Con más de una década a sus espaldas, el movimiento de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) contra la ocupación israelí se juega su futuro en los Estados Unidos, donde día a día mantiene una lucha feroz con el lobby judío, Israel y las instituciones norteamericanas claramente proisraelíes, como la Casa Blanca, el Senado y el Congreso.

El primer proyecto de ley presentado este año en el Senado lleva el título de “Refuerzo de la Seguridad de Estados Unidos en Oriente Medio” y pedía a los gobiernos de los distintos estados y a los gobiernos locales que no firmen contratos con individuos o empresas que boicoteen a Israel.

El boicot a Israel se deriva del medio siglo de ocupación de Cisjordania, donde el número de colonos judíos se ha multiplicado hasta alcanzar más de 700.000 mientras el ejército obliga a los palestinos a vivir encerrados en sus pueblos y ciudades. Un ministro israelí ha dicho este fin de semana que el gobierno de Benjamín Netanyahu meterá en los próximos años a otro millón de colonos en Cisjordania.

El proyecto de ley fue derrotado en el Senado, aunque se espera que pronto reaparezca. Naturalmente, esta iniciativa cuenta con un amplio respaldo en el Senado, donde hay una mayoría republicana y numerosos senadores demócratas también lo apoyan, pero en la calle existen un ramillete de organizaciones que cuenta con un respaldo, pequeño pero significativo, en el Capitolio.

Entre los congresistas que tomaron sus actas en enero figuran dos mujeres musulmanas, una circunstancia que nunca se había dado antes. Una de ellas, Rashida Tlaib, demócrata por Michigan, es de origen palestino. De hecho, su madre reside en Cisjordania. Tlaib se ha convertido en la principal impulsora del movimiento BDS en el Capitolio.

De la misma manera que el lobby judío sistemáticamente invita a los nuevos senadores y representantes a viajar a Israel junto con sus familias con todos los gastos pagados, Tlaib ha propuesto una iniciativa similar para llevar a los congresistas a Cisjordania con el fin de que se empapen de lo que significa la ocupación militar.

Sin embargo, la fuerza del lobby es arrolladora. El proyecto de ley del Senado S.720 prohíbe el boicot de Israel y de sus colonias ilegales en los territorios ocupados palestinos. El proyecto fue redactado en su mayor parte por el AIPAC (Comité para Asuntos Públicos de Estados Unidos e Israel), el mayor lobby judío en aquel país. Prevé multas de entre 250.000 y 1 millón de dólares y hasta diez años de cárcel para quienes boicoteen al estado judío.

Los partidarios del BDS dicen que está en juego la primera enmienda de la Constitución que recoge “el derecho de la gente a reunirse pacíficamente y a pedir al gobierno que atienda a sus demandas”. Los detractores del BDS afirman que el boicot es una forma de antisemitismo moderna, aunque el BDS asegura que es un derecho que se acepta en todos los casos “con la excepción de Palestina”, como ha recalcado el Centro para los Derechos Constitucionales.

Un ejemplo sería el caso de Sudáfrica, donde el boicot fue decisivo para acabar con la segregación de los negros. Casualmente, Israel fue el último país en apoyar a la Sudáfrica del apartheid. Otro ejemplo sería el boicot que de tanto en tanto se declara contra la poderosa Asociación Nacional del Rifle, una iniciativa que es plenamente constitucional. La única excepción a esta regla es precisamente Israel, un país que revuelve Roma con Santiago para frenar el BDS.

El movimiento sigue creciendo en Occidente pero existen dudas de que consiga su objetivo si no cuenta con el apoyo de los estados. En Europa hay numerosos individuos y empresas que se han sumado al boicot y hace solo unos días el parlamento irlandés aprobó una iniciativa pionera, que todavía debe ratificarse, para impulsar el BDS. La peor pesadilla de Israel es justamente que los estados apoyen el boicot.

La semana pasada Amnistía Internacional señaló a cuatro grandes empresas de alquiler de viviendas turísticas, incluida Airbnb, que hacen negocio con cientos de viviendas de los colonos judíos en los territorios ocupados, y recordó que la ocupación militar es un crimen de guerra, otro paso importante en esa dirección.

En Estados Unidos el panorama es bastante peculiar. Veintiséis estados han aprobado legislación que condena de alguna manera el boicot contra Israel, y otros 13 estados están a punto de hacerlo. Esta circunstancia da una idea del poder del lobby judío. La lucha sin cuartel que el AIPAC ha declarado contra el BDS está dando resultados satisfactorios para Israel de momento.

Un caso que estos días está en los medios de comunicación de Estados Unidos es el de Angela Davis, una heroína de los derechos civiles de 74 años a quien se le negó temporalmente un galardón de derechos civiles por apoyar el BDS. Esto muestra que el lobby está combatiendo caso a caso con todas sus fuerzas.

En su “2017 Lobbying Agenda”, el AIPAC declaró que su objetivo prioritario consiste en criminalizar el boicot a Israel. Los activistas propalestinos están siendo investigados por organizaciones judías de Estados Unidos. El dinero no es un problema. Multimillonarios como Sheldon Adelson pagan la cuenta, y la experiencia de los servicios de inteligencia israelíes se implica en esas investigaciones que tienen por objetivo último desacreditar la reputación social de los activistas del BDS.