Carlos Fernando Chamorro, director de un grupo de medios de comunicación registrados en las últimas horas por la policía, responsabilizó al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de ejecutar un "ataque brutal y frontal" contra la prensa crítica.

"Denuncio al dictador Daniel Ortega, jefe supremo de la Policía Nacional, como responsable del asalto policial contra las oficinas de Confidencial, Esta Semana y Esta Noche", señaló Chamorro, hijo de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997).

Según Chamorro, los oficiales acudieron a la sede de ese grupo de medios y avisaron a los guardas de seguridad de que investigarían al Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco), del que fue director, al que la Asamblea Nacional también quitó la personalidad jurídica, y cuyas oficinas quedan en otro lugar.

El periodista descartó que la Policía haya confundido sus oficinas y dijo que durante el registro "apresaron a los guardas de seguridad, forzaron con violencia las cerraduras de las oficinas y se tomaron ilegalmente la redacción" y su oficina.

"Es un robo perpetrado por la Policía que ha sido convertida en una organización delincuencial", denunció. Chamorro catalogó ese allanamiento como "un ataque contra medios de comunicación independientes, contra la libertad de prensa, la libertad de expresión y también contra la libre empresa", que tiene como fin "acallarnos, pero no lo van a lograr".

También se han registrado sin orden cuatro ONG

Además de la redacción del periódico, la Policía de Nicaragua registró este viernes sin orden judicial las oficinas de varias ONG. La Policía nicaragüense allanó la madrugada de este viernes las sedes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), del Instituto para el Desarrollo de la Democracia (Ipade), del Instituto de Liderazgo de las Segovias (ILS), la Fundación del Río, y Popol Na.

Los representantes de las distintas ONG coincidieron al denunciar que los agentes policiales llegaron desde la noche anterior, en algunos casos golpearon a los vigilantes e ingresaron con violencia y sin orden judicial, ocuparon documentos, y se llevaron computadoras, automóviles, teléfonos teléfonos y objetos de valor.

En el caso del Cenidh, al no poder romper las puertas ingresaron por el techo, amordazaron al vigilante, a quien amarraron y dejaron abandonado, relató su presidenta, Vilma Núñez.

Tanto la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.

Ortega rechaza los señalamientos y sostiene que venció un intento de "golpe de Estado". Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron el 18 de abril pasado, tras 11 años de gobierno continuo, por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia.

La Policía Nacional aún no se ha referido a los registros, que se producen en medio de una crisis que, según organismos humanitarios, ha dejado entre 325 y 545 muertos.