El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha cambiado de opinión en menos de 24 horas y vuelve a mantener vigente su plan de deportaciones masivas y forzosas de migrantes y refugiados subsaharianos.

Este martes ha anunciado que cancela el acuerdo que alcanzó el lunes con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que el que se evitaría la expulsión forzosa de 32.0000 migrantes africanos. Horas después y, tras recibir duras críticas de los sectores más derechistas y de su propio partido, Netanyahu anunció su suspensión y, este martes, la cancelación.

El acuerdo alcanzado con el ACNUR contemplaba que la mitad de los afectados pudieran permanecer en países occidentales mientras Israel formalizana la situación del resto como solicitantes de asilo. El plan no duró ni medio día sobre la mesa.

"Después de evaluar ventajas y desventajas, decidí cancelar el acuerdo", declaró Netanyahu después de reunirse con vecinos del sur de Tel Aviv en los cuarteles del Ejército israelí de la ciudad.

"De vez en cuando, se toma una decisión que debe considerarse", declaró el primer ministro israelí, que dijo haber hecho muchas consultas en las últimas horas con el ministro del Interior, Aryeh Deri, así como con profesionales y vecinos de la zona sur de Tel Aviv, donde viven la mayoría de inmigrantes y solicitantes de asilo africanos.

Parte de la población israelí de estos barrios ha protestado con dureza en contra de la presencia de miles de migrantes desde hace años. "A pesar de las crecientes dificultades legales e internacionales, continuaremos actuando con determinación para agotar todas las posibilidades disponibles para eliminar a los infiltrados", dijo el líder del Ejecutivo israelí, y aseguró que "al mismo tiempo, seguiremos buscando soluciones adicionales".

En enero, Israel anunció su intención de deportación masiva que se aplicaría a 32.000 de los 38.000 inmigrantes africanos que se calcula que hay, la mayoría eritreos y sudaneses, excluyendo a 6.000 menores y a progenitores con hijos a su cargo. En febrero se empezó a entregar las órdenes de deportación.

El plan fue objeto de rechazo social, con manifestaciones multitudinarias en contra, pilotos de aerolíneas que se negaron a conducir los aviones con los deportados y supervivientes del Holocausto, rabinos, académicos, escritores y médicos que escribieron cartas solidarizándose con los inmigrantes.

Movimiento de la derecha 

El anuncio del compromiso con ACNUR del lunes por la tarde incluía la promesa de un "plan de rehabilitación" para el sur de Tel Aviv y de "una distribución geográfica más equilibrada de las poblaciones que permanecerán en Israel". Pero tras este empezaron a llegar críticas de los partidos de derechas, incluido el de Netanyahu, el Likud.

"Dar estatus a 16.000 infiltrados en Israel convertirá al país en el paraíso para los infiltrados y constituye una rendición", dijo el ministro de Educación y socio principal de la coalición de gobierno, Naftali Benet, que reclamó que se implemente el plan original y que "los refugiados de lugares peligrosos, que sean absorbidos por Israel, los infiltrados para trabajar, que sean devueltos".

Para Benet, el acuerdo con ACNUR "envía un mensaje peligroso a todo el mundo: quien se infiltre con éxito en Israel, gana como premio la residencia aquí o en un estado occidental".

Tras la suspensión del acuerdo Benet felicitó a Netayahu y le instó a cancelarlo definitivamente: "Retrasar el plan no es suficiente. Debemos avanzar hacia uno nuevo que aleje a los infiltrados de Israel. Israel no es la oficina de empleo del mundo".