Médicos Sin Fronteras (MSF) ha hecho público un informe acerca de la situación de desnutrición e inseguridad que sufren las personas retenidas en el centro de detención oficial de Sabaa, uno de los siete que hay en Trípoli, capital de Libia. Una realidad que se contradice con los intereses suscritos por la UE en el documento “Relaciones UE-Libia” del 9 de noviembre de 2018 sobre la Acción Exterior de la Unión. En dicho texto se afirma que “la principal prioridad de la UE con respecto a la migración es proteger a los migrantes, refugiados y personas desplazadas internamente (PDI) en Libia y apoyar a las comunidades locales para hacer frente al desafío”.

Este documento señala como objetivo “ayudar a mejorar las condiciones de los migrantes y refugiados en los puntos de desembarque y en los centros de detención” y aclara que con el apoyo de la UE, la OIM y el ACNUR también están llevando a cabo protección y asistencia en los centros de detención. Es decir, que es la propia Unión Europea la que se hace responsable del devenir de los centros de detención de migrantes en Libia. Sin embargo, "lo que vemos hoy en este centro de detención (el de Sabaa) es un síntoma de un sistema descontrolado, injustificado e irresponsable que pone en riesgo la vida de los refugiados y de los migrantes", asegura Karline Kleijer, responsable de emergencias de MSF.

Según las evaluaciones nutricionales hechas por la organización humanitaria, realizadas en dos rondas en enero y febrero de 2019, respectivamente, la desnutrición aguda, severa y moderada, y el porcentaje de personas con bajo peso ha aumentado del 17% al 24% de la población recluida, lo que representa casi un cuarto de la presente en febrero. Los datos demuestran que los niños, que son un tercio del grupo, son más vulnerables. La organización médica recalca que en los últimos meses llegan a pasar dos y tres días entre una comida y la siguiente. Intervalo que alcanza hasta los 4 días en las personas recién ingresadas.

Al hacinamiento y falta de ventilación en el que viven, se une la falta de higiene, de seguridad y, desde octubre de 2018, de acceso a la comida de forma regular. MSF afirma que se trata de una situación muy grave, tanto, que ha tenido que suministrar alimento en dos ocasiones durante un periodo de quince días y subraya las denuncias de algunas personas retenidas que dicen haber pagado por ella.

La ONG ha señalado también que la falta de un aporte nutricional regular y suficiente está provocando que muchos de los recluidos abandonen sus tratamientos médicos porque “tomar un medicamento con el estómago vacío provoca malestar y puede generar úlceras”. Algo muy peligroso –asevera la ONG– pues gran parte de la población actual del centro está siendo tratada de tuberculosis, cuya interrupción del tratamiento fortalece la resistencia de la bacteria.

Responsabilidad europea

“Las condiciones de los detenidos son variables pero están por debajo de los estándares internacionales”, subraya MSF, acerca de las reglas mínimas que marca la ONU en el tratamiento de prisioneros. Y ese es el primer problema, su condición de prisioneros y no de migrantes o refugiados.

El complejo donde están recluidos tiene una población actual en torno a 300 personas. Sin embargo, la organización estima que son más de 5.700 los “detenidos arbitrariamente” en los en todo el país y repartidos por los diferentes centros de aislamiento de extranjeros.

El tránsito y la posterior reclusión llevan a estas personas a una situación de gran inestabilidad mental que no mejora con las condiciones en las que viven y su detención prolongada. El informe señala que el hambre ha pasado a ser el principal motivo de ansiedad por la incertidumbre de no saber cuándo será la próxima vez.

“Tras dos años del acuerdo con Libia, parte de la culpa de lo que está pasando la tiene la UE, que puso fondos para facilitar el salvamento libio”, afirma Lara Contreras, responsable de contenidos e incidencia de Oxfam Intermon. En este sentido, es importante recordar que Europa ha destinado 286 millones de euros en asuntos relacionados con la migración, de los cuales 20 millones se corresponden con la cooperación bilateral con Libia.