El nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó este pasado lunes en el Palacio Nacional su primer decreto presidencial para la instalación de una Comisión de la Verdad que investigue el caso de los 43 estudiantes de la Escuela de Ayotzinapa desaparecidos en 2014.

El órgano deberá instalarse en un plazo "no mayor a los 30 días hábiles" y estará formado por familiares de los jóvenes, representantes de las secretarías de Gobernación, Hacienda y Relaciones Exteriores, y técnicos que integren un equipo de trabajo autónomo, señaló el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.

El nuevo Gobierno trata de ir más allá de la versión oficial presentada por el anterior Ejecutivo, de Enrique Peña Nieto, y que ha sido desmontada por expertos internacionales.

De acuerdo con esta versión, los jóvenes fueron detenidos por policías corruptos el 26 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala y entregados a miembros de un grupo criminal que los asesinó e incineró en un vertedero de basura.

Encinas, quien encabezará la nueva investigación, aseveró que se retomarán los informes creados por distintos organismos que han indagado en el caso, entre ellos los del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) o el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Incluso "retomaremos la investigación truncada de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) para desahogar todas las líneas de investigación subestimadas o que se dejaron a un lado", dijo.

María Martínez, madre de uno de los estudiantes desaparecidos, pidió al presidente "caminar" con los familiares, para que el caso "no quede impune".

"Le pedimos como padres que nos ayude, que nos saque de este basurero donde nos dejó Peña Nieto; no hubo ningún avance con él, ya no confiamos en nadie, pero tenemos un poco de esperanza", aseveró.

El mandatario respondió que esperan llegar "pronto a la verdad", con el fin de que se haga justicia "y se dé ejemplo para que nunca más se violenten los derechos humanos en nuestro país".

López Obrador aseguró que la Comisión no tendrá "ningún obstáculo" para realizar su trabajo y que el Gobierno estará pendiente del avance de las investigaciones.

"Vamos a ser respetuosos de la autonomía de los otros poderes, pero este es un asunto de Estado, que nos importa mucho a todos los mexicanos", indicó.