceso jurídico en en inconstitucional, ilegal, fuera del Estado de Derecho, que es lo que sucede con nuestro cliente.

En agosto salió una publicación de más de cien juristas sobre la sentencia de Moro titulada Comentarios de una sentencia anunciada. En estos momentos los medios también dan por hecho que se va a ratificar la condena. ¿Ustedes creen que el juicio de este miércoles también es una sentencia anunciada?

Como conocedores de los autos y del conjunto probatorio constituido en los autos no contemplamos otra posibilidad que no sea la absolución. Un juez que sea imparcial e independiente no podría dar otra sentencia que esa, así que confiamos plenamente en que le absolverán.

¿Si fuera condenado se debería a que los jueces serían parciales?

Sí, dadas la falta de pruebas y lo explicado anteriormente una condena significaría que los jueces han sido parciales y no independientes.

¿Qué recursos interpondrían en ese caso?

Como estrategia de la defensa no podemos hablar de qué tipo de apelaciones se llevarían a cabo. No va a depender tanto del número de votos a favor o en contra de los jueces sino de cómo presenten su voto y las razones que den. A partir de ahí se tomarán las medidas que sean necesarias.

¿Si Lula fuera condenado este miércoles podría continuar con la campaña presidencial?

Sí, no le impediría seguir con actos de campaña e inscribirse en agosto como candidato para las elecciones. Sería más tarde cuando se vería si realmente podría participar o no en las elecciones. Hay muchos factores en juego y no queremos adelantarnos a nada.

¿Y si la condena fuera una prisión domiciliaria podría seguir con la campaña?

En ningún momento contemplamos la posibilidad ni de prisión, ni de prisión domiciliaria. No trabajamos con esa hipótesis. Solo tenemos claro que nos valdremos de todos los recursos de la justicia nacional y de la internacional para demostrar que Lula es inocente.